Según el Censo 2024, Chile presenta casi medio millón de requerimientos de nuevas viviendas. La expansión de campamentos y la falta de planificación integral agravan un problema que no se resolverá en un solo gobierno.
El déficit habitacional sigue siendo uno de los principales desafíos sociales y urbanos del país. De acuerdo con el último Censo 2024 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas, Chile presenta actualmente 491.804 requerimientos de nuevas viviendas. Esta cifra corresponde al Déficit Habitacional Cuantitativo, que mide la necesidad de construcción de viviendas nuevas para familias que hoy viven en condiciones precarias, incluyendo viviendas irrecuperables, hogares allegados y situaciones de hacinamiento severo.
A esta problemática se suma el crecimiento sostenido de los asentamientos informales. El Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo-Chile reportó 1.428 campamentos a nivel nacional, donde habitan 120.584 familias, lo que representa un aumento del 10,6% en el número de campamentos respecto al levantamiento anterior.
La proliferación de asentamientos informales en Chile no responde a un único factor, sino a una conjunción de crisis estructurales. Así lo afirmó la profesora asociada al Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile e investigadora del proyecto ANID FONDECYT regular 1231116 “Territorio Informal como develador de injusticia espacial, socioambiental y como productor de múltiples riesgos de desastres”, Yasna Contreras.
Yasna Contreras, doctora en Geografía y académica de nuestra casa de estudios
La especialista explicó que la pandemia de COVID-19 marcó un hito, al evidenciar una “policrisis” que incluye problemas habitacionales, económicos, sanitarios y migratorios. “Esa combinación empujó a muchas familias a empobrecerse y a no poder costear arriendos ni dividendos, recurriendo a asentamientos informales”, señaló.
Contreras también advirtió sobre la existencia de “urbanizadores piratas”, que especulan con terrenos y vulneran derechos de familias en situación de precariedad. A ello se suma un sector de clases medias empobrecidas que ha optado por subdividir viviendas como alternativa económica.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra casa de estudios, Paola Jirón, sostuvo respecto a la proliferación de campamentos que se trata de una crisis estructural de acceso a la vivienda, con múltiples causas: aumento del valor del suelo, altos costos de vida, migración y desigualdad territorial.
“No todas las situaciones de campamentos son iguales. Hay que abordarlas de forma integral, no campamento por campamento”, señaló, destacando además el rol de las mujeres en la organización comunitaria de estos espacios.
Paola Jirón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra casa de estudios
Por su parte, y en diálogo con nuestro medio, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), sostuvo que existe una diferencia entre las tomas históricas y las que se han producido tras el estallido social. “Antes, las tomas respondían a una necesidad real de vivienda. Después, se mezclaron con negocios inmobiliarios ilegales. Por eso es fundamental transparentar la información”, señaló.
El déficit habitacional
Fuenzalida advirtió que el déficit habitacional que enfrenta nuestro país podría superar ampliamente las cifras oficiales. Mientras el último censo estima en cerca de 500 mil las viviendas faltantes, el parlamentario aseguró que la cifra real podría bordear el millón doscientas mil familias sin acceso a una solución habitacional.
El presidente de la Comisión de Vivienda explicó que las estadísticas actuales no consideran a un sector importante de la clase media que vive en arriendo y que no califica ni para subsidios estatales ni para créditos hipotecarios. “Muchas veces no se incluye al arrendatario de clase media, que es muy rico para el Estado y muy pobre para la banca. Si uno mira las cifras de déficit cero, las familias sin vivienda podrían llegar a casi un millón doscientas mil”, señaló.
Diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI). Foto: Aton.
Desde otra mirada, Paola Jirón sostuvo que el debate sobre el déficit habitacional no puede reducirse únicamente a la cifra de viviendas faltantes.
Jirón señaló que existen realidades muy distintas entre regiones del país: “Lo que se requiere en Tarapacá o Antofagasta no es lo mismo que en la Región Metropolitana o en el sur de Chile”. Por eso, enfatizó que se deben ampliar y diversificar las soluciones habitacionales, incorporando alternativas como arriendo protegido, cooperativas, regeneración de barrios o densificación predial.
Además, advirtió que factores demográficos como el envejecimiento poblacional, la migración y el aumento de hogares unipersonales exigen nuevos enfoques: “Las personas mayores necesitan redes de cuidado y autonomía, mientras que las familias jóvenes requieren soluciones flexibles”.
Las políticas públicas
Para suplir el déficit habitacional, el Ejecutivo desarrolló el Plan de Emergencia Habitacional, una estrategia desarrollada por el Minvu para abordar con sentido de urgencia el déficit de vivienda, teniendo como objetivo alcanzar la meta establecida por el Presidente Gabriel Boric de entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno.
Respecto a esta política pública, Jirón valoró el avance de la iniciativa de la actual administración y que supera el 80% de cumplimiento, destacando su articulación interministerial: “Ya no se trata de construir muchas viviendas sin equipamiento ni infraestructura, sino de ofrecer viviendas adecuadas, con planificación y coordinación territorial”.
Finalmente, recalcó que la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, actualmente en consulta pública, propone una visión integral donde la vivienda se articule con transporte, salud, educación, espacio público y gobernanza. “La vivienda es un elemento fundamental, pero parte de algo más amplio: el desarrollo urbano sostenible”, concluyó.
En el marco de los avances del Plan de Emergencia Habitacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, participan de la ceremonia de entrega de llaves del proyecto “Los Clarines 10”.
Alejandro Pizarro Ubilla/Aton Chile
Fuenzalida también evaluó la política habitacional llevada adelante por la administración del Presidente Gabriel Boric, aseverando que los casos de corrupción impidieron una mejor implementación.
“Si bien es una tremenda ley, al gobierno le ha faltado gestión. Teniendo todas las herramientas para superar con creces la meta habitacional que se autoimpuso —por la mayor flexibilidad y presupuesto disponible— en algunas regiones la gestión no ha estado a la altura para enfrentar el déficit. Además, el caso Convenios ensució el actuar del ministerio y afectó su funcionamiento durante mucho tiempo. Hay que recordar que los grandes impulsores de esta política han sido los privados, a través de los DS-19, que son el motor del plan de emergencia habitacional, donde se habría esperado también un mayor cumplimiento con los DS-49, destinados a viviendas sociales”, puntualizó.
A propósito de la carrera presidencial, Fuenzalida planteó cuatro ejes prioritarios que debería implementar la nueva administración que asumirá en marzo de 2026 para enfrentar la crisis habitacional: reponer el crédito especial a constructoras, eliminar temporalmente el IVA a la vivienda, agilizar la permisología para reducir costos y establecer subsidios a la oferta, como mecanismos de pie cero. “Si no tomamos medidas urgentes, vamos a seguir con un déficit sostenido que se irá acumulando y que generará mayores problemas a futuro”, concluyó.
Pero el Plan de Emergencia Habitacional no es la única política llevada adelante por el Ejecutivo. Yasna Contreras valoró avances como la creación de un banco de suelo público, impulsado por el Ministerio de Vivienda, pero advirtió que la construcción acelerada de viviendas no debe descuidar su calidad ni ubicación. Asimismo, planteó la recuperación de inmuebles patrimoniales y terrenos ferroviarios como una alternativa para ampliar la oferta habitacional.
Santiago, 6 de noviembre de 2023
600 Familias del Movimiento Solidario Vida Digna protestan en La Moneda para denunciar que el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno sigue fracasando por compromisos que no se concretan en materia de compra de terrenos, postulacion al subsidio y entrega de obras.; indica la convocatoria.
Dragomir Yankovic/Aton Chile
“Una gran deuda histórica está en los cascos antiguos de las ciudades, donde hay inmuebles deteriorados que podrían destinarse a arriendo social”, indicó, cuestionando la excesiva mercantilización de la vivienda.
Contreras subrayó que el déficit habitacional —de cerca de 500 mil viviendas— y los más de 1.400 campamentos existentes no podrán resolverse en un solo periodo de gobierno. Así, propuso fortalecer la planificación de riesgos en zonas vulnerables y destinar recursos a municipios para actualizar catastros de inmuebles en abandono.
“Trasladar un asentamiento no elimina el problema, sólo lo desplaza. Por eso, cualquier política habitacional debe ser integral, sostenida y con enfoque territorial”, enfatizó.
