En la madrugada de este viernes, Perú volvió a cambiar de presidente. Es la octava vez en apenas cinco años que dicha nación cambia de jefe de Estado, marcando así un nuevo capítulo en la larga historia de inestabilidad política que atraviesa el país andino.

El Congreso del Perú destituyó de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia que la declararon con “incapacidad moral permanente” para seguir en el cargo. El argumento, su incapacidad para enfrentar el auge del crimen organizado y la creciente inseguridad ciudadana, cuando faltan apenas seis meses para las elecciones generales de 2026.

Fueron cuatro mociones distintas las que se presentaron en su contra, no solo por diferencias en los motivos, sino como una estrategia para forzar el debate y aumentar las probabilidades de éxito. En la práctica, reflejaron la pérdida total de apoyo en el Congreso, incluso de los sectores de derecha que hasta hace poco la sostenían en el poder.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte. Foto: Presidente de Perú.

El Legislativo había citado a Boluarte para ejercer su defensa antes de la votación, pero la mandataria se negó a hacerlo, calificando el proceso como “inconstitucional y violatorio del debido procedimiento”. Así, tras esperar veinte minutos y constatar su ausencia, el Congreso procedió a votar. El resultado fue contundente, 121 votos a favor de 130, muy por encima de los 87 necesarios. Boluarte fue oficialmente destituida sin haber defendido su gestión ante el hemiciclo.

Casi en paralelo a esto, desde el Palacio de Gobierno, la ahora expresidenta apareció acompañada de su gabinete. En un mensaje televisado defendió su trabajo, sin caer en hacer ningún tipo de autocrítica y apeló a la unidad nacional. “En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos que merecen un Gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo”, aseguró la ahora exmandataria.

Dina Boluarte, fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú, llegó al poder en 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, de quien fuera vicepresidenta. Sin embargo, su paso por el cargo la dejó convertida en una de las líderes más impopulares de la región, solo un 4% de los peruanos aprobaba su gestión, mientras que el 94% la rechazaba, según las últimas encuestas.

Dina Boluarte el 2022, cuando asumió la presidencia del país.

Sin partido ni bancada propia, Boluarte se mantuvo a flote gracias al apoyo de agrupaciones conservadoras, especialmente el fujimorismo. Pero fue precisamente Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, quien terminó dándole la espalda y sumándose al bloque que aprobó su destitución.

La gota que rebalsó el vaso fue la crisis de inseguridad. El crimen organizado se ha tomado las calles del Perú, y los hechos de violencia se han vuelto cotidianos.

El detonante ocurrió el domingo pasado, cuando un grupo armado atacó un concierto del popular grupo de cumbia Agua Marina en un local del Ejército, en Lima. Cuatro músicos y un vendedor resultaron heridos. El atentado indignó al país y desató una ola de reclamos ciudadanos contra el Gobierno, acusado de inacción ante la violencia.

La tasa nacional de homicidios aumentó un 74% entre 2019 y 2024, y solo en el primer trimestre de 2025 creció un 20% adicional. Más de la mitad de los asesinatos —un 53%— fueron cometidos por sicarios. Las extorsiones se dispararon un 438% en los últimos cinco años, y el negocio de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” ya afecta a más de 200 mil familias.

El 70% del transporte público formal se encuentra bajo amenaza de extorsión, y solo este año, 180 conductores fueron asesinados por negarse a pagar.

Esta situación ha erosionado la confianza ciudadana. Según Ipsos, el 94% de los peruanos desconfía del Congreso, el 78% de la fiscalía y el 70% de la Policía Nacional. Para muchos, el Estado ha perdido el control frente al crimen organizado, lo que ha generado un descontento generalizado y transversal entre los peruanos, que desde hace semanas han colmado las calles en protestas.

Manifestante portando la bandera peruana en medio de las protestas en Lima. Vía X@MiguelVsquezVi1.

Pero la inseguridad no fue el único motivo de su caída. A la presidenta también se le cuestionaron casos de corrupción y falta de transparencia. El más sonado, el llamado “caso Rolex”, que reveló su posesión de relojes y joyas de lujo no declarados en su patrimonio. La fiscalía abrió una investigación por enriquecimiento ilícito y omisión de información en declaraciones juradas.

A lo anterior, se sumaron críticas por un presunto abandono temporal de funciones, cuando se habría sometido a cirugías estéticas en una clínica privada sin informar al Congreso. Y por supuesto, el recuerdo aún fresco de la represión a las protestas de 2022 y 2023, que dejaron decenas de muertos y marcaron su imagen pública.

Estas situaciones reactivaron movilizaciones en todo el país, lideradas por jóvenes de la llamada “Generación Z”, que en las últimas semanas habían copado las calles de Lima, Arequipa y otras ciudades exigiendo su renuncia.

Tras la votación, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, juró como nuevo mandatario por sucesión constitucional. El abogado limeño de 38 años asume el desafío de liderar el país por los próximos seis meses, hasta las elecciones de abril de 2026 y el relevo presidencial previsto para el 28 de julio.

En su primer discurso, Jerí prometió declarar la guerra al crimen organizado y encabezar un gobierno de reconciliación. “Debemos declararle la guerra al crimen. Los enemigos son las bandas que tienen de rodillas a los peruanos”, dijo al colocarse la banda presidencial.

José Jerí Oré, nuevo presidente de Perú. Vía X@InformaCosmos.

Sin embargo, su asunción también ha despertado polémica. Jerí está afiliado al partido Somos Perú, y su carrera política ha estado rodeada de controversias. A finales de 2024 fue denunciado por violación sexual, aunque la fiscalía archivó el caso en agosto de 2025. Pese a ello, un tribunal le ordenó asistir a tratamiento psicológico como medida de protección hacia la denunciante, algo que —según informes— se habría negado a cumplir.

Además, enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, vinculadas a su paso por la Comisión de Presupuesto del Congreso. Aunque él las descarta como campañas de desprestigio, los medios reportan al menos cuatro procesos abiertos en el Ministerio Público.

Con Jerí en la presidencia, la conducción del Congreso queda en manos de Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.

Pero la población mantiene un profundo rechazo hacia toda la clase política. La destitución de Boluarte no ha calmado el descontento, las protestas continúan y hay temor de que las movilizaciones se dirijan ahora contra el propio Parlamento.

Protestantes y policías enfrentandose en las calles de Perú.

Perú entra así a su octavo gobierno en cinco años, marcado por la cuenta regresiva hacia las elecciones de 2026, y con un Congreso fragmentado con 43 partidos inscritos y el retorno al sistema bicameral.

Las principales figuras de la derecha, como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, ya se perfilan como candidaturas fuertes, mientras que otros nombres, como César Acuña o Fernando Olivera, buscan posicionarse.

En medio de este escenario, el país sigue enfrentando su mayor crisis de confianza democrática: una ciudadanía que no cree en sus instituciones, una economía tensionada por la inseguridad, y una clase política que parece más preocupada por sobrevivir que por gobernar.

Así, con la caída de Dina Boluarte y la llegada de José Jerí Oré, el Perú vuelve a abrir un nuevo capítulo de su incesante ciclo de inestabilidad.

Ocho presidentes en cinco años. Una nación que parece condenada a reinventar su liderazgo una y otra vez, mientras la violencia, la corrupción y la desconfianza siguen siendo los verdaderos protagonistas del poder.