La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación -conocida posteriormente como Comisión Rettig, en honor a su presidente, el jurista Raúl Rettig- fue creada en 1990 por el presidente Patricio Aylwin con el propósito de establecer una verdad de Estado sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 17 años de dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Meses más tarde, en una cadena nacional que quedó inscrita en la historia, Aylwin, con la voz quebrada, pidió perdón en nombre del país y dio a conocer las conclusiones del informe: entre ellas, la existencia de 1.469 detenidos desaparecidos en Chile. Una verdad tan dolorosa como indesmentible, reconocida transversalmente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Más de tres décadas después, emerge el caso de Bernarda Vera, en el que se plantea la posibilidad de que una víctima registrada como desaparecida no lo haya sido o, en su defecto, que haya existido una suplantación de identidad. El hallazgo, como explicó ayer el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, surge precisamente del trabajo del Plan de Búsqueda, cuyo objetivo es sistematizar información y seguir las trayectorias de quienes fueron hechos desaparecer por agentes del Estado. Una vez que se aclare el trasfondo de este caso, serán las autoridades competentes las que, si corresponde, presenten acciones ante los tribunales. Será entonces la Justicia, en el marco del Estado de Derecho, la llamada a resolver.

Conviene entonces volver al principio de esta historia para subrayar algo esencial: si en Chile hay carencias de información respecto a este tema, es primero por la práctica misma de la desaparición escondiendo el paradero de las víctimas. Luego, por las políticas sistemáticas de ocultamiento implementadas por la dictadura, a lo que sumó la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas y de los perpetradores y, con posterioridad, a las limitaciones que impuso el poder que aún ostentaba Pinochet durante la transición. Sin ese manto deliberado de silencio y encubrimiento por décadas, no existirían hoy casos como el de Bernarda Vera.

Por eso resulta inaceptable que un episodio puntual sea instrumentalizado para relativizar la magnitud de la violencia dictatorial y el dolor de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos. Partiendo por la propia familia de Bernarda Vera, que durante décadas vivió con la convicción de su desaparición, y siguiendo por todas aquellas familias que, de generación en generación, han sostenido una búsqueda incansable. Hijos, nietos y hasta bisnietos han perseverado, no solo en tributo a los ausentes, sino también a quienes murieron sin saber qué fue de los suyos.

En tiempos en que la política se muestra impía, y aunque pueda parecer ingenuo, corresponde invocar un mínimo de humanidad frente a esta tragedia nacional que aún nos atraviesa. Las reacciones inmediatas de algunos sectores -con declaraciones y conferencias de prensa apresuradas- apuntan a instalar la idea de escándalo o derechamente al negacionismo, como si un caso pudiera borrar las atrocidades de la dictadura y de sus aparatos represivos.

Ese intento es no solo falaz, sino también profundamente cruel con las víctimas, con sus familias y con la memoria del país.