Hoy, con un acto encabezado por el presidente de la República, comienza oficialmente una reparación largamente esperada: la respuesta estatal a la llamada deuda histórica con los profesores y profesoras. La ley establece un pago único de 4,5 millones de pesos por afectado vivo, reajustable y distribuido en un plazo de seis años, comenzando por los de mayor edad. En esta primera etapa, cerca de 15.500 docentes están recibiendo sus primeras cuotas entre el 17 y el 22 de octubre. Se trata de un momento de inflexión: tras décadas de movilización sostenida del Colegio de Profesores, el Estado chileno reconoce públicamente una deuda que no es solo económica, sino también moral y simbólica, porque toca el corazón de la dignidad del trabajo docente, tantas veces en los últimos tiempos postergado y desvalorizado.
Esta reparación -necesaria y legítima- no puede sin embargo entenderse como un cierre perfecto ni como una compensación completa respecto de lo que realmente correspondía. Hay un vaso medio lleno: el reconocimiento oficial y el inicio del pago. Pero también un vaso medio vacío: montos simbólicos frente al cálculo total de la deuda y la dolorosa certeza de miles de maestros y maestras que fallecieron sin alcanzar a ver este gesto. Muchos de quienes recibirán el pago hoy tendrán en la memoria a otros con quienes marcharon y ya no están. Aun así, este hito es significativo, porque consagra un principio de justicia que la sociedad había demorado demasiado en asumir.
Más allá de la discusión al interior del profesorado sobre los alcances del acuerdo, el hecho invita a mirar con más profundidad las causas estructurales que originaron esta deuda. No se trató de un error administrativo, sino de una política deliberada durante la dictadura: el intento de desmantelamiento de la educación pública. En ese marco se sitúa el traspaso de las escuelas del Ministerio de Educación a los municipios, mediante el Decreto Ley 3.551 de 1981, que despojó a los profesores de derechos salariales adquiridos. Por décadas, ese daño no fue reparado por los gobiernos democráticos, y su persistencia se volvió una herida abierta en la historia educativa del país. Hoy, la reparación a los directamente afectados podría ir acompañada de una reflexión sobre la necesidad de otros objetivos de mayor alcance: fortalecer la educación pública, garantizar condiciones laborales dignas y restituir al profesor en el lugar central que le corresponde en la construcción del bien común, más allá de los procesos sobre individuos.
En tiempos de estandarización y de creciente dependencia tecnológica, reafirmar la centralidad de los profesores es defender lo esencial. La evidencia internacional lo confirma: según la OCDE, ningún factor escolar influye más en el aprendizaje que la calidad del profesorado. Aun en la era de la inteligencia artificial y los algoritmos, los docentes siguen siendo el vínculo humano que transforma la mera información en comprensión, la instrucción en sentido, la enseñanza a la persona a la comprensión de ser a su vez parte de una comunidad. Las tecnologías podrán resolver operaciones, pero solo los maestros enseñan a pensar, a convivir y a imaginar un futuro compartido. Reafirmar su rol no es solo una cuestión corporativa, sino defender la humanidad que es indispensable para que suceda la educación.
