Marcado por el clima electoral, se realizaron este viernes las dos sesiones programadas de la Comisión revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, respecto de los sobrecobros de la empresa transmisora Transelec y los errores en el cálculo de las tarifas eléctricas.

Ante las diversas dificultades que atravesó la instancia a lo largo del día para revisar el texto acusatorio y la imposibilidad de escuchar a más partes involucradas, se determinó no dar a lugar a la votación del libelo durante esta jornada, por lo que no se despachara a la Sala antes de las elecciones presidenciales como esperaban en la oposición.

Esta instancia está integrada por mayoría oficialista, pero en la primera sesión solo acompañaron al presidente de la comisión, Jaime Mulet, los parlamentarios de oposición Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN). Ausentes estuvieron Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA), esta última sumándose en la sesión de la tarde.

La sesión de la mañana no se pudo realizar con normalidad debido a la ausencia de los representantes de las empresas eléctricas Enel, Colbún, Transelec y Aeges Geners. Sin embargo, enviaron sus excusas, entre las que resaltó la de Transelec, señalando que sus esfuerzos están en “corregir la inconsistencia detectada en su valorización de activo y asegurar que los montos anunciados públicamente lleguen de manera rápida y adecuada a cada uno de los clientes”.

Comisión revisora de la Acusación Constitucional al exministro Diego Pardow. Foto: Aton.

Por la tarde, la presencia del abogado defensor del exministro Pardow, Francisco Cox, excusó la inasistencia del otrora titular del Ministerio de Energía, indicando que “el citado era yo y no se me hizo una rectificación de que debía concurrir el exministro Pardow”.

Sobre el fondo del asunto, Cox apuntó al marco constitucional para defender al exministro. “Esto es un juicio, tiene características especiales, pero es un juicio. ¿Qué se deriva de eso? Que debe haber pleno respeto al debido proceso del señor Diego Pardow”, declaró en primer lugar el abogado defensor.

En esa línea, manifestó que “llama la atención la acusación constitucional por su variedad”. “Por su carencia de hechos concretos sobre los cuáles se sustenta. Pero más grave aún es que no se enmarca en ninguna de las causales establecidas en el artículo 52 de la Constitución de la República”, argumentó Cox.

“De prosperar esta acusación constitucional, lo que ocurriría es que en el futuro, los ministros de Energía, tendrían que tener un equipo equivalente, con la capacidad técnica, para revisar el informe tarifario provisional y definitivo”, indicó acerca del decreto que debe estar a cargo de la Comisión Nacional de Energía y no del ministro.

El defensor argumentó que la acusación constitucional “se precipitó” y se acogió a la causal de ‘última ratio’, sosteniendo que “la infracción a la Constitución tiene que ser grave, no los efectos comunicacionales”.

Abogado Francisco Cox en Comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro Diego Pardow. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Además, en la instancia Cox interpelado por el diputado Mulet acerca de un eventual conflicto de interés por la relación de unión civil entre Diego Pardow y Catalina Iñiguez, abogada socia del Estudio Ferrada Nehme que defendió a Transelec en juicios anteriores, y que no fue declarado por la exautoridad. Al respecto, el abogado aclaró que “ese no es un hecho que esté en la acusación constitucional”.

“Hay que ceñirse a los hechos que son materia de la acusación constitucional. En el libelo que yo revisé no hay ninguna referencia a la declaración de intereses y patrimonios del señor Pardow”, complementó Cox.

Desde la oposición, los parlamentarios Bobadilla y González acusaron a las partes involucradas de dilatar la eventual votación de la acusación constitucional por concepto electoral. Esto, ante la posibilidad de que se votara este sábado previo a las elecciones.

“Primero, se ocultó Pardow para no ser notificado y dilatar este proceso. Ahora se ocultan los privados, no llegan a la convocatoria”, cuestionó González. “La ciudadanía tiene el derecho a saber cuál va a ser la postura de cada uno de los diputados y diputadas frente a esta tremenda negligencia”, agregó el congresista ante la petición de que se vote el texto antes de las elecciones.

La comisión revisora seguirá sesionando este sábado en la sede del Congreso Nacional en Santiago y se buscará insistir en la presencia de los representantes de las empresas involucradas.