El caso de Bernarda Vera, una supuesta falsa detenida desaparecida durante la dictadura civil-militar, generó críticas de algunos sectores de la oposición hacia la función que cumple el Plan Nacional de Búsqueda. A más de un año de su lanzamiento esta política de Estado busca coordinar esfuerzos para esclarecer el destino de las mil 469 personas desaparecidas durante la dictadura.

La historia de Bernarda Vera forma parte de las investigaciones impulsadas por el plan y de las demandas históricas de verdad y justicia que sostienen los sitios de memoria.

En ese contexto, en conversación con nuestro medio, la directora de Londres 38 y representante de los sitios de memoria en el Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, Erika Hennings, recordó que “este caso es uno de los mil 469 casos de personas desaparecidas en dictadura, de las cuales mil 162 aún no han sido encontradas”.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, encabeza la primera reunión 2025 del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

“El caso de Bernarda Vera se inscribe en el contexto de las investigaciones que se han llevado a cabo en el marco del plan y en el marco de todo lo que ha sido el trabajo de exigir verdad”, sostuvo.

Para la dirigenta, la principal interpelación recae en quienes participaron directamente en las violaciones a los derechos humanos. “Aquellas personas responsables de la desaparición de chilenos y chilenas sean quienes entreguen la verdad, rompan sus pactos de silencio”, afirmó, haciendo referencia a exagentes que cumplen condena en el penal de Punta Peuco.

“Yo me atrevería a decir que hay una tarea pendiente que les compete primero a aquellos que están en Punta Peuco. Le diría así a los parlamentarios y otras personas de derecha que se han aprovechado de manera vil y miserable de este tema para posicionar un caso de fraude o cosas por el estilo”, sumó.

Por otra parte, según la representante para los sitios de memoria y organizaciones de derechos humanos, la evaluación del plan es de “inconformidad”, debido a los limitados avances en objetivos centrales como la reconstrucción de trayectorias y la localización de sitios de hallazgo.

Para la dirigenta, el Poder Judicial avanza en esclarecer las detenciones, pero aún existen falencias para investigar qué ocurrió posteriormente con las víctimas.

En tanto, respecto de los gobiernos, fue crítica con la falta de voluntad política: “Por primera vez se plantea un Plan Nacional de Búsqueda, pero con recursos muy escasos y equipos profesionales insuficientes para una tarea de tal envergadura después de 50 años”.

Plan Nacional de Búsqueda. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile.

“No es posible que un plan de tal envergadura tenga unidades de búsqueda de no más de 10 personas”, agregó. En esa línea, apuntó a la necesidad de fortalecer la coordinación con el Servicio Médico Legal y garantizar mayor acceso a información para los organismos que investigan, incluido el Poder Judicial.

Pese a las diferencias internas, las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria buscan mantener consensos. “Estamos articuladas como organizaciones frente a coyunturas, estamos siempre atentas a tener opiniones consensuadas, conversadas y compartidas”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la principal deuda sigue siendo con las familias que aún esperan respuestas. “La tarea pendiente es avanzar en toda la verdad y toda la justicia”, concluyó.