En Perú la historia vuelve a repetirse. Tras la salida forzosa de la expresidenta Dina Boluarte y el ascenso administrativo de José Jerí a la presidencia, las calles del país se han vuelto el escenario de un nuevo estallido social.

El malestar ciudadano no se ha detenido. Por el contrario, crece con fuerza, alimentado por la frustración, la desconfianza y un clima político que parece no encontrar estabilidad.

El miércoles por la noche se registró en el centro de Lima una masiva protesta que dejó un saldo trágico, un fallecido y más de cien heridos, según cifras oficiales.

Los disturbios comenzaron cuando miles de manifestantes, convocados principalmente por el colectivo “Generación Z“, junto a gremios artísticos y de transporte, marcharon hacia la sede del Congreso exigiendo la salida de los políticos y un cambio real en el gobierno.

Enfrentamientos entre la policía peruana y manifestantes a las afueras del congreso. Vía X @AlertaNews24.

La Defensoría del Pueblo informó que 102 personas ingresaron heridas a los servicios de emergencia, 24 civiles y 78 policías. Sin embargo, organizaciones independientes elevaron la cifra total de heridos a más de 170, incluyendo periodistas y observadores de derechos humanos.

Durante la jornada, los manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad instaladas en los alrededores del Congreso y del Palacio de Justicia. Las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos, escudos y bastones. Del otro lado, algunos manifestantes lanzaron piedras y fuegos artificiales. El enfrentamiento se prolongó durante horas, hasta que un disparo cambió el rumbo de la noche. Un joven de 32 años, identificado como Eduardo Ruiz Sanz, murió tras recibir un impacto de bala. Era conocido en el mundo del hip-hop bajo el seudónimo “Trvko”.

La noticia fue confirmada por el propio presidente José Jerí a través de su cuenta de X, mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que el disparo habría sido realizado por un policía vestido de civil.

Testigos apuntaron directamente al controvertido Grupo Terna, una unidad encubierta de la Policía Nacional del Perú que suele infiltrarse en manifestaciones y operativos callejeros. “Dispararon por disparar”, declaró un testigo identificado como un amigo de la víctima al canal RPP. “Él no estaba haciendo nada, solo estaba parado”.

Momento en el que el supuesto policía dispara en contra del rapero Eduardo Ruiz. Vía X@AceSalaverry.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que no había agentes Terna en el lugar y anunció una investigación “exhaustiva”, pero las versiones oficiales siguen siendo contradictorias.

La muerte de “Trvko” se suma a una larga lista de víctimas de la represión en Perú. Para muchos, es el reflejo de un país que sigue atrapado en un ciclo de inestabilidad política, corrupción e impunidad.

El nuevo presidente José Jerí, de 38 años, asumió el cargo el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, removida en un juicio político exprés. Pero su llegada al poder no trajo calma, por el contrario, abrió un nuevo capítulo de desconfianza y polarización.

Pocas horas después de jurar como presidente, comenzaron a circular en redes sociales denuncias, acusaciones y viejas polémicas que hoy minan su credibilidad. En 2024, Jerí fue denunciado por presunta violación sexual durante una reunión social. Aunque la Fiscalía archivó el caso en agosto de este año, el expediente reveló que un juzgado civil le había ordenado someterse a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”. Una orden que, según medios locales, nunca acató.

Acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito también pesan sobre el nuevo mandatario, así como su actividad en redes sociales, donde fue descubierto siguiendo cientos de cuentas y productoras de contenido sexual explícito. Además, salieron a relucir mensajes antiguos de Jerí en los que se leían comentarios misóginos y burlas hacia mujeres, lo que generó indignación en amplios sectores.

José Jerí, nuevo presidente Perú. Foto: IG @soyjosejeri.

Como si eso no bastara, el nombramiento del gabinete ministerial y sobre todo de Ernesto Álvarez, como ministro del Interior agitó aún más las aguas. Álvarez, conocido por su discurso duro, ha calificado a los manifestantes de Generación Z como “terroristas digitales” y “enemigos del orden público”. Declaraciones que no ayudaron a calmar el ambiente, sino que avivaron el fuego.

El descontento ciudadano va mucho más allá de un nombre o de un gabinete. Perú lleva años viviendo una crisis estructural, ocho presidentes en solo cinco años, una clase política desprestigiada y un Estado cada vez más ausente frente al avance del crimen organizado. Los datos son alarmantes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que, entre enero y junio de 2024, más del 27% de la población urbana fue víctima de algún delito.

El 85% de los peruanos teme ser víctima de la delincuencia, y el uso de armas de fuego se ha vuelto cada vez más frecuente, casi la mitad de los delitos reportados fueron cometidos con armas. El 2024 cerró con casi 2 mil homicidios y el inicio de 2025 ha sido catalogado como el peor en nueve años, con más de 400 asesinatos solo en los primeros meses.

En cinco años, la tasa nacional de homicidios subió un 74%, y más de la mitad de los crímenes son atribuidos al sicariato. Las extorsiones, por su parte, aumentaron un 438%, mientras que los préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” afectan a más de 200 mil familias.

El 70% del transporte público formal está bajo amenaza de mafias extorsionadoras. Solo este año, 180 conductores fueron asesinados por negarse a pagar.

No sorprende entonces que el 94% de los peruanos desconfíe del Congreso, el 78% de la Fiscalía y el 70% de la Policía Nacional, pues el Estado ha perdido el control frente al crimen organizado y la ciudadanía ve en las protestas la única forma de expresión frente a la compleja realidad nacional.

Choque entre manifestantes y la policía en el centro de Lima. Video: Javier Zapata.

“¡Que se vayan todos!” fue uno de los gritos más escuchados anoche en las calles de Lima, Cusco, Arequipa y Trujillo. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, exigen cambios profundos: la disolución del Congreso, elecciones anticipadas y una reforma integral del sistema político.

El presidente Jerí, del partido derechista Somos Perú, asegura que su gobierno será “de transición” hasta julio de 2026. Pero sin apoyo popular, con un Congreso desprestigiado y una población cansada de promesas vacías su margen de maniobra es mínimo. Incluso, sus propios aliados parlamentarios parecen verlo como una figura de paso, una ficha de recambio más en una larga lista de mandatarios efímeros.

Su discurso de “guerra contra la delincuencia” intenta proyectar una imagen al estilo de Nayib Bukele, pero sin el poder político ni el respaldo ciudadano que tiene el presidente salvadoreño. Si bien el mandatario insiste en que su prioridad es la seguridad ciudadana, la violencia en las calles y la represión policial podrían volverse su peor enemigo.

Los analistas coinciden en que la permanencia de Jerí en el poder dependerá de dos factores: su capacidad para mantener el respaldo del Congreso que lo eligió y que las protestas no escalen hasta niveles ingobernables.

El problema es que ambas condiciones parecen cada vez más frágiles. El Congreso, que tiene uno de los niveles más altos de desaprobación en América Latina, no representa el sentir ciudadano. Mientras que las movilizaciones de las últimas semanas comenzaron a extenderse a regiones donde la desconfianza hacia Lima es aún mayor.

Manifestante portando la bandera peruana en medio de las protestas en Lima. Vía X @MiguelVsquezVi1.

A un año de las próximas elecciones generales, el panorama político sigue igual de incierto. Las encuestas muestran un electorado profundamente dividido, entre el 40% y 50% de los peruanos no sabe por quién votará, votaría nulo o simplemente no votaría.

Entre los nombres que encabezan los sondeos aparecen viejos conocidos. En primer lugar, aparece Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder del partido ultraconservador Renovación Popular, con entre 10 y 13% de intención de voto. Le sigue, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien se mantiene como segunda opción, aunque con un alto nivel de rechazo. Detrás figuran personajes como Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra; el comediante Carlos Álvarez, que se proyecta como outsider; y Antauro Humala, de la izquierda nacionalista, que apela al voto de protesta.

Pero en un país donde ningún candidato supera el 20% de apoyo, el escenario de una segunda vuelta polarizada parece inevitable. Una elección marcada por la fragmentación, el desencanto y el cansancio social.

Perú enfrenta hoy un doble desafío, sostener un gobierno con legitimidad mínima y, al mismo tiempo, reconstruir la confianza en sus instituciones. Entre la represión y la protesta, entre la corrupción y la desesperanza, el país parece caminar una vez más por el filo de la ingobernabilidad.