Este miércoles, autoridades del país encabezadas por el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, promulgaron la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada.
Esta iniciativa, la que se enmarca dentro de las acciones del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia impulsado por el Gobierno, fue aprobada por el Congreso Nacional y despachada a ley el pasado 7 de octubre. Entre otros, esta ley establecerá por primera vez la calificación legal para las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar.
Tal como su nombre indica, la nueva legislación creará un registro público, gratuito y de carácter digital a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. El objetivo principal es que el Estado reconozca oficialmente la ausencia de estas personas, dignificando su memoria.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró el esfuerzo de seguir relevando la importancia de las causas de derechos humanos y entregó un mensaje para los familiares de detenidos desaparecidos. “Sabemos que no solo han sufrido por la desaparición de sus seres queridos, sino que además la inexistencia de tal calificación oficial les ha dificultado hacer diversos trámites durante muchos años”, señaló.
Por lo anterior, el secretario de Estado resaltó los resultados obtenidos con la implementación del Plan Nacional de Búsqueda. “Esta es una iniciativa cuya vigencia supera la existencia de este gobierno. Es una política de Estado y como tal trasciende a una gestión. Está por sobre cualquier polémica coyuntural y se asienta en un valor ético”, recalcó.
“Serán reconocidas jurídicamente como personas ausentes por desaparición forzada aquellas que surjan de la información contenida en los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de la Prisión Política y Tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y otros instrumentos”, detalló Gajardo.
También presente en la instancia, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se refirió a la lucha que han llevado a cabo en busca de reparación.
“Esto es una reivindicación hacia los que no están físicamente, que siempre están y siempre han estado, pero a la larga lucha de sus familiares”, expresó en su discurso.
Además, valoró que “hay un gobierno, que a través de diputados, tuvo la voluntad política de aprobar este proyecto y convertirlo en ley”. “Porque no puede haber una democracia más completa si no hay verdad y justicia en los peores crímenes que se cometieron en este país”, reforzó Lira.
A juicio de la representante de la agrupación de víctimas, la nueva legislación “irradia esperanza”, porque “cuando hay voluntad política de los gobiernos, del Estado, se puede avanzar hacia la verdad y justicia, que es lo primordial para llegar a una democracia realmente donde se respeten los derechos humanos y nadie quede ajeno a sus violaciones”.
