Durante el 2025, uno de los debates que marcaron la minuta en el Congreso fue la discusión en torno a la denominada “permisología”. Es decir, el conjunto de trámites que deben realizarse para aprobar proyectos de inversión en el país, y cuya discusión estuvo centrada especialmente en el rol del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en los plazos extensos que desalientan la ejecución de estas iniciativas.

Sin embargo, un reciente estudio del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI) de la Universidad de Chile reveló que, por el contrario a lo que se estableció en la mayoría de los debates, el principal obstáculo está en los permisos sectoriales, y que son aquellos que se gestionan después de obtener la autorización ambiental. De hecho, el análisis de la entidad perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios (FEN) develó que esta etapa concentra alrededor del 82% del costo total por tiempos excesivos de tramitación, con demoras que superan en promedio los mil 500 días.

Así lo condensó el economista y académico de la casa de estudios, Jorge Valverde, en una reciente columna publicada en El Mercurio, donde compartió que los costos asociados a esta burocracia alcanzaron los US$ 7 mil 743 millones en 2024 —unos US$ 6 mil 700 millones solo en la fase sectorial—, equivalentes a entre el 2,5% y 3,3% del PIB.

Conjunto habitacional Patios de Nibsa en San Joaquín. Foto: ATON.

Un sobrecosto que reduce la rentabilidad de las inversiones y que puede aumentar en más de un 60% el capital originalmente planificado. Lo anterior, sin contar otros factores como la judicialización de proyectos y la falta de información pública sobre los trámites, lo que dificulta un diagnóstico más completo del problema.

Tarea que fue enfrentada por la OTEI en un proceso que no estuvo exento de complicaciones. “Era algo que no se había abordado anteriormente por la no disponibilidad de datos“, reveló el director del observatorio. “El principal problema de los permisos sectoriales, a diferencia de los ambientales, es que no existe una ventanilla única y la información no es pública. Con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) uno puede ir a la página del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y armar una base de datos consolidada y calcular esto. Y para los permisos sectoriales eso no existe”.

Por eso, el académico expresó que “la principal innovación que hicimos en este estudio fue calcular el costo a partir de una base de datos que armamos juntando bases de datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con datos de la Superintendencia del Medio Ambiente, que nos permitieron aproximar este tiempo de demora de los permisos sectoriales con una estimación”.

Fachada del Ministerio del Medio Ambiente. Foto: ATON.

En ese contexto, Valverde fue enfático al señalar la centralidad que adopta esa falta de esquematización de los datos en las demoras que, posteriormente, derivan en la demora excesiva de los vistos buenos necesarios para llevar a cabo los proyectos. “Todo este proceso, de cómo tuvimos que armar la base de datos, da cuenta de por qué probablemente los permisos sectoriales demoran más: porque están menos institucionalizados“, expresó el experto.

“Los permisos ambientales, al encontrarse en el SEIA, lo están más. Uno puede tener diferencias, por ejemplo, en la típica discusión donde el SEA dice ‘no, pero nosotros siempre cumplimos con los plazos legales’. Y sí, los cumplen, pero porque las suspensiones no se cuentan, y eso es lo que alarga los plazos. Pero más allá de eso, hay un marco más o menos conocido, información pública disponible. En cambio, en los permisos sectoriales eso no ocurre”, detalló.

En síntesis, una menor cantidad de lo que en economía se conoce como accountability. “Aquí entran cosas de las que uno tenía cierta noción por lo que se iba viendo caso a caso, como el Consejo de Monumentos Nacionales teniendo parado no sé cuánto tiempo tal proyecto; o el permiso a la DGA, etcétera. Me parece que gran parte del problema —y espero que se solucione con la ley que se aprobó recientemente— es que estos permisos, al estar poco sistematizados, no tienen una ventanilla única. Tienen poca accountability, y eso da pie a que se extiendan los plazos de revisión de manera exacerbada”, señaló.

Demoras al margen de la rigurosidad

Al contrario de lo que se podría intuir, el estudio dirigido por Valverde también deja ver un punto no menor en el panorama general de la discusión en torno a la permisología, y que tiene que ver con la buena opinión que tienen los expertos de la existencia de una institucionalidad ambiental. En este caso, el SEA.

“En el panel de especialistas que creamos en el observatorio hubo un acuerdo general en torno a que la institucionalidad es súper necesaria. Porque esto tampoco se trata de decir ‘ok, dejemos pasar cualquier proyecto mal diseñado que tenga efectos importantes de largo plazo sobre el ecosistema’. Eso en ningún caso. Es súper importante tener bien reglado cómo funciona”, clarificó el académico.

“El problema es cuando hay una sobrerregulación de ciertos aspectos que hacen que un proyecto tenga que pasar por múltiples etapas, y donde no esté bien reglado el proceso“, precisó. “Entiendo que eso es parte de la reformulación del SEA. Que hay ciertos procesos en los que se puede avanzar, pero alguien podría impugnar en algún punto y se vuelve atrás. Entonces, no hay una certeza, y esto puede pasar hasta el final. Porque si se judicializa, se puede revocar incluso la RCA”.

Así, el director del OTEI manifestó que “hay problemas de certeza jurídica que son veneno para las inversiones. Necesitamos que esto esté bien regulado, pero igualmente que el inversionista tenga certeza de que, a medida que va pasando las etapas, su proyecto tiene una probabilidad mayor de ejecutarse, que es como debería ser”.

Construcción teleférico Bicentenario. Foto: ATON.

Un escenario de causas y efectos capaces de afectar la salud de la economía del país: “Hoy no puedo decir causalidades a partir de esto, pero al menos hay una correlación súper clara en que el costo de estos permisos necesarios para llevar a cabo los proyectos de inversión ha ido aumentando en el tiempo. Eso coincide con que las cifras de inversión del país en los últimos 10 años han estado planas. La inversión, que es uno de los principales motores de crecimiento económico, no ha aumentado. Y si no hay mayor inversión, el PIB del país no crece“.

“Hay una relación muy interesante que mirar. Finalmente, si tengo una inversión por 100 mil millones de dólares, y cuando hago la evaluación del proyecto calculo que me voy a demorar tres años en construirlo y que al año cuatro empiezo a operar. Y saco todas las cuentas de rentabilidad en base a eso. Pero si me demoro seis años en vez de tres hay un costo económico y financiero que estoy absorbiendo. Eso es lo que reflejan las cifras que sacamos en el informe: ese 60% de los sectoriales y 70% si tomamos los ambientales es, básicamente, el costo de oportunidad de tener los recursos hundidos y que no estén generando rentabilidad“, agregó el economista.

Y aunque valoró la aprobada ley de permisos sectoriales, Valverde apuntó al rol que jugará la reforma al SEA que actualmente se discute en el Congreso. “Ahí voy a hacer mía la opinión del mismo comité de expertos. Tenemos una pregunta, sobre si ellos veían que las modificaciones que se están proponiendo —porque esto ya pasó al Senado— van en la dirección correcta en términos de mejorar los cuellos de botella que se observan. Y la respuesta mayoritaria de los especialistas es que no, que no corrige los problemas de fondo. Ahí hay que mirar. Que, efectivamente, es una ley que lleva mucho tiempo tramitándose y que de verdad necesitamos, pero que salga bien. No algo para que todo siga igual”, cerró el académico de la FEN.

Jorge Valverde, economista y director del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI) de la Universidad de Chile.