La idea de que las democracias están en crisis ha tomado fuerza durante los últimos años, particularmente en Occidente, una región que por décadas concentró la mayor cantidad de sistemas políticos considerados democráticos en el mundo. Sin embargo, hoy ese panorama está bajo tensión.

Con esta preocupación global de fondo —y en medio de la propia coyuntura nacional marcada por una segunda vuelta presidencial decisiva— el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile organizó el seminario “Crisis de la democracia, escenario global y desafío en Chile”, donde participaron representantes del Instituto de Estudios de la Sociedad, Nodo XXI y académicos de la Casa de Bello, quienes compartieron análisis y reflexiones sobre este fenómeno que avanza de manera visible en buena parte del mundo.

En este contexto, los expertos presentes en el encuentro analizaron el concepto de democracia en Occidente. Cuando se habla de “Occidente”, normalmente se incluye a América del Norte, Europa Occidental y países con vínculos culturales e institucionales similares, como Australia y Nueva Zelanda. Pero también, aunque muchas veces se omita, América Latina entra dentro de este espectro civilizatorio en términos de tradición democrática. Y por décadas, esta macro-región, que comprende al continente americano, concentró las democracias consideradas más plenas o de mayor calidad, según índices como The Economist o V-Dem.

Aun así, pese a ese supuesto blindaje institucional, Occidente no ha sido inmune al retroceso democrático. Los principales indicadores internacionales muestran que las tensiones se han intensificado y que la calidad de estas democracias se está erosionando por fenómenos nuevos y actores que desafían el modelo.

Edificio del Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile. Vía IEI UChile.

Los datos más recientes son ilustrativos, alrededor del 71% de la población mundial vive hoy bajo regímenes autocráticos, cifra que contrasta con el 48% de hace una década. Además, el nivel de democracia del ciudadano promedio volvió a estándares similares a los de 1985 y por primera vez en 20 años, hay más autocracias que democracias en el mundo, de acuerdo al mismo medio citado.

Este retroceso, que la academia desde la década de 2010 bautizó como backsliding, se entiende como un proceso gradual de erosión de instituciones, normas y libertades esenciales. No se trata de un golpe de Estado tradicional, sino de una degradación lenta, muchas veces liderada por gobernantes electos que concentran poder utilizando mecanismos formales o informales.

Ejemplos sobran, y algunos nos quedan muy cerca. El caso de Donald Trump en Estados Unidos es emblemático o de Viktor Orbán en Hungría, pero incluso cruzando la cordillera podemos observar con claridad el fenómeno.

Argentina, por ejemplo, sigue siendo clasificada como una “democracia imperfecta”, pero informes de V-Dem advierten señales de autocratización y retroceso en indicadores clave. La polarización —la llamada “grieta” en el país trasandino— se ha convertido en uno de los factores más corrosivos, ubicando al país entre los más polarizados del mundo. La hostilidad política, exacerbada además por el discurso confrontacional del presidente Javier Milei, ha erosionado la deliberación pública y profundizado la desconfianza en las instituciones.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Presidencia de Argentina.

La violencia verbal y simbólica en el debate político se vuelve un terreno fértil para la deshumanización del adversario. Y cuando el rival se transforma en enemigo, la legitimación de la violencia deja de ser un límite inquebrantable.

En este escenario, la presidenta de Nodo XXI y panelista del seminario, Pierina Ferretti, profundizó en los riesgos de este tipo de antagonismos. “La política es discusión y desacuerdo, pero requiere mecanismos civilizados de resolución de conflictos. La deshumanización del adversario, la crueldad —física, digital o verbal— va corriendo los límites de lo que consideramos legítimo, y eso es muy peligroso para cualquier comunidad política”, afirmó en conversación Radio y Diario Universidad de Chile.

Tras esta reflexión sobre la polarización y la hostilidad en el debate público, otro caso emblemático de retroceso democrático aparece en Centroamérica, El Salvador.

En menos de una década, el país ha consolidado un proyecto de concentración de poder encabezado por Nayib Bukele, quien ha utilizado la crisis de seguridad para justificar medidas excepcionales. Entre ellas, la suspensión de derechos constitucionales, la captura del poder judicial, la militarización de la seguridad interna, la restricción del acceso a información pública o la más reciente elección indefinida, mientras la famosa mega cárcel acumula denuncias de violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y en muchos casos de presos inocentes.

Pierina Ferreti, presidenta de la Fundación Nodo XXI. Vía X @PierinaFerrett1.

Paradójicamente, a pesar de la gravedad institucional, Bukele ha logrado un nivel de popularidad que traspasa fronteras, especialmente por la velocidad con que redujo la violencia de uno de los países más peligrosos del mundo. Muchos ciudadanos, dentro y fuera de El Salvador, ven en su figura una respuesta urgente y eficaz, independientemente del costo para las libertades democráticas.

Para Ferretti, en el caso chileno, este respaldo a medidas duras no necesariamente se traduce en un deseo de autoritarismo permanente, sino en una búsqueda desesperada de soluciones rápidas frente a instituciones lentas y debilitadas.

“El problema no es que la gente quiera soluciones rápidas, sino que las instituciones son demasiado lentas. No vemos un deseo por una dictadura, sino una mayor disposición a aceptar medidas autoritarias específicas para problemas específicos. Las personas creen que mientras no sean delincuentes, esas medidas no las alcanzarán (…) pero cuando se dan cuenta de lo contrario, suele ser demasiado tarde”, apuntó.

Este fenómeno, de “autoritarismo selectivo”, se ha convertido en uno de los mayores motores del retroceso democrático global, pero muy especialmente en América Latina. La lógica es simple, la ciudadanía está dispuesta a tolerar o incluso apoyar ciertas medidas autoritarias si consideran que éstas resolverán problemas urgentes, como la inseguridad o la corrupción.

El problema, sin embargo, es que un líder que consigue permiso social para saltarse las reglas, también obtiene permiso para debilitar las instituciones que lo limitan. Una vez abierto ese camino —ya sea para combatir el crimen o para enfrentar una crisis excepcional— el uso del poder concentrado rápidamente se expande hacia otros ámbitos, silenciar a la oposición, controlar los medios, reprimir protestas o perseguir adversarios políticos.

Un ejemplo claro es el discurso de Donald Trump, quien ha calificado a sus oponentes como “enemigos”, ha insinuado castigos extremos contra políticos rivales y utilizado la frase “enemigos del pueblo” para desacreditar a la prensa crítica. Estas prácticas erosionan la legitimidad de la oposición y destruyen los mecanismos de rendición de cuentas.

Donald Trump. Foto: Agencia Aton.

Lo que comienza como una excepción, se convierte lentamente en la regla. Y cuando la normalidad democrática se desdibuja, es solo cuestión de tiempo para que la ciudadanía se encuentre sin las garantías que alguna vez consideró básicas.

Aunque el autoritarismo selectivo pueda parecer una solución práctica para problemas urgentes, su costo real es altísimo. A corto plazo puede ofrecer sensación de orden, pero a largo plazo implica la pérdida de las instituciones que garantizan justicia, estabilidad y libertad. Es un pacto peligroso en el que, en nombre de la eficacia, la ciudadanía entrega su libertad duradera a cambio de una seguridad temporal.

Sin embargo, los expertos coinciden en que, en la experiencia chilena, la institucionalidad ha logrado sortear diversos momentos de tensión democrática, canalizando los desafíos por vías institucionales. Un ejemplo fue el estallido social, que —más allá de las distintas interpretaciones sobre sus causas, desarrollo y consecuencias— puso a prueba el orden democrático. La respuesta vino por la vía electoral y, aunque los procesos constitucionales no prosperaron, éstos permitieron mantener en pie la institucionalidad. Ello ha destacado el caso chileno en el contexto regional, mostrando a un país con capacidades para enfrentar amenazas y desafíos. Queda por ver, no obstante, hasta qué punto esa institucionalidad podrá seguir sosteniéndose.