En Ecuador, el clima político y social ha entrado en una de sus etapas más tensas desde la llegada al poder del presidente Daniel Noboa. Lo que comenzó como una serie de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, terminó esta semana con una denuncia de “intento de asesinato” contra el propio mandatario.

Según la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, el hecho ocurrió el pasado martes, cuando Noboa llegaba a una actividad en el municipio de El Tambo, en la provincia andina de Cañar, al sur del país.

La secretaria de estado relató que unas quinientas personas se agolparon en la zona y comenzaron a lanzar piedras contra el convoy presidencial. “También hay signos de bala en el carro del presidente”, aseguró Manzano, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, tras el ataque al convoy en el que iba. Vía X@Presidencia_Ec.

A pesar del caos, el mandatario resultó ileso y decidió continuar con la actividad programada. Aunque advirtió que lo ocurrido “no quedará en la impunidad”.

Un video difundido por la Presidencia de Ecuador muestra la escena: decenas de manifestantes a ambos lados de la carretera gritando y lanzando objetos mientras los vehículos oficiales avanzan entre impactos y vidrios rotos. Asimismo, desde la Secretaría de Comunicación confirmaron que el vehículo del presidente está siendo analizado por la brigada de Criminalística. Cinco personas fueron detenidas en el lugar y, según el gobierno, serán acusadas de terrorismo e intento de asesinato.

Pero este no es el primer incidente de este tipo. A finales de septiembre, una caravana que transportaba a Noboa y a representantes de la Unión Europea y de Naciones Unidas fue atacada durante una protesta en Imbabura.

Sin embargo, esta vez el Ejecutivo va más lejos y califica el hecho como un “intento de asesinato”, un magnicidio, una acusación grave que eleva la tensión en un país marcado por semanas de agitación.

Horas después del ataque, desde la ciudad de Cuenca, Noboa declaró: “Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. No vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que trabajemos por ustedes”.

Momento del ataque al convoy de Noboa. Imágenes compartidas por la secretaría de presidencia. Vía X@Presidencia_Ec.

El ataque se produce en el día dieciséis de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que inició un paro nacional el pasado 22 de septiembre, tras la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Medida que elevó el precio del galón de combustible de 1,80 a 2,80 dólares, desatando una ola de movilizaciones en todo el país.

El presidente Noboa ha defendido la eliminación del subsidio, argumentando que busca “acabar con las economías criminales” vinculadas al contrabando de combustibles hacia Perú y Colombia, y a la minería ilegal. “Lo que estamos haciendo es eliminar cualquier posibilidad de contrabando”, aseguró el mandatario.

Pero los movimientos indígenas y sociales sostienen una versión muy distinta. Denuncian que el gobierno está utilizando la lucha contra el crimen organizado, sin consulta previa, como excusa para imponer un modelo minero extractivista desregulado en zonas consideradas tierras ancestrales por las comunidades indígenas.

Las provincias más afectadas por el paro —Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay, Pastaza y Sucumbíos— muestran un mapa complejo: solo algunas tienen frontera con otros países, lo que contradice el argumento del contrabando como foco principal del conflicto.

En Imbabura, epicentro de las movilizaciones, se han registrado decenas de cierres viales y enfrentamientos. Fue allí donde, días atrás, un grupo de 17 militares fue retenido por manifestantes.

En Cañar, donde ocurrió el ataque a Noboa, habitan comunidades kichwas que meses atrás habían respaldado al presidente en las urnas. Sin embargo, hoy esos mismos pueblos se han convertido en el núcleo de las protestas.

Tras el incidente, la CONAIE acusó al gobierno de desplegar una “brutal acción policial y militar” contra los manifestantes, señalando que los cinco detenidos son campesinos y dirigentes locales.

Hasta ahora, se ha confirmado la muerte de un indígena por disparos presuntamente de militares, además de más de un centenar de heridos y decenas de detenidos.

El gobierno, por su parte, insiste en que dentro de las protestas sociales legítimas, hay “células criminales” infiltradas, mientras que las agrupaciones lo niegan. Y aunque se ha declarado el estado de emergencia en diez provincias, Noboa afirma que las manifestaciones pacíficas no están prohibidas.

Manifestantes enfrentándose a la policía en Ibambura, Ecuador. Vía X@MoniVelasquezV

“Quienes opten por la violencia enfrentarán la ley. Quienes actúen como criminales serán tratados como criminales”, advirtió el presidente.

No obstante, las movilizaciones van mucho más allá del precio del combustible. Las organizaciones indígenas y sociales exigen una reducción del IVA del 15% al 12%, y rechazan el referéndum y la consulta popular convocados por Noboa para el próximo 16 de noviembre de 2025. Y aquí está la clave de las tensiones.

El paquete de reformas que impulsa el presidente busca modificar aspectos centrales de la Constitución de 2008. Entre los puntos más polémicos destacan:

• La posibilidad de permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Un punto polémico que se encuadra en medio de las fuertes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. De hecho, semanas atrás el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio visitó a Noboa en Ecuador para, entre otras materias, hablar sobre la posibilidad de instalar bases o al menos elementos militares en el país sudamericano.
• Permitir el enjuiciamiento político de los jueces de la Corte Constitucional. Que busca establecer un mecanismo de control y destitución sobre el más alto tribunal del país. Sin embargo, esto representa un peligro para muchos que denuncian que esto puede comprometer seriamente la independencia judicial, un pilar fundamental de la democracia y el Estado de Derecho.
• La reducción del número de asambleístas y cambios en el sistema electoral.
• La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
• Y la introducción de contratos laborales por horas, especialmente en el sector turístico.

El gobierno sostiene que estas reformas son necesarias para “modernizar el Estado y combatir el crimen organizado”. Pero la CONAIE y otros movimientos sociales ven las medidas como un intento de desmontar la Constitución de 2008 (que privilegia los derechos sociales y colectivos) y de centralizar el poder en el Ejecutivo y la Asamblea, además de introducir políticas económicas que consideran regresivas.

Manifestantes parte de CONAIE, en un punto de prensa organizado por la confederación. Vía X@CONAIE_Ecuador.

La CONAIE no es un actor menor en la política ecuatoriana. Sus movilizaciones derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005. Hoy, su liderazgo vuelve a ponerse a prueba frente a un gobierno joven, decidido a mostrarse firme ante la crisis, pero que enfrenta una creciente pérdida de legitimidad en amplios sectores sociales.

La organización denuncia detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y una estrategia de criminalización de la protesta. En contraste, el Ejecutivo califica las acciones del movimiento indígena como “terrorismo”, marcando un punto de ruptura en la relación entre el Estado y las comunidades.

Ecuador vive hoy una encrucijada compleja. El país se encuentra atrapado entre una crisis de seguridad interna, un conflicto político con la Corte Constitucional y un proceso de reformas que divide a la sociedad.

La supuesta tentativa de magnicidio contra el presidente Noboa no solo expone la fragilidad del orden interno, sino que refleja un quiebre más profundo dentro de la sociedad ecuatoriana y en especial entre el gobierno, que busca imponer su autoridad, y grupos indígenas que no están dispuestos a ceder en diversos aspectos

El fondo de este conflicto no es únicamente el subsidio eliminado o las carreteras bloqueadas. Es un choque de visiones sobre el modelo de desarrollo, el papel del Estado y los límites del poder presidencial.

Mientras Noboa apuesta por reformas económicas y de seguridad, los movimientos sociales temen un retroceso democrático y una pérdida de soberanía. Así, Ecuador se encuentra en un punto decisivo. El desenlace de esta tensión marcará no solo el futuro político de Noboa, sino también el rumbo de una nación que, una vez más, se debate entre el cambio prometido y el conflicto que nunca termina.