El Vigesimosegundo Juzgado Civil de Santiago dictó una sentencia en la que condena al Fisco al pago de una indemnización total de 205 millones de pesos a favor de Juan Carlos Ramírez Cárdenas y su grupo familiar, por ser víctimas de un crimen de lesa humanidad ejecutado por agentes de la Fuerza Aérea en 1973, en Punta Arenas.
La jueza Lorena Cajas Villarroel desestimó todas las objeciones presentadas por el Estado, que incluían la prescripción, la falta de legitimación activa y la idea de que la justicia transicional ya había reparado el daño. Para la magistrada, las pruebas presentadas acreditan que Ramírez y su familia “fueron víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales”.
En su fallo, la jueza sostuvo que “ninguna suma de dinero puede borrar el sufrimiento que la familia ha debido cargar por décadas”. No obstante, estableció una compensación por el daño moral, ordenando el pago de 70 millones de pesos a Juan Carlos Ramírez, en su calidad de víctima directa, y 135 millones de pesos que serán distribuidos entre su esposa y sus tres hijos. El texto judicial reconoce que sus vidas también se vieron profundamente afectadas “por las graves vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado en tiempos de la dictadura militar al padre de familia”.
La magistrada enfatizó que los montos fueron determinados tras analizar las particularidades de este caso, a pesar del incremento de demandas similares en los últimos años. Cada historia, afirmó, “tiene elementos propios que deben ser ponderados individualmente”. La indemnización deberá ser pagada reajustada de acuerdo al IPC y con intereses corrientes en caso de que el Estado incurra en mora, hasta que el pago sea efectuado en su totalidad.
Juan Carlos Ramírez, quien actualmente tiene 72 años y reside en la misma ciudad donde sufrió las agresiones, fue víctima de detención ilegal y torturas entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 1973. En ese entonces, con 22 años de edad, trabajaba en el Ministerio de Educación en el área de imprenta y cursaba estudios vespertinos para completar su enseñanza media. Vivía con sus padres y hermanos, y militaba en el Partido Comunista.
Su calvario comenzó la madrugada del 20 de octubre, cuando, mientras se dirigía a su trabajo, fue interceptado por funcionarios de la Fuerza Aérea. Fue detenido sin orden judicial y trasladado a la Base Aérea Bahía Catalina. El tribunal dio por acreditado que en ese lugar fue sometido a torturas de extrema crueldad, que incluyeron lanzamientos al mar en el Estrecho de Magallanes durante la noche, además de golpes y otros apremios ilegítimos.
De acuerdo con su testimonio, durante su reclusión fue interrogado insistentemente sobre armas que supuestamente escondía, sobre personas a las que no conocía, y sobre un denominado “PLAN Z”. Al no proporcionar las respuestas que sus captores esperaban, fue sometido a graves actos de tortura: golpes de corriente eléctrica en el pecho, testículos y pies; y golpizas reiteradas con puños en el estómago y culatazos en diversas zonas del cuerpo. Según se indica, las aplicaciones eléctricas lo dejaban descompensado, inmovilizado y sin fuerza, postrado en el suelo sin posibilidad de reacción.
Cabe destacar que el caso de Ramírez ya contaba con un reconocimiento previo por parte del Estado, al figurar en la Comisión Valech I como víctima de prisión política y torturas. Este antecedente, respaldado por la Ley 19.992, resultó fundamental para sustentar la demanda que hoy culmina con esta nueva condena en contra del Fisco.
