La decisión de la Corte Suprema de no remover al juez Antonio Ulloa, pese a sus eventuales vínculos con el caso de tráfico de influencias que involucra al abogado Luis Hermosilla en el llamado caso Audios, abrió un flanco crítico hacia la confianza en la justicia chilena y su institucionalidad.
Más allá del desenlace jurídico inmediato del Pleno de la Corte Suprema, que por falta de quórum desestimó remover de su cargo a Ulloa, el caso lleva meses en los que se pone sobre la mesa la disposición real del Poder Judicial para enfrentar los riesgos de corrupción y tráfico de influencias.
Según los expertos, estos hechos constituyen una amenaza más grave a la independencia de los tribunales. Así lo comentó el abogado y académico Cristián Riego, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, quién fue categórico en su evaluación.
Riego indicó que le parece una “señal muy mala” y que agranda uno de los problemas más graves que enfrenta hoy el Poder Judicial chileno que es el tráfico de influencias. “La posibilidad de que personas con poder político, económico o estudios de abogados puedan intercambiar favores con jueces de la República para obtener fallos favorables. Es un problema que en Chile no se manifestaba con mucha intensidad, pero que en el último tiempo se ha convertido en un fenómeno grave e importante”, comentó.
“Producto de esta resolución, se ha demostrado que la voluntad de la Corte Suprema de combatir esto frontalmente, despejar cualquier duda respecto de que esto no es aceptable y que debe ser erradicado, la Corte relativiza eso”, prosiguió en su crítica el experto, acusando que “Ulloa es un conocido traficante de influencias”.
Para el abogado, el principal cuestionamiento radica en la señal contradictoria que da la Corte Suprema con el tratamiento del caso de Antonio Ulloa en comparación con el de la ministra Verónica Sabaj.
“En su caso, con una trayectoria, y un poder y unos vínculos mucho más tenues, fue removida probablemente en el afán de dar un símbolo, de dar una señal fuerte. Pero cuando llega el momento de hacerse cargo del principal involucrado, del más peligroso, no hubo voluntad mayoritaria para hacerlo”, criticó el profesor de la UDP.
Ante dudas sobre la probidad de algunos ministros de la Corte Suprema, y lejos de atribuir lo ocurrido a un mero espíritu corporativo de la judicatura, Riego matizó su postura. “No lo diría como protección corporativa en general. Creo que la mayoría de los jueces, incluso los funcionarios, muchos de los jueces de la Corte Suprema, repudian lo ocurrido. Lo que se ha manifestado es que algunas redes de influencia probablemente minoritarias, son tan fuertes y poderosas, que logran proteger a uno de los suyos aún en medio de un escándalo público”, apuntó el abogado.
Estas redes, según el académico, habrían funcionado no solo a través de votos en contra de la remoción, sino también mediante la ausencia de ministros en la sesión decisiva, evitando así comprometerse y exponerse a represalias.
“Yo entiendo que la falta de quórum implica no solo que siete ministros votaron a favor, sino que hubo una serie de ministros que de algún modo optaron por no comprometerse. O sea, por buscar la manera de no estar presente en esa ocasión y, por lo tanto, no votar en contra de Ulloa, pero en la práctica tampoco enemistarse con las redes de influencia que lo protegían”, denunció.
El caso de Ulloa, sostiene Riego, no representa un episodio aislado, sino un punto de inflexión que revela la consolidación de prácticas que hasta hace algunos años podían resolverse con sanciones ejemplares.
“Tenemos una tarea pendiente. Seguramente van a bajar el perfil durante algún tiempo, a pesar de que este hecho revela una disposición a mantenerse fuerte”, lamentó, afirmando que esta crisis es más profunda actualmente.
En su análisis, Cristián Riego ve poco factible una salida institucional y una “limpieza” que aporte a la transparencia dentro del Poder Judicial. Incluso, mostró su reticencia al camino de la acusación constitucional anunciada por diputados oficialistas contra el juez Ulloa.
“Habría que terminar el trabajo de limpieza. Una posibilidad es una acusación constitucional, pero no sé qué viabilidad tendrá. Me parece que sería positivo si el Parlamento pudiera decir ‘mire, dado que la Corte no toma medidas, nosotros vamos a tomarlas’. Pero el Parlamento tiene sus propios problemas”, manifestó Riego.
Ante lo anterior, el abogado profundizó indicando que: “Sería muy problemático institucionalmente, creo que la crisis es tan profunda que a lo mejor es el único camino posible. Ahora, vamos a ver, porque el Parlamento está lleno de intereses y participa activamente en las redes de tráfico de influencias”.
Así, el académico sentenció que “mientras no se despeje la fuerza de estas redes de influencia, la legitimidad del sistema seguirá en entredicho. Lo que ocurra dependerá de si la sociedad exige cambios o si el tema se deja caer en el olvido”.
