El cierre de gobierno en Estados Unidos cumplió 40 días, convirtiéndose oficialmente en el más largo en la historia del país. 40 días de incertidumbre, parálisis administrativa y desgaste político que han afectado a millones de personas, desde funcionarios hasta beneficiarios de programas sociales.

Durante la tarde del domingo 9 de noviembre, demócratas y republicanos alcanzaron un principio de entendimiento en el Senado para reabrir el gobierno federal, cerrado desde el pasado 1 de octubre. Fue un paso crucial, aunque no definitivo, en una larga cadena de negociaciones.

Horas antes, el presidente Donald Trump se mostraba optimista ante la prensa. “Estamos cerca de lograr un acuerdo”, decía. Y tuvo razón, al menos parcialmente. Una nueva propuesta presentada por el líder republicano en el Senado, John Thune, logró convencer a ocho senadores demócratas moderados, entre ellos Tim Kaine, Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan.

Votación en el senado estadounidense para destrabar el cierre gubernamental. Vía US. Senate Livestream. senate.gov.

Con sus votos, los republicanos alcanzaron los 60 apoyos necesarios para aprobar un voto de procedimiento, un paso clave que permite avanzar con el proyecto de ley que reabre el gobierno federal. Aunque todavía faltan etapas legislativas —la aprobación final en el Senado, el visto bueno de la Cámara de Representantes y la firma presidencial—, el camino parece más despejado.

El acuerdo, cuyos detalles aún se afinan, garantiza la financiación del gobierno hasta el 30 de enero. Pero si no se logra un consenso antes de esa fecha, el país podría enfrentarse nuevamente a otro cierre. Una tregua frágil, temporal y con mucho trasfondo político.

Entre los puntos concretos del pacto se incluye el pago retroactivo a todos los empleados federales que trabajaron sin salario o fueron suspendidos durante el cierre, la reincorporación de más de 4 mil trabajadores despedidos y la restauración de programas esenciales como el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que beneficia a más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos. De hecho, el inminente colapso de este programa fue lo que, según fuentes del Congreso, terminó por presionar a los demócratas a aceptar el acuerdo.

A cambio, los republicanos se comprometieron a permitir en diciembre una votación separada sobre la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado Asequible, el conocido “Obamacare”, que expira a fines de 2025 y ha sido el principal punto de conflicto.

Trump ha sido un crítico constante del Obamacare, al que califica como una política fallida. Según él, los demócratas deben dejar de “aterrorizar al pueblo estadounidense” y permitir que el gobierno vuelva a funcionar. El acuerdo actual no deroga el sistema, pero tampoco garantiza su continuidad, lo que deja abierta una batalla política más adelante.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Casa Blanca.

El voto de procedimiento fue posible gracias al apoyo de cinco demócratas que desobedecieron la línea de su partido, además de los mencionados anteriormente. Sus votos resultaron decisivos, pero al mismo tiempo generaron una tormenta interna dentro del Partido Demócrata.

El líder de la bancada, Chuck Schumer, votó en contra del acuerdo y expresó su rechazo en duros términos: “No puedo apoyar este acuerdo de buena fe”. En la misma línea, el senador Bernie Sanders calificó la decisión de los moderados como un “error terrible”, acusándolos de ceder ante Trump en un momento en que las encuestas mostraban que la opinión pública culpaba al presidente y a los republicanos por el cierre del gobierno.

El contraste no podía ser mayor. Hace apenas una semana, los demócratas celebraban importantes triunfos electorales, como la victoria del socialista democrático Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York. Un éxito del ala más progresista del partido. Pero ahora, con este acuerdo, la fractura interna quedó expuesta, la base progresista acusa a los moderados de haber entregado una victoria política al presidente republicano.

El escenario deja un sabor amargo para los demócratas. No consiguieron garantías para extender los subsidios de salud y apenas obtuvieron la promesa de una futura votación, sin perspectivas claras de aprobación. En cambio, Trump sale fortalecido.

Las consecuencias políticas podrían ser profundas. La crisis de identidad dentro del Partido Demócrata aún sigue sin una respuesta clara y sigue dividido entre el ala tradicional, moderada y pragmática, y una nueva generación de líderes más progresistas, representados por figuras como Ocasio-Cortez, Sanders o Mamdani. Los Socialistas Democráticos de América, un movimiento que impulsa candidatos dentro del propio partido, ha crecido exponencialmente en los últimos años, ganando influencia y presencia territorial.

Aunque es pronto para hablar de una ruptura, las tensiones son evidentes. Los moderados temen que la retórica más combativa de los progresistas aliena al votante de centro, mientras que los sectores de izquierda sostienen que esa estrategia es precisamente la que moviliza a los jóvenes y a las clases trabajadoras. La división se agrava justo cuando el país se encamina hacia las elecciones de medio término de 2026, y con un Donald Trump que ya ha dejado entrever su intención de volver a presentarse en 2028.

Senado de Estados Unidos.

Mientras tanto, el cierre del gobierno ha tenido un costo social y económico importante. Cientos de miles de empleados federales fueron suspendidos o trabajaron sin paga durante más de un mes. Familias enteras enfrentaron deudas, atrasos en hipotecas y la imposibilidad de pagar servicios básicos.

El impacto más visible se sintió en los aeropuertos, donde los controladores de tráfico aéreo, sin recibir salario, comenzaron a reportar ausencias masivas por enfermedad, provocando retrasos y cancelaciones en todo el país. Agencias de seguridad fronteriza, nuclear y sanitaria funcionaron con personal mínimo, y la NASA suspendió temporalmente varias misiones justo en medio del fenómeno astronómico del cometa 3I/Atlas, que atraía la atención mundial.

El Departamento de Trabajo y el de Comercio interrumpieron la publicación de datos clave, lo que dejó a la Reserva Federal sin referencias para orientar su política monetaria. Las pequeñas empresas, que dependen de préstamos federales, quedaron paralizadas. Los visados y trámites migratorios se retrasaron semanas, y los contribuyentes enfrentaron la suspensión parcial del Servicio de Impuestos Internos.

Además, el fracaso en extender los subsidios del Obamacare ya empieza a sentirse. Las aseguradoras anunciaron aumentos en las primas de salud para 2026, afectando a millones de estadounidenses que dependen de esos programas.

En términos económicos, el cierre costará cientos de millones de dólares en salarios retroactivos y pérdidas productivas, sin contar el daño a la confianza pública en el sistema político. Pero más allá de las cifras, el impacto simbólico es aún mayor, muestra a una nación polarizada, incapaz de encontrar consensos duraderos incluso en los temas más básicos de gobernabilidad.

Así, Estados Unidos vive un nuevo capítulo de su larga crisis política, una que ya no enfrenta solo a republicanos y demócratas, sino también a los propios demócratas entre sí. Un país donde la pugna por el control del discurso, el poder y la narrativa se libra tanto en los pasillos del Capitolio como en las redes sociales, mientras la ciudadanía observa con escepticismo.

El cierre puede terminar en cuestión de días, pero la fractura política que lo provocó seguirá abierta. Y lo que está en juego va más allá del presupuesto, es la dirección futura del país, su identidad política y el liderazgo de la que aún sigue siendo la primera potencia del mundo.