Un esquema de corrupción al interior del Ministerio de Educación (Mineduc) permitió a dos funcionarios públicos acumular más de $360 millones de pesos en tres años mediante la venta de más de 5.500 certificados de estudios falsos. El entramado, que comprometió los sistemas internos del Mineduc, beneficiaba principalmente a extranjeros que requerían acreditar estudios para obtener licencias de conducir.

Los principales imputados, Rodrigo Morales Pereira y su pareja Constanza Garín, junto a sus captadores, fueron formalizados esta semana y quedaron en prisión preventiva por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

El origen de la banda: Licencias de conducir en O’Higgins

La investigación, detallada por Radio Bío Bío, establece que el tinglado para la venta de certificados surgió a partir de una banda criminal que operaba en la Dirección del Tránsito de Requínoa, en la Región de O’Higgins.

Los clientes eran extranjeros que, por ley, necesitaban acreditar estudios o convalidarlos para obtener licencias de conducir. El grupo de Requínoa estableció un nexo con Morales y Garín en el Mineduc, quienes abusaron de sus funciones para comenzar a emitir documentos ideológicamente falsos.

De los más de 5.500 certificados emitidos, al menos 1.069 casos terminaron en la emisión de licencias de conducir en O’Higgins, incluyendo permisos especiales y profesionales.

Funcionarios crearon estructura propia y blanquearon dinero

La dupla de funcionarios del Mineduc, liderada por Rodrigo Morales (Unidad de Ayuda), pronto vio el potencial del negocio y creó una organización propia dedicada exclusivamente a la producción de certificados falsos. Morales estableció una estructura jerárquica basada en la manipulación del sistema interno del ministerio:

• Manipulación del sistema: Digitaban información fraudulenta, asignando años falsos a las actas de colegios y completando calificaciones de promedio general con números al azar.
• Captadores externos: Morales se alió con tres personas —Joshua Zúñiga (representante de una escuela de conductores), Niober Martínez y Roger Duarte (ambos ciudadanos venezolanos)— para reclutar clientes y recaudar el dinero.

Según documentos judiciales, los captadores enviaron un total de $360 millones a Morales. Para blanquear el dinero ilícito, la pareja de funcionarios inyectó las ganancias al sistema financiero formal. El fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins, Javier von Bischoffshausen, detalló que parte de estas ganancias se materializó en la compra de una casa por $110 millones y la adquisición de un vehículo de alta gama. En total, Morales transfirió más de $207 millones a Garín.

El Mineduc dice haber denunciado y aplicado controles

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, aseguró que fue la propia cartera la que estampó la primera denuncia por estos hechos.

“Desde el primer hallazgo en diciembre de 2022 adoptamos todas las medidas pertinentes de modo inmediato, como por ejemplo inhabilitar todos los certificados sin respaldo que fueron identificados junto con suspender las labores de los dos funcionarios implicados”, explicó.

El Ministerio también aplicó medidas de control preventivo, como la exigencia de contraseñas más robustas y la trazabilidad en las plataformas de certificación. Actualmente, existe un sumario en curso y una auditoría interna que confirmó las irregularidades.

Rodrigo Morales, Constanza Garín y los dos captadores extranjeros fueron enviados a prisión preventiva mientras avanza la investigación.