El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, expresó duras críticas respecto a las revelaciones que apuntan a una transferencia de $1,6 millones de pesos al senador Matías Walker por parte del conservador de bienes raíces Sergio Yáber, figura actualmente investigada en el marco de una de las aristas del caso Muñeca Bielorrusa.

Ilabaca calificó el caso como parte de una trama más amplia de vínculos irregulares entre actores políticos y operadores del ámbito judicial. “Creo que el vínculo no solamente de Yáber, sino que de otros (…) es absolutamente complejo y es absolutamente una relación incestuosa. Y creo que ese tipo de cuestiones tenemos que detenerlas”, señaló el diputado.

No obstante, el parlamentario mostró su sorpresa ante los antecedentes que involucran al senador del Partido Demócratas con Yáber. “No es posible entender cómo un senador de la República, con el peso que tiene Matías, mantenga este tipo de relaciones con un operador judicial como era Yáber”, afirmó.

Ilabaca además catalogó a Sergio Yáber, no solo como un funcionario del sistema de bienes raíces sino como «un operador judicial». «Uno más dentro de la esta trama donde Hermosilla era quien los lideraba, donde Ulloa lo lideraba desde la sombra, y eso lamentablemente lo único que hace es desprestigiar la acción política”, agregó, en referencia al caso que involucra al abogado Luis Hermosilla y al exministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa.

El diputado sostuvo que los hechos, de confirmarse, representarían un riesgo grave para la credibilidad de las instituciones. En ese sentido, hizo un llamado directo al senador Walker a colaborar con las investigaciones en curso. “Yo espero que el senador Matías Walker también entregue todos los antecedentes ante los organismos públicos que están llevando adelante la investigación, y tengo fe de que los hechos sean tal cual él ha declarado públicamente”, concluyó.

Cabe recordar que el propio senador Walker entregó su replica al respecto, si bien reconoció el pago de parte de Sergio Yáber, defendió que: “Contrariamente a lo que se podría insinuar, esta relación no ha significado influencia en ninguna de las acciones o decisiones relacionadas con funciones públicas que cada uno ejerce».