Agenda Derechos Humanos

“Agenda Derechos Humanos” es un espacio creado para dar seguimiento a temas relativos a derechos humanos que sean relevantes para Chile. Este año 2025, atendido el contexto internacional, se ha decidido ampliar la mirada e incorporar aquellos temas de alcance global que tienen incidencia en este campo.

Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio (último lunes de cada mes a las 09:30 hrs) y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile https://radio.uchile.cl/ y que cuenta con su propio micrositio.

En esta columna de “Agenda Derechos Humanos”, abordamos la conmemoración de los 80 años de las Naciones Unidas; el impacto de los dos años de genocidio en Gaza; y, las deudas de la democracia a seis años de la Revuelta Popular de 2019.

Los Derechos Humanos en la Asamblea General de la ONU 2025

Durante la última semana de septiembre se realizó en Nueva York la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordemos que esta organización política fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial como un espacio para el diálogo político y la cooperación internacional que permitieran prevenir futuros conflictos armados como los que azotaron a la humanidad durante la Primera y Segunda Guerras mundiales.

A ochenta años de su creación, el contexto mundial no es para nada alentador. Así, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó que el mundo vive una crisis global donde las guerras y los conflictos armados, la crisis climática, las desigualdades financieras y económicas, así como los riesgos tecnológicos, constituyen una “era de perturbación imprudentes y sufrimiento humano implacable”.

Sin duda alguna este escenario tiene graves consecuencias en materia de derechos humanos. A juicio del propio Guterres, los conflictos armados como los de Gaza, Ucrania y Sudán dan cuenta de la violencia ejercida contra civiles. En el caso de Gaza, denunció “el castigo colectivo del pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza” como una violación de los principios básicos de humanidad. De igual forma, señaló que la pobreza y desigualdades implican la negación de derechos humanos mínimos (alimentación, salud y vida digna). En cuanto a la emergencia climática, destacó que esta exacerba las desigualdades y afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, privándolas de derechos como el acceso al agua, la seguridad alimentaria y un medio ambiente saludable. Por último, Guterres hizo un fuerte llamado a proteger los derechos humanos y realizar las reformas a la propia ONU para que esta sea más efectiva en la protección de estos, cuestión especialmente importante en tiempos de crisis.

Los discursos de los distintos jefes de Estado ante la Asamblea General estuvieron mayoritariamente centrados en la condena al genocidio del pueblo palestino en Gaza y un llamado a dotar a la ONU de una capacidad efectiva para cumplir con su mandato en torno a los derechos humanos y la preservación de la paz. Sin embargo, también hubo un grupo de mandatarios que reiteraron su oposición al multilateralismo y fueron especialmente críticos con la labor de la Naciones. Como era de esperar, estas visiones críticas fueron lideradas por el presidente Trump.

Consecuente con su postura anti-derechos humanos, Estados Unidos expresó que no se sometería al Examen Periódico en materia de derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Esta es, sin duda, una medida que crea un grave precedente en lo que ha sido uno de los avances más relevantes en materia de derechos las últimas décadas.

En definitiva, la Asamblea General de las Naciones Unidas 2025 es un reflejo del complejo escenario internacional y la necesidad de avanzar en una organización que sea capaz de aportar soluciones ante los graves problemas colectivos que nos aquejan. Para ello, se requieren reformas profundas y una sociedad civil informada y capaz de ejercer presión a los gobiernos para que estos avancen en el camino de mejorar y no empeorar la protección interna nacional de los derechos humanos.

La vigencia real de los derechos humanos como eje de la organización internacional sigue siendo un desafío pendiente.

A dos años del inicio del genocidio en Gaza

El mes de octubre está marcado en la agenda internacional por el inicio del genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza que se ha extendido por dos largos y aterradores años. Recordemos que luego del ataque terrorista ejecutado por Hamás en contra de civiles israelíes se desató una respuesta brutal por parte de Israel que rápidamente devino en una política genocida. Sin duda, la situación del pueblo palestino desde antes del 07 de octubre de 2023 era de extrema vulnerabilidad por la política colonial israelí caracterizada por un apartheid en contra de la población palestina, particularmente, aquella que habita la franja de Gaza. Por tanto, es claro que la ocupación ilegal de los territorios palestinos y la política en contra de la población civil en Gaza constituían graves violaciones de derechos humanos, pero las dimensiones que adquirió la política israelí los últimos años es cualitativamente más grave.

En efecto, las acciones y declaraciones de las autoridades israelíes dan cuenta de una clara voluntad de exterminar a la población palestina en Gaza. Esto ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales y así ha quedado acreditado en un reciente informe de la Comisión creada por Naciones Unidas para evaluar la situación en Gaza.

La respuesta internacional ha estado lejos de ser la esperada. Si bien hay organismos internacionales que han reaccionado (Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional), pero los actores políticos con capacidad de detener el actuar criminal en Gaza no lo han hecho.

Sin duda esta incapacidad de detener un crimen internacional de la magnitud de un genocidio que es transmitido a todo el mundo por las propias víctimas es el mayor fracaso del sistema internacional las últimas ocho décadas.

Ya habrá tiempo para sacar las lecciones apropiadas, pero lo que urgen son medidas concretas y efectivas para detener el horror.

Octubre, seis años de impunidad

Este octubre de 2025 marca en el calendario el sexto aniversario de la revuelta popular de 2019. Recordemos que a partir del 18 de octubre de 2019 y hasta el inicio de la pandemia en marzo de 2020 se desarrolló en Chile la más importante movilización popular desde el término del gobierno de la dictadura civil-militar en Chile. Luego de tres décadas de transición o post dictadura, fueron millones de personas salieron a las calles para demostrar su descontento con el modelo vigente, heredado por la dictadura y administrado por años por la Concertación, la derecha y la Nueva Mayoría.

Frente a las expresiones de descontento ciudadano, la mayoría pacíficas y algunas violentas, la respuesta del Estado fue brutal. Así, a partir de octubre de 2019 se generó lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una histórica visita a Chile, denominó un “grave crisis de derechos humanos”.

Los diversos informes internacionales y nacionales sobre la situación de derechos humanos en este periodo dan cuenta de graves violaciones de derechos humanos. Así, durante este periodo hubo ejecuciones extrajudiciales, cientos de casos de tortura y violencia sexual, miles de detenciones arbitrarias, y lo que marcó frente al mundo este proceso, cientos de casos de mutilaciones oculares provocadas por el actuar represivo de Carabineros.

Una vez terminado el gobierno de Sebastián Piñera, llega al poder el Frente Amplio encabezado por el presidente Gabriel Boric, con un discurso que daba cuenta de un profundo compromiso con los derechos humanos. Si bien el nuevo gobierno generaba alguna esperanza de modificar las tendencias autoritarias que se habían instalado en Chile, la realidad fue muy distinta.

En octubre de 2025, a pocos meses de terminar su mandato, el gobierno de G. Boric deja un legado de impunidad en materia de derechos humanos. Así es, en materia de justicia, si miramos las cifras que ha entregado el propio Ministerio Público, a abril de 2025, de las 10.142 denuncias de violaciones de derechos humanos, el 69,3% de los casos fueron cerrados sin siquiera pasar por tribunales y solo 400 causas lograron ser formalizadas, y en muchos de esos procesos, los imputados fueron sobreseídos por falta de pruebas o prescripción. Según el Ministerio Público, solo 128 casos tenían sentencia condenatoria, esto es, solo un 1,26% de los casos, lo que da cuenta que a seis años un 98,7% siguen en la más completa impunidad.

En cuanto a la responsabilidad de las autoridades, la querella por crímenes de lesa humanidad no ha tenido avances y las querellas contra el Alto Mando avanzaron en una compleja formalización del Alto Mando a la época del Estallido, actuación judicial que debió superar múltiples obstáculos y una falta de colaboración por parte del Gobierno del presidente Boric que amparó hasta el último día al general Yáñez en su reticencia a comparecer ante tribunales.

En materia de verdad, nunca se formó una Comisión de Verdad, como ya en noviembre de 2019 demandaron organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a las reparaciones, la política de reparaciones demandada al gobierno por el INDH desde su informe de 2019 nunca se concretó. Tampoco el gobierno presentó un proyecto para establecer un mecanismo de reparación legal como la propia senadora Campillai solicitó cuando presidió la comisión de Derechos Humanos del Senado.

En relación con las causas de las movilizaciones sociales, recordemos que estas estaban centradas en demandas de derechos económicos y sociales; sensación de permanente abuso y discriminación; falta completa de participación en los temas colectivos; sumado todo a una creciente desconexión entre la política y el pueblo. Frente a la falta de respuestas políticas o judiciales, solo quedaba la expresión de ira en las calles. Una fórmula que siempre corre el riesgo de devenir en violencia. A seis años, poco se ha hecho para superar este entramado político-social-económico que estuvo en la génesis del Estallido y menos aún se ha hecho para hacerse cargo de sus consecuencias en materia de derechos humanos.

En definitiva, una vez más en nuestra historia se impone la impunidad frente a la violencia estatal en contra de la población civil y el silencio ante las demandas sociales. Nada nuevo en la historia de Chile, donde parece que nunca aprendemos de la experiencia histórica.