En una jornada inédita para la justicia, la Corte Suprema realizó este martes 22 de octubre de 2025 la segunda audiencia pública para discutir el cumplimiento del fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vega González y otros vs. Chile, que ordena revisar o anular las reducciones de penas por media prescripción en casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, marcando un precedente histórico en materia de derechos humanos.

La cita, que comenzó a las 10:30 horas, convocó a familiares de víctimas, representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados de exagentes condenados y autoridades judiciales. En esta oportunidad, el máximo tribunal de justicia escuchó los alegato de los abogados de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Museo de la Memoria y los DD.HH. conmemora el Día Nacional del Detenido Desaparecido. Karin Pozo/Aton Chile.

Recordemos que el 12 de marzo de 2024, la CIDH condenó al Estado de Chile por violar los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y disposiciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de 44 víctimas de desaparición forzada y cinco víctimas de ejecución extrajudicial. Estas violaciones se originaron en resoluciones emitidas entre 2007 y 2010 por la propia Corte Suprema chilena, que aplicó la media prescripción, reduciendo significativamente las penas de condenados por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar (1973-1990).

La sentencia internacional ordenó una serie de medidas reparatorias:

• Revisión o anulación de penas reducidas por media prescripción,
  
• Adecuación del ordenamiento jurídico para impedir su aplicación en crímenes de lesa humanidad,
  
• Tratamiento psicológico y reparaciones económicas a las víctimas,
  
• Publicación y difusión de la sentencia,
  
• Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
  

Durante la audiencia, la abogada de derechos humanos Karinna Fernández —representante de los familiares de algunas víctimas— entregó un alegato extenso en el que recalcó que la revisión de las penas no constituye una nueva persecución penal, sino una medida de restitución ordenada por un tribunal internacional.

Abogada Karinna Fernández.

Fernández recordó que el fallo de la CIDH nació “del hecho de que esta Corte abdicara de su deber de sancionar con penas proporcionales y efectivas a los responsables de las ejecuciones y desapariciones de 49 víctimas, incluso un niño de 14 años”.

Fernández añadió que la aplicación de la media prescripción significó “una nueva forma de impunidad” para estas familias. “Esta causa es el esfuerzo de que nunca más las víctimas deban cruzar las calles por enfrentar la libertad de los responsables de las desapariciones de sus familiares”, enfatizó.

La abogada subrayó que el punto resolutivo no implica reabrir juicios sobre culpabilidad, sino recalcular penas impuestas de manera incompatible con los estándares internacionales. “Ni la Comisión ni la Corte Interamericana utilizaron el concepto de cosa juzgada fraudulenta, porque no es el punto en debate. Lo que se discute es la impunidad generada por la media prescripción”, explicó.

Finalmente, Fernández citó al académico Guzmán Dálvora, quien calificó la sentencia de la Corte IDH como “un título ejecutivo para superar errores mayúsculos con dos objetivos: restablecer los derechos de las víctimas y reafirmar que la política interna no es la última palabra en materia de derechos humanos”.

«Una reparación moral»

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, ponderó la audiencia como necesaria para avanzar en la justicia.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Foto: Aton.

Lira detalló que la importancia de la audiencia se debe a que en esta jornada los abogados de las víctimas presentaron sus alegatos, destacando “la fundamentación jurídica y moral de lo que significa para nosotros como familiares en crímenes tan alevosos como fueron los nuestros, que se aplicara la media de prescripción”.

“Incluso se aclaró la manipulación, desinformación que entregaron los abogados de los victimarios, como que transmitían la desinformación a la gente, a los propios jueces, que poco menos que se tenía que empezar el juicio de nuevo para cambiar las condenas, lo cual nuestros abogados aclararon que no hay tal forma de volver a armar los juicios, sino que aquí lo que tiene que hacer es acomodar las condenas, o sea, sacar la cuenta de los años que les dieron con la media prescripción y cuál les haría decir la media prescripción”, complementó. 

Alicia Lira es la esposa de Felipe Rivera, militante comunista secuestrado y ejecutado extrajudicialmente y que es parte de las 49 víctimas que incluye el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile.

Respecto a cómo vivió esta audiencia en el ámbito personal, Lira detalló que: “Cuando tú sufres el asalto de tu casa, de tu patio, porque ellos asaltaron mi casa, mi reja de dos metros y tanto, entraron a la fuerza en mi hogar y sacaron de la cama a mi compañero, a Felipe Rivera Gajardo, a las dos de la madrugada, semi vestido, lo secuestraron, se lo llevan sin saber dónde, incluso yo sigo los vehículos corriendo hasta que me agoté (…) es incomprensible que esos crímenes tan alevosos —el secuestro, el asalto, la ejecución sin debido proceso— no son para que paguen cinco o diez años, sino que lo que compete en los tratados internacionales, crímenes contra la humanidad”.

“Uno psicológicamente, moralmente, queda dañada producto de la tragedia que vive, pero cuando espera años y años y sale la condena y la condena no se condice con la gravedad de los crímenes cometidos, una es revictimizada nuevamente y tiene este sentimiento de impunidad”, sostuvo.

Por lo anterior, Lira considera que la condena de la CIDH a Chile es “realmente una reparación moral, para que la impunidad no sea tan grande y realmente eso también dignifica a nuestros familiares en la forma atroz que los mataron”.

Sobre el fallo, la presidenta de la Agrupación espera que la Corte Suprema acate el «peso moral y político» del mandato de la Corte Interamericana, recordando que la institución «fue cómplice de los crímenes alevosos por 17 años».