El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, liderado por la ministra Carolina Arredondo, lanzó oficialmente el Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad (LEO). La iniciativa, que reemplaza al plan anterior finalizado en 2020, busca actualizar las políticas de fomento ante los profundos cambios sociales y el acelerado avance tecnológico.
La presentación, realizada junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, enfatiza la necesidad de desarrollar competencias comunicativas más complejas en la sociedad contemporánea.
Ampliación del enfoque: de la Lectura a la Oralidad
A diferencia de sus versiones previas, que se centraban mayormente en la lectura, el nuevo plan amplía su visión al integrar de manera explícita los conceptos de escritura y oralidad.
La ministra Arredondo destacó que el plan es parte de un esfuerzo de la sociedad en su conjunto:
“Esta actualización reconoce su legado y avances, y amplía su alcance conceptual y programático para responder a los desafíos culturales y educativos del país y el mundo… El fomento de la lectura es un desafío complejo, que implica a la sociedad en su conjunto.”
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, reforzó la perspectiva educativa, señalando que estas habilidades son «aprendizajes fundamentales» y forman parte central de la reactivación educativa tras los impactos de la pandemia.
Estrategia Nacional y Articulación Interinstitucional
El Plan LEO está dirigido a todos los habitantes del país, desde la primera infancia hasta las personas mayores, con la meta de hacer de Chile un país de lectoras y lectores.
Constituye una estrategia implementada a través de 16 Planes Regionales de la Lectura, bajo un robusto modelo de articulación interinstitucional. La actividad incluyó la firma de un convenio que convoca a cuatro ministerios, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Familia; y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Esta coordinación incluye áreas claves como bibliotecas públicas, educación en todos sus niveles, infancia, juventud, personas mayores, discapacidad y reinserción social juvenil, fortaleciendo una acción estatal coordinada en torno a la cultura, la educación y la inclusión.
