A dos días de que se conociera el veredicto del caso SQM, el abogado y exquerellante de la causa, Mauricio Daza, advirtió que en Chile hay “una suerte de cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves de corrupción cometidos por altas autoridades y grandes empresarios”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, afirmó que en nuestro país el problema no es tanto la corrupción, sino que es difícil “poder avanzar en este tipo de investigaciones, especialmente en el ámbito penal y poder obtener condenas que sean reales, efectivas y ejemplificadoras”.
Al igual que otros expertos en derecho penal, Daza señaló que en este caso hubo “un trabajo bastante pobre, no de la Fiscalía, no de los acusadores, sino que de dos personas con nombre y apellido, que son las juezas Barrientos y Santos”. A su juicio, las magistradas recurrieron a “argumentos que van desde lo inverosímil a lo absurdo”.
El abogado mencionó, por ejemplo, el hecho de que se pusiera en duda que las boletas que se emitían a SQM eran ideológicamente falsas y también, el que no se considerara al militante de la UDI, Pablo Longueira, como un funcionario público, cuando su relación con SQM tuvo lugar mientras era senador y luego ministro.
“Se sostiene para negarle la calidad de funcionario público que usó un correo electrónico hotmail y no el correo electrónico institucional”, comentó.
Asimismo, criticó el largo plazo que el tribunal se dio para emitir su sentencia, cuando el mismo veredicto estima que se vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable.
“La jueza Claudia Santos, que es la que tiene que redactar este fallo, resulta que ahora nos viene a decir que se va a demorar diez meses en redactarlo. Sin embargo, ella tuvo todas las tardes, durante dos años y medio, para poder avanzar en el fallo. Por eso es que se litigó solo en las mañanas”, argumentó.
Para Daza, “se ha puesto poca atención en relación a algo que a mí me parece grosero, que es básicamente el veredicto de mayoría 2 a 1, que se funda en este tipo de argumentos que no son propios de jueces profesionales y de una función judicial sería en el contexto de un Estado de Derecho en forma”, sostuvo.
Por otra parte, requerido sobre las declaraciones públicas de quienes fueron absueltos, el mismo Longueira y el candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, Daza recalcó que “el financiamiento ilegal de la política, a través del mecanismo de otorgar facturas falsas por servicios que nunca se prestaron, no es una tesis que haya fracasado”.
“Quizás fracasó lo que se relaciona con la posibilidad de obtener sanciones ejemplares en sede penal en relación a esta materia, que no es algo que yo andaría celebrando públicamente. Eso da cuenta que lo que ha fracasado es el sistema de persecución penal en Chile y lo que ha vencido es la impunidad”, insistió.
