A casi una semana de su publicación, la columna del asesor estratégico de la candidatura presidencial del Partido Republicano, Cristián Valenzuela, continúa generando críticas transversales debido a su lenguaje y contenido.

Cabe recordar que, en el escrito afirmó que “el Estado está podrido, lleno de parásitos que lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”, en referencia a funcionarios públicos que, según él, se aferran a cargos sin mérito.

En ese contexto, la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, cuestionó la coherencia del discurso republicano. “La pregunta que deberíamos hacerle al candidato (José Antonio Kast) es si sabía que su jefe estratégico, su jefe de comando y su jefa programática son funcionarios del Estado que ganan dos millones de pesos mensuales”, aseveró.

“¿Va a partir por ellos cuando hable de eliminar parásitos?”, agregó, en alusión a Cristián Valenzuela, Sebastián Figueroa y Carmen Sosa, también integrantes del panel de expertos del Sistema de Alta Dirección Pública.

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón.

“Estas personas se pasean por el país como parte del equipo de campaña, financiadas por el Estado. Hay que ponerle seriedad al trabajo político”, criticó Rincón.

Desde el comando de Jeannette Jara, la vocera Gael Yeomans anunció que ofició al director nacional del Servicio Civil para esclarecer la situación contractual de los tres asesores republicanos en el panel de expertos.

Asimismo, la diputada cuestionó el mérito del autor de la columna en su trayectoria estatal. “Cuando fue jefe de gabinete recién llevaba dos años de egresado. Me parece bien patudo que estén hablando en esos términos de otras personas que sí ejercen la función pública como corresponde”, declaró.

Por parte del Partido Republicano, el diputado Cristián Araya defendió la columna y precisó que: “En ningún caso se trató a los funcionarios públicos de parásitos, sino a los operadores políticos que no hacen la pega”.

El parlamentario insistió que “hay flojos, manzanas podridas que hay que extirpar del sistema”. Además, acusó al Frente Amplio de reaccionar por intereses personales: “Les cayó bien el poncho porque tienen hermanos, primos, pololas y concubinos parasitando en el Estado”.

En respuesta, Cristián Valenzuela reafirmó el contenido de su columna y aclaró que su crítica no apunta a un sector político específico, sino a quienes abusan del aparato estatal. “Estamos en guerra contra los malos funcionarios públicos, que son pocos, pero existen y hay que combatirlos”, señaló.

Diputado Cristián Araya (PRep). Foto: Aton.

Sobre la misma, enumeró casos de abuso como el uso de licencias médicas para vacacionar, el teletrabajo durante la pandemia sin riesgo laboral y el acceso a bonos sin necesidad real. “La lucha es contra quienes drenan recursos públicos sin cumplir su función, no contra la función pública en sí”, enfatizó.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) anunció que solicitará la comparecencia del asesor ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, para que explique sus declaraciones y entregue antecedentes sobre su rol en el Sistema de Alta Dirección Pública.

Control administrativo y modernización del Estado

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la experta en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Gladys Camacho, advirtió que el gasto público está sujeto a múltiples controles legales y administrativos.

“El gasto tiene que autorizarse por resoluciones que aseguren disponibilidad de fondos y corrección del procedimiento. La Contraloría General realiza auditorías y puede representar irregularidades que, si no se absuelven, terminan en juicios de cuentas. No es tan sencillo como se plantea en ciertos discursos”, explicó.

Consultada por el impacto de calificar a los funcionarios como “parásitos”, Camacho enfatizó en que “es injusto generalizar. Hay muchos funcionarios que cumplen su labor con abnegación y profesionalismo. Creo que no es la forma seria de tratar un problema que efectivamente existe en la función pública“.

Académica en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Gladys Camacho. Foto: Universidad de Chile.

“Ningún gobierno se ha hecho cargo desde la democracia, por ejemplo, de establecer condiciones de profesionalización dentro de la administración y de asegurar el mérito para poder ingresar a la función y mantenerse en ella. Entonces, hay un problema que hay que resolver si queremos que el Estado, que cada vez vemos es apuntado como más ineficiente, (mejore) y eso involucra un gasto público excesivo que no se racionaliza”, agregó.

Sobre los mecanismos de protección institucional, Camacho señaló que “Contraloría es el organismo más cercano para garantizar los derechos del estatuto administrativo. Pero el marco legal vigente no se ha actualizado en décadas, lo que limita su capacidad de fiscalización”.

En ese sentido, explicó, “también tenemos la Dirección Nacional de Servicio Civil, pero que básicamente se ocupa de la Alta Dirección Pública, no en general de toda la estructura funcionarial”. Así, destacó la importancia de impulsa “una política de Estado frente a ello”.