Este 9 de octubre, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos conmemoró el 50° aniversario de la primera reunión del Plan Cóndor con una jornada de reflexión y diálogo que reunió a víctimas, familiares, defensores de derechos humanos y representantes de distintos países de la región. El encuentro buscó revisar el impacto histórico y político de esta coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas y subrayar la importancia de la memoria como herramienta de justicia y no repetición.
El Plan Cóndor fue una red secreta de coordinación represiva entre dictaduras militares de América del Sur, creada formalmente el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Su objetivo fue perseguir, secuestrar y eliminar a opositores políticos en el exilio, cruzando fronteras nacionales.
Los países fundadores fueron Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Más tarde se sumaron Brasil, Perú y Ecuador. Aunque el sistema dejó de operar formalmente en 1978, las acciones bilaterales continuaron hasta 1981.
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos conmemora el 50° aniversario de la primera reunión del Plan Cóndor. Foto: X @MuseoMemoriaCL.
Por su carácter clandestino, no existen registros oficiales de víctimas. Sin embargo, investigaciones recientes estiman al menos 805 personas perseguidas y asesinadas entre 1969 y 1981. La mayoría eran activistas políticos y sociales (40%), aunque también hubo refugiados y personas sin militancia. Los uruguayos representan el 48% de las víctimas, seguidos por argentinos (23%) y chilenos (14%).
El Plan Cóndor operó en 13 países, incluyendo Estados Unidos y varias naciones europeas. Sin embargo, el 70% de los crímenes ocurrieron en Argentina, consolidando a este país como el epicentro de la represión coordinada en el Cono Sur.
La jornada partió con una conferencia inaugural a cargo del destacado investigador Peter Kornbluh, quien ha dedicado décadas a la desclasificación de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos relacionados con la dictadura de Augusto Pinochet y otras intervenciones en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.
Peter Kornbluh, investigador. Foto: Universidad de Chile.
En su locución, el experto detalló cómo la CIA y el Pentágono propiciaron el golpe de Estado en Chile y también el trabajo que realizaron con la DINA. No obstante, evidenció a pesar de que Washington veía con buenos ojos una red de información en Latinoamérica, tanto el aparato de inteligencia estadounidense como la Casa Blanca estuvieron en contra de la Operación Cóndor e intentaron detenerlo sin éxito.
Miradas retrospectivas de los Estados a 50 años de la Operación Cóndor
Tras las palabras de Peter Kornbluh, se realizó el primer panel de conversación, titulado “Miradas retrospectivas de los Estados a 50 años de la Operación Cóndor”, que contó con la participación de exponentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Paula Franco, coordinadora general de Políticas de Memoria y Verdad del Ministerio de los Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil, destacó que su país ha tenido “distintos tiempos y etapas” en su proceso de verdad y justicia tras la dictadura iniciada en 1964. Así, subrayó que los principales avances comenzaron con la Comisión Nacional de la Verdad en 2012 y que permitió investigar crímenes de la dictadura y establecer convenios internacionales.
Continuamos el seminario con la Mesa 1: Miradas retrospectivas, en compañía de Juan Martín Benavides, cónsul de @UruguayenChile; Gloria de la Fuente, subsecretaria de https://t.co/3YKq49BI6N
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— Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (@MuseoMemoriaCL) October 9, 2025
Desde Paraguay, José Agustín Fernández, director del Archivo del Terror, recordó que el hallazgo de esos documentos en 1992 marcó un hito regional: “Salimos del rumor sin miento y llegamos a la verdad probada, a la verdad documental”.
A partir de ese descubrimiento —declarado patrimonio por la UNESCO en 2009— se impulsaron juicios en contra de los Estados participantes de la Operación Cóndor y reconocimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Juan Martín Benavides, cónsul adjunto de Uruguay en Chile, reconoció el rol protagónico de su país en la operación. Además, enfatizó que durante años hubo “negación e impunidad”, especialmente tras la aprobación de la ley de caducidad en 1986, pero que se han dado pasos hacia la justicia y reparación.
“Uruguay tuvo una participación muy activa y muy dolorosa en el Plan Cóndor (…) Gradualmente se ha podido reconocer ese rol y restablecer cierto tipo de justicia”, afirmó.
En tanto, Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, recordó los avances nacionales desde 1990 con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) y el reciente Plan Nacional de Búsqueda.
La autoridad fue consultada por una propuesta de gobierno que José Antonio Kast presentó el 2021, la que consistía en la coordinación internacional antirradicales de izquierda. “Lo que está pasando en Colombia no es casualidad, se repite, modelo del estallido antisocial en Chile. Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar a agitadores radicalizados”, declaró el líder republicano en dicho año.
Al respecto, la subsecretaria aclaró que como autoridad de gobierno no puede referirse a la campaña electoral, pero “eso no quiere decir que no seamos capaces de defender valores y principios que yo creo que son constitutivos o una sociedad democrática como la nuestra“, expresó.
Gloria de la Fuente. Foto: Aton.
“Y una sociedad democrática como la nuestra, que aprendió sobre la base del dolor, que significó la pérdida de muchas vidas y que seguiremos buscando personas que no sabemos cuál es su paradero. Tiene el deber, más aún en el compromiso que Chile tiene desde Relaciones Exteriores a la defensa de los Derechos Humanos y el compromiso internacional que ha asumido nuestro país, a tener que hacer el punto respecto a la necesidad que tenemos de preservar la memoria”, complementó la De la Fuente.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile cerró su intervención destacando que el trabajo de preservación histórica va más allá de los ejercicios de memoria contenidos en los informes Rettig y Valech, así como de las diversas iniciativas implementadas para instalar capacidades permanentes en el Estado. Así, enfatizó que la proyección de este esfuerzo en el tiempo responde a un principio fundamental, especialmente relevante ante el avance de regresiones autoritarias y autocráticas observado en distintas democracias del mundo.
“Este principio consiste en colocar la dignidad de las personas en el centro de la acción estatal”, explicó. Subrayó que se trata de un compromiso ético ineludible para los Estados y gobiernos: defender la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sin importar su ubicación o su pensamiento.
La jornada concluyó con un llamado transversal a resguardar la memoria colectiva, garantizar justicia y evitar retrocesos frente a discursos autoritarios que resurgen en la región.
