El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, situó como dos caras de una misma crisis la violencia escolar y el presupuesto nacional en Educación. Alertó que la convivencia en las aulas es el «reflejo de una sociedad enferma» y criticó la lentitud del proyecto de ley que busca enfrentar el problema. En paralelo, cuestionó el aumento del 1% para educación en el Presupuesto 2026, advirtiendo que los recortes en el gasto social no harán sino agravar la situación.

Las distintas formas en que la violencia se hace presente en las aulas continúan siendo una de las preocupaciones principales del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. Lo anterior, en sintonía con los más recientes casos de agresiones registrados en liceos emblemáticos de Santiago que, al mismo tiempo, se condicen con las diversas exigencias hechas por el profesorado para resolver lo que hoy se configura como el principal conflicto para las comunidades escolares.

En ese contexto, el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, fue enfático al expresar que se trata de un escenario que tiene como responsables a todos los actores que tienen cierto grado de voz en las decisiones que se toman en torno a estas problemáticas. «A estas alturas son décadas en que esto ha ido creciendo y donde se han buscado varias opciones para enfrentarlo de distintas maneras», puntualizó el dirigente.

Unas que, a la vista de los resultados, son calificadas por Aguilar como «ineficientes». «Por lo tanto, creo que hay una responsabilidad del conjunto de las autoridades que tienen algún tipo de decisión, partiendo por los sostenedores. Y no sólo el actual que, en el caso del Instituto Nacional, es la Municipalidad de Santiago. El problema de la violencia, y en este caso de los colegios emblemáticos (que tienen esta particularidad de los estudiantes o personas —porque pareciera que no todos son estudiantes— que se encapuchan o se ponen estos overoles), es más que eso», expresó el docente.

Mario Aguilar durante el paro de profesores. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

«No es solo lo más mediático, que genera mayor preocupación y atención de los medios. El problema de la violencia escolar es algo transversal, a nivel país, que toca a todo tipo de colegios en todas las zonas, incluso en distintas condiciones sociales. Es algo de fondo, muy grave, y a mi entender debería ser primera prioridad en el abordaje. Pero pasa la noticia y ya no está en los medios hasta que vuelve a ocurrir otro incidente, y todo sigue más o menos igual», criticó el presidente del gremio.

Por eso es que hizo especial hincapié en las dificultades sorteadas por el proyecto de ley de convivencia escolar que, tras su aprobación en la Comisión de Educación del Senado, todavía espera por su último trámite legislativo antes de lograr su promulgación.

«Hay algunas respuestas que podrían entregar algunas herramientas y que van muy lentamente, como el proyecto que hay en el Congreso y que lleva más de un año. Ha sido tramitado muy lentamente, con cierta desidia, diría yo, de sectores parlamentarios que han entrado incluso en esta trinchera gobierno-oposición que a veces es tan dañina. Porque cuestiones que deberían ser bastante transversales finalmente no lo son, como en este caso. Hay una cierta desazón para un problema grave», alertó Aguilar.

Paro de profesores por la Alameda ante las demandas de los docentes en la tramitación de su Agenda Corta. Foto: Colegio de Profesores.

Esto, en una realidad cuya comprensión resulta fundamental para el Colegio de Profesores. «La violencia no es una cosa que se origina en la escuela, sino que está afuera, en la sociedad, y desde allí llega a la escuela. Se ha instalado en nuestro país una cultura de agredir con mucha facilidad, de responder con violencia frente a problemas que a veces son menores o propios de la convivencia social habitual. Un topón de un auto, un problema en el transporte, en una fiesta o en los mismos estadios de fútbol, donde ya está casi normalizado que se insulte, lo que ya ni siquiera se considera un hecho de violencia», observó.

«Estamos viviendo en una sociedad bastante enferma en términos de cómo nos comportamos respecto a los conflictos. La reacción casi de forma inmediata es la violencia, y eso también se ve en los colegios. Un ejemplo casi tragicómico es cuando usted llama al apoderado por el mal comportamiento del estudiante y resulta que es peor que el estudiante en su forma de comportarse y reaccionar. Hay un tema muy de fondo, muy social, que daría para estudios sociológicos profundos y que refleja una sociedad que, a mi entender, consignan lo mismo: una sociedad que tiene serios problemas de convivencia social, muy desestructurada y fracturada socialmente, y eso llega a la escuela», reflexionó Aguilar.

Y aunque afirma que el proyecto de ley no implicará una solución completa, sí espera que, al menos, «entregue una herramienta de contención». «No van a resolver el problema de fondo, pero al menos va a permitir contener un poco más la violencia y entregar más de protección a quienes son víctimas de estos hechos», subrayó.

Bandera del Colegio de Profesores.

La paradoja del 1%

Sin embargo, el líder gremial igualmente hace manifiesta la relación entre esta problemática social y las prioridades anunciadas por el Ejecutivo en cuanto a la repartición del presupuesto nacional para el 2026.

De hecho, manifestó que el ya anunciado aumento del 1% para los recursos destinados a educación no se vería reflejado en acciones concretas: «Vemos con preocupación esta alza porque es aparente, ya que, en realidad, es casi simplemente cubrir programas que ya existen. Y, por otro lado, desaparecen programas y cuestiones sociales importantes como la atención de salud, que es un tema que ya es débil. Nosotros hemos reclamado en salud mental, por ejemplo, la tremenda necesidad que hay de entregar atención y posibilidades de derivación a estudiantes que tienen problemas, o miembros de la comunidad que a veces pasan años sin que puedan recibir una atención. Personas que lo necesitan a todas luces y muy evidentemente».

Incluso, expresó que hace pocos días tomaron conocimiento de la baja de una de las propuestas del Gobierno en el marco de la agenda corta discutida por el profesorado. «Hay muchas necesidades que tienen que ver con los programas de inclusión que tampoco podrían ser cubiertas. En el marco de la agenda que dio origen a movilizaciones y que finalmente permitió un acuerdo, el día jueves pasado nos enteramos de la mala noticia de que uno de los temas que el Gobierno había ofrecido, que era entregar mayores recursos materiales a los programas de inclusión a través de kits que permitan atender de mejor forma a estos estudiantes, ya no va a ir, porque no hay presupuesto para eso», confidenció Aguilar.

Profesores de Atacama se manifiestan producto de la crisis educacional que vive la región. Créditos: Comunicaciones del Colegio de Profesores.

«Es muy preocupante, a nuestro entender, lo que está pasando en materia presupuestaria, con recortes fundamentalmente en lo social. Nos parece que no es lo que el país necesita», afirmó. «Lo que se está recortando son precisamente las áreas donde hay más demanda de la ciudadanía y mayor necesidad a todas luces: salud, educación, seguridad. Y el presupuesto va en una dirección contraria. El combate al crimen organizado sufre una baja importante en el presupuesto, según se ha visto. Eso también nos toca porque los barrios donde están nuestros colegios muchas veces son inseguros y requieren tratamiento más profundo del combate al crimen organizado», conectó el profesor.

Lo anterior, en el entendido de que «el crimen organizado también está llegando a las escuelas«. «Nosotros ya hemos detectado —y ha sido noticia— la venta de droga al interior de escuelas, balaceras en los alrededores de colegios, afectando a las propias comunidades; escuelas que deben suspender clases porque hay narcofunerales. Son hechos que han existido y, sin embargo, la señal que se abre en el presupuesto es contradictoria. Y peor aún, con un candidato —José Antonio Kast— que podría llegar a ser presidente y que anuncia que quiere recortar 6 mil millones de dólares más en el presupuesto. Imaginen lo que eso significa en un Estado absolutamente debilitado, desfinanciado», advirtió.

«Creo que está muy equivocada la política respecto al tema presupuestario, recortando justamente en lo social y donde hay más necesidad, y dejando incólumes otros aspectos que tal vez no son tan urgentes. El gasto militar en Chile parece que nunca se va a tocar, y eso se va a mantener como algo intocable. ¿Por qué no podemos discutir si acaso Chile necesita seguir invirtiendo en armamento y en renovación de equipos para la guerra, en circunstancias donde, a la vista, no hay amenazas reales de corto plazo que pudieran significar conflictos bélicos? ¿Por qué seguimos gastando tanto en armamento y en renovación de material y desatendemos otras áreas tan necesarias como las que estamos hablando?», planteó el dirigente.