Japón vive uno de los giros políticos, económicos y estratégicos más relevantes de los últimos años. El nuevo gobierno, encabezado por Sanae Takaichi —la primera mujer en llegar al cargo y conocida como la “Dama de Hierro Nipona”—, impulsa un proyecto que combina un nacionalismo duro con políticas económicas expansivas y una agenda de seguridad que está provocando un choque con otro importante actor de la región: China.

“Abenomics 2.0 o Sanaenomics”

En el plano económico, Takaichi apuesta por una batería de medidas que buscan reactivar el crecimiento, contener la inflación y proyectar a Japón como una potencia tecnológicamente competitiva. Su plan, bautizado por algunos como “Abenomics 2.0” o “Sanaenomics”, sostiene una receta de tres pilares, estímulo fiscal, flexibilización monetaria y reformas estructurales. Un camino que intenta responder a un problema central, el bajo crecimiento que arrastra el país desde los años 90 y el deterioro del poder adquisitivo producto del aumento del costo de vida.

El gobierno aprobó recientemente un paquete de estímulo de unos 20 billones de yenes, equivalente a más de US$130.000 millones de dólares. Con ese dinero, Takaichi busca apoyar a las familias afectadas por la inflación, subsidiar la energía, ofrecer ayudas a empresas estratégicas y reforzar iniciativas de innovación.

Además, propone una profunda reforma del mercado laboral para aumentar la productividad, flexibilizar contratos y permitir modelos de trabajo más adaptables a la era digital. Sin embargo, esta reforma ha generado dudas entre los trabajadores, que temen que la flexibilización abra la puerta a extensiones de jornada y precarización, en un país marcado por el karoshi, la muerte por exceso de trabajo.

Pero lo más delicado de su programa es la relación con el Banco Central de Japón. Mientras el gobierno apuesta por mantener una política monetaria expansiva —mantener tasas bajas para estimular el consumo y la inversión—, la entidad bancaria tomó la decisión opuesta, iniciar el fin de su política ultralaxa. Tras tres décadas de tasas cercanas a cero e intervenciones gigantescas en el mercado de bonos para controlar la curva de rendimientos, Japón comenzó a elevar las tasas de interés. Una decisión que, aunque suene técnica, tiene repercusiones globales.

Durante años, los mercados internacionales se acostumbraron a que Japón fuera la fuente más estable de financiamiento barato del planeta. Con tasas cero, inversionistas de todo el mundo pedían préstamos en yenes para invertir en activos de mayor retorno en Estados Unidos, Europa, América Latina o el sudeste asiático. Esta práctica, conocida como yen carry trade, alimentó la liquidez global, fortaleció mercados emergentes, financió deuda pública y permitió burbujas tecnológicas.

Pero si pedir prestado en yenes deja de ser barato, toda esa arquitectura comienza a desarmarse. El cambio en la política monetaria japonesa está provocando que los inversionistas liquiden activos internacionales para repatriar capital. Fondos de pensiones, aseguradoras y bancos japoneses —que poseen billones de dólares en bonos estadounidenses, deuda europea e inversiones en mercados emergentes— comienzan a vender parte de sus carteras en el exterior para volver a comprar deuda japonesa más rentable. Esto incentiva una apreciación del yen, encarece el crédito en Estados Unidos y Europa, y reduce la disponibilidad de financiamiento global.

El impacto es enorme porque coincide con un momento sensible para sectores altamente dependientes del capital barato, como la inteligencia artificial, la energía renovable y las startups tecnológicas.

Empresas que se valoran más por sus expectativas de ganancias futuras que por sus ingresos presentes se ven especialmente golpeadas cuando suben las tasas globales y disminuye la liquidez. Algunos economistas ya advierten que el retiro del ahorro japonés del mundo puede acelerar el pinchazo de la burbuja de la IA y tensionar aún más la economía estadounidense. Japón deja de ser el gran prestamista complaciente del sistema financiero internacional y comienza a replegarse, alterando las cadenas de inversión y el comercio global.

Giro militarista y enfrentamiento con China

Ese giro económico y financiero se entrelaza con el cambio más polémico de todos, la agenda de seguridad. Sanae Takaichi está adoptando una posición firme, confrontacional y mucho más explícita que sus antecesores respecto a China. Su plan contempla elevar el gasto militar al 2% del PIB, duplicando un presupuesto históricamente moderado y enviando una señal inequívoca a la región.

La pieza central del proyecto de Takaichi es la reforma constitucional. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón opera bajo una Constitución pacifista cuyo Artículo 9 renuncia al uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales. Aunque el país cuenta con Fuerzas de Autodefensa, su capacidad de acción está limitada a la defensa estricta del territorio japonés. La primera ministra quiere cambiar eso, revisando dicho artículo para legitimar abiertamente a las Fuerzas de Autodefensa y consagrar la posibilidad de una “autodefensa colectiva”, es decir, intervenir militarmente si un aliado —especialmente Estados Unidos— es atacado.

Fue precisamente este punto el que detonó el más reciente conflicto diplomático con China. Durante una sesión parlamentaria, Takaichi declaró que un ataque chino a Taiwán podría considerarse una amenaza a la supervivencia de Japón, habilitando una intervención militar conjunta con Estados Unidos. Es la afirmación más directa hecha por un líder japonés desde los años 70 respecto a un posible conflicto en el estrecho de Taiwán.

La respuesta china fue contundente. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las declaraciones de “absurdas”, citó al embajador japonés en Pekín y exigió una explicación inmediata. A ello se sumó la reacción pública y descontrolada de un cónsul chino en Osaka, que publicó —y luego borró— un mensaje amenazante dirigido a Takaichi. Una señal clara de lo extremadamente sensibles que son estos temas para la superpotencia asiática.

Pekín también adoptó medidas económicas en represalia. Reforzó la prohibición de importar mariscos japoneses —un sector para el cual el mercado chino es vital— y emitió alertas de viaje que desencadenaron cancelaciones masivas de vuelos desde China hacia Japón. Tokio respondió pidiendo a sus ciudadanos en territorio chino evitar manifestaciones y extremar precauciones. El deterioro diplomático se hizo evidente cuando Japón desplegó aviones militares tras detectar un dron chino sobrevolando una zona cercana a las islas más al sur del archipiélago.

Todo esto ocurre mientras Japón fortalece alianzas con Corea del Sur, Filipinas y Australia, y realiza ejercicios conjuntos cada vez más frecuentes con Estados Unidos. Desde la perspectiva China, Japón está consolidando un bloque de contención en su contra.Desde la perspectiva japonesa, China se está volviendo más agresiva en el estrecho de Taiwán y en el Mar de China Oriental, por lo que Tokio debe prepararse para un escenario de confrontación.

El aumento del gasto militar —que demanda enormes recursos fiscales— y la reforma constitucional, que redefine las prioridades de defensa, están ocurriendo al mismo tiempo que Japón modifica por completo su rol económico global. Mientras repatria capital y deja atrás la era de liquidez barata que benefició a los mercados internacionales, también acelera una militarización que preocupa a China y reconfigura la estabilidad del Indo-Pacífico.

Japón está marcando el inicio de una nueva etapa, menos dependiente, más asertivo y, sobre todo, más dispuesto a tomar decisiones que impactan directamente en la economía global y en el equilibrio estratégico de Asia. Bajo el liderazgo de Takaichi, el país se mueve hacia un modelo de mayor autonomía financiera y mayor protagonismo militar. Y el mundo, inevitablemente, tendrá que adaptarse a la forma en que Japón está redefiniendo su papel en el siglo XXI.