En medio del debate por modernizar los servicios vinculados a notarías, archivos y registros, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó los alcances de la reforma promulgada en septiembre, subrayando que su propósito central es asegurar procesos más transparentes y alejados de cualquier influencia política. La iniciativa surge como respuesta a episodios que han generado preocupación pública, entre ellos la llamada trama bielorrusa y situaciones ocurridas en oficinas locales como el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.

Gajardo recordó que la aprobación de esta normativa fue el resultado de un extenso camino legislativo. “Después de una larga tramitación en el Congreso Nacional logramos aprobar una reforma que modifica de manera significativa el sistema de nombramiento”, señaló.

Fin a la Discrecionalidad y Nombramientos por Mérito

El ministro explicó que hasta ahora el mecanismo combinaba concursos del Poder Judicial con designaciones discrecionales del Ejecutivo. Con la nueva ley, el proceso será administrado por el Servicio Civil mediante concursos “objetivos basados en mérito y capacidades, abiertos a todos los postulantes que cumplan los requisitos”.

El secretario de Estado recalcó que la implementación del nuevo sistema reduce los márgenes de discrecionalidad y fortalece los criterios técnicos: “Si hay una diferencia significativa entre los puntajes, el nombramiento es inmediato. Si no, el Ejecutivo recibe una lista prelada y deberá justificar ampliamente si no nombra al primero de la lista”.

Prohibición de Familiares Directos en Cargos Clave

Respecto de casos que han generado controversia en el pasado —como la designación de la hija del senador UDI, Sergio Gahona—, el ministro sostuvo que la reforma incorpora prohibiciones expresas que evitan situaciones similares:

“Ningún familiar directo de diputados, senadores, ministros o miembros de las altas cortes podrá ser nombrado. Esto elimina cualquier duda de interferencia política y asegura que los cargos se otorguen por mérito”, afirmó Gajardo.

El ministro destacó que la normativa también aborda materias internas de funcionamiento al establecer reglas para suplencias e inhabilidades aplicables a notarios, archiveros y conservadores. Estas medidas buscan reforzar la legitimidad del sistema frente a una ciudadanía que ha visto deteriorada su percepción del aparato judicial.

“La confianza en la justicia ha estado en niveles históricamente bajos y recuperar esa confianza es clave para nuestra democracia. Esta reforma busca que las personas que ejerzan estos oficios lleguen por sus méritos y capacidades, y no por parentesco o favoritismos”, sostuvo.

Finalmente, Gajardo fue enfático respecto a las responsabilidades por hechos anteriores a la ley: “El Ministerio Público debe investigar todos los hechos ilícitos que puedan haber ocurrido, y quienes resulten responsables deberán responder por sus actos. Esto también es fundamental para la credibilidad del sistema”.