La gestión por los cobros excesivos en las cuentas de la luz se ha transformado en una crisis política para el Gobierno. La solución propuesta por el Ejecutivo, consistente en una devolución vía descuento en la boleta de enero, actuó como un detonante que abrió múltiples frentes de conflicto. Hoy La Moneda no solo debe responder a la oposición y las empresas, sino que también enfrenta un intenso fuego cruzado dentro de sus propias filas.
El epicentro del conflicto radica en el choque frontal de las dos almas del oficialismo: el Socialismo Democrático y el Frente Amplio. Esta pugna interna se da en un complejo momento electoral y ha dejado al descubierto las profundas diferencias de estilo y prioridades dentro de la coalición.
En medio de este fuego cruzado de declaraciones, el fondo del problema recae directamente en la ciudadanía. Son millones de familias y pymes las que enfrentan el impacto económico de los cobros excesivos y la incertidumbre sobre cómo y cuándo se les restituirá el dinero. Mientras el debate se centra en las responsabilidades políticas y las pugnas internas, los afectados esperan respuestas claras y que la clase política en su conjunto se haga cargo de entregar una solución concreta y oportuna.
La explicación del gobierno: un descuento en enero por «retraso en decretos»
El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, detalló el plan del Ejecutivo. La restitución del dinero se hará como un descuento en la boleta del 1 de enero. Justificando el plazo aludiendo a la complejidad de modificar los decretos tarifarios y los tiempos legales que requiere la Contraloría.
García intentó acotar el impacto del error, señalando que representa cerca del 2% de una cuenta promedio. «No es que vaya a cambiar radicalmente la boleta, pero sí se va a hacer justicia», aseguró, confirmando que las boletas de noviembre y diciembre seguirán llegando con el cálculo erróneo, pero que dicho monto será parte de la devolución total.
Fotografía del ministro de Energía y Economía, Álvaro García Hurtado. Fuente: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile
Fuego cruzado en el oficialismo: el choque frontal entre el PS y el Frente Amplio
La solución técnica del gobierno fue el detonante de un choque directo entre sus dos almas. Desde el Socialismo Democrático, el senador Juan Luis Castro (PS) criticó duramente el plan por la desconfianza ciudadana y exigió una solución tangible: «Que ojalá sean en billetes, no como se ha dicho (…) porque nadie cree eso».
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Javiera Morales defendió la gestión del Ejecutivo y confrontó al senador. «Pese a que el error viene de administraciones anteriores, este gobierno ha puesto la cara y le pidió el cargo al ministro (…) Por eso no entiendo el comentario del senador Castro», afirmó.
Sin embargo, Morales coincidió en que las responsabilidades políticas no son suficientes y apuntó a un responsable distinto para la devolución: las empresas. «Quienes tienen que devolver son las empresas. Recibieron más plata y por lo tanto, ellas son las que tienen que devolver esos montos (…) Y si es necesario legislar para eso, tenemos que hacerlo cuanto antes», sentenció, abriendo un nuevo flanco en el debate.
Diputada Javiera Morales durante la Sesion especial de la Camara de Diputados. Fuente: Sebastian Cisternas/Aton Chile
A las críticas se sumó también la voz independiente de la diputada Camila Musante, quien en conversación con este medio, evaluó como «mal el manejo general» del alza de la luz, yendo incluso más allá del error en el cálculo. «Primero, nunca se debió descongelar la tarifa, lo que significó el tarifazo eléctrico del año pasado (…) sin tener un plan que permitiera amortiguar el bolsillo de las familias», afirmó. La parlamentaria acusó una «falta de liderazgo suficiente para sentarse a renegociar con las empresas eléctricas» y criticó la espera hasta el próximo año para la restitución de los cobros indebidos, permitiendo que «continúe el abuso».
La ofensiva opositora: de la negligencia a la exigencia de renegociar contratos
Desde la oposición, las críticas apuntaron directamente a la incompetencia en la gestión. En tanto, el diputado Rubén Oyarzo declaró a este medio, que la explicación del gobierno es una «excusa política» que demuestra «improvisación y una desconexión con la realidad de la gente». «Si hubo retrasos, fue por falta de gestión y esa negligencia hoy la pagan las familias y las pymes», sentenció. Como medida urgente, Oyarzo propuso «convocar a la generadora y renegociar los contratos eléctricos» para que los chilenos dejen de subsidiar las utilidades de las empresas.
Diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical). Fuente: Javier Salvo/Aton Chile.
En la misma línea, el diputado Frank Sauerbaum (RN) reveló un antecedente clave que eleva el caso a una posible negligencia, al asegurar que «la propia SEC le advirtió a la Comisión Nacional de Energía que estaban aplicando dos veces el IPC», lo que agrava la responsabilidad del Ejecutivo. A esta crítica se sumó la voz del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien exigió una reparación total e inmediata para los afectados, demandando «devolver la plata con reajuste y con intereses y de una vez a todos los clientes», calificando la situación como una «metida de pata grave» y un «abuso» contra la ciudadanía.
La defensa de las generadoras: «el responsable es el ministerio»
Completando el escenario, las empresas generadoras se desmarcaron por completo de la polémica, en una postura que choca directamente con la propuesta de la diputada Morales. Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, fue enfático en que «el concepto compensación no corresponde porque las empresas no han cometido ningún error».
Según Charme, las compañías están legalmente obligadas a cobrar lo que señala el decreto. «El responsable final es el Ministerio de Energía, basado en informes técnicos de la Comisión Nacional de Energía», concluyó.
