Agrupaciones ambientalistas chilenas y representantes del gobierno de Colombia lanzaron la campaña “Chao combustibles fósiles: ¡Soberanía energética ya!”. El objetivo es que Chile acepte el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) y asuma un rol de liderazgo internacional en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se desarrollará en Brasil el próximo noviembre.
La iniciativa nace de la necesidad de complementar el Acuerdo de París, el cual, si bien incluye a Chile, no tiene menciones específicas a la reducción de combustibles fósiles, cuya explotación podría elevar la temperatura del planeta por sobre los 1,5°C.
El lanzamiento contó con la participación de Andrés Gómez, coordinador para Latinoamérica de, y Luisa Umaña, asesora del Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia, país que tiene un rol protagónico en la campaña a nivel latinoamericano.
Chile, precursor del acuerdo global
Durante el evento, Andrés Gómez destacó que la trayectoria ambiental de Chile lo posiciona como un candidato ideal para ser precursor y promotor de este acuerdo global en la COP30.
“Chile se hizo parte de la Alianza por la Salida del Carbón (PPCA) y también de la Alianza más allá del Petróleo y Gas (BOGA). El Gran Santiago tiene una propuesta de electromovilidad pública que es referente global. Vamos a tener esta próxima COP que se acerca ya en un mes en Brasil y allí Chile podría ser uno de los precursores y promotores de la idea de construir este acuerdo global”, señaló Gómez.
Instituto Mexicano del Petróleo | 18 de diciembre de 2020.
Desde Chile, Eduardo Giesen, del Colectivo VientoSur, destacó que, además de promover la adhesión al tratado, buscan impulsar una transición energética justa que esté centrada en el bienestar público, la soberanía territorial, la sustentabilidad y la equidad social.
Desafíos energéticos y de emisiones
Si bien Chile ocupa un rol clave en la transición energética con una inversión de US$3,8 millones en 2025, ambientalistas advierten que el proceso actual mantiene un enfoque extractivista. Los montos incluyen proyectos que generan conflictos ambientales, territoriales, culturales y con pueblos indígenas, volviendo la transición menos justa para las comunidades.
Las agrupaciones promotoras también recalcaron el aumento de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el país. Desde 1990 hasta 2022 se registró un promedio anual de liberación de esos gases por casi 50 mil kt CO2 equivalente, con la industria energética y el transporte como principales emisores.
El TNPCF está actualmente respaldado por 17 estados-nación y busca ser un acuerdo complementario al Acuerdo de París de 2015.
