El exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Miguel Krassnoff, fue condenado nuevamente por múltiples delitos de lesa humanidad comeditos en el marco de la dictadura civil-militar liderada por Augusto Pinochet. Esta vez, la magistrada en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó una sentencia de 20 años de presidio en su contra por el secuestro calificado de 15 prisioneros políticos y la sustracción de dos menores de edad, según lo establecido en el fallo judicial.
Los hechos objeto de la condena habrían ocurrido entre enero y septiembre de 1974 en el centro de detención clandestino conocido como “Londres 38”, perteneciente a la DINA. El fallo describe que en este recinto se realizaron de manera sistemática “detenciones ilegales, interrogatorios con tortura física y psicológica, apremios ilegítimos, vejámenes sexuales, ejecuciones y desapariciones forzadas”.
De esta forma, en la resolución se establece que Krassnoff actuó como autor del secuestro calificado de Osvaldo Zamorano Silva, Viola Todorovic Gallo, Mario Aguilera Salazar, Silvia Vergara Rifo, Fredy Salgado Urriola, René Altamirano Cornejo, Óscar Troncoso Muñoz, Atenas Caballero Nadeau, Juan Carlos Caballero Nadeau, Samuel Houston Dreckmann, René Lizama Lira, Mario Artigas Contreras y Blanca Rosas Bustos Reyes, además de la sustracción de los menores Mónica Alvarado Inostroza y Hugo Chacaltana Silva.
Cabe destacar que, en su rol dentro de la estructura represiva, Krassnoff era jefe del llamado “grupo Halcón”, dedicado a la persecución de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Así, el fallo recalca que la DINA trabajó mediante una “cadena de información y mando”, de forma tal que los agentes dependían de sus superiores para operar en los centros clandestinos.
Krassnoff, de 79 años según los informes, acumula más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de mil años de prisión en total si se consideran todas las causas. Además, la sentencia incluye una indemnización civil a favor de las víctimas, que deberá ser pagada por el Estado de Chile (el Fisco) como parte de la reparación por los hechos.
