La comisión revisora de la Cámara de Diputados retomó esta semana el análisis de la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema de Chile, Diego Simpertigue, a quien un grupo de parlamentarios oficialistas imputa un “notable abandono de deberes”.

El libelo, ingresado por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, consta de tres capítulos acusatorios. El primero, cuestiona su actuación en el litigio entre el consorcio bielorruso ­Belaz Movitec y Codelco por presunta falta de probidad, abstención e imparcialidad; el segundo, por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales; y el tercero, por su conducta en el caso Fundamenta.

Durante la sesión, expertos constitucionalistas invitados —entre ellos el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso— coincidieron en que, de confirmarse los hechos, la acusación sí tendría fundamento legal. En particular, destacaron que llama la atención que Simpertigue “no haya negado la existencia de un crucero” realizado con uno de los abogados de las causas en que falló, limitándose únicamente a reconocer que costeó el pasaje. Esa socialización, para los acusadores, pone en entredicho la imparcialidad e independencia requerida de un juez.

Diputados ingresan Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Foto: ATON.

Una situación que se enmarca en múltiples casos que han puesto en entredicho al sistema judicial chileno. “Hay que tomarle el peso al hecho de que esta es la cuarta acusación constitucional contra un alto magistrado de justicia en aproximadamente un año. Esto denota que la crisis judicial que experimentamos es probablemente la peor de la historia de la Corte Suprema, una institución que tiene doscientos años”, contextualizó Couso durante la primera edición de Radioanálisis. “Sólo en la dictadura de Ibáñez, allá por el año 1927, la Corte vivió una crisis de esa envergadura, aunque en este caso ha sido de factura propia. O sea, no fue como ocurrió entonces, con la dictadura de Ibáñez inaugurándose con la captura y la orden de detención de varios ministros de la Corte”.

“Lo que tiene de particular el caso de Simpertigue es que se le acusa de haber socializado estrechamente con el abogado de una de las partes en dos casos que vio, algo que él no ha negado. Lo único que ha planteado es que él se pagó los pasajes de uno de los cruceros, y ha guardado un riguroso silencio respecto del otro, más el hecho de que lo hizo en compañía de su señora y el abogado de una de las partes. Adicionalmente, en el segundo capítulo del texto, es acusado de no haberse inhabilitado como ministro visitador, que es un rol de evaluación, en algún sentido, de la Corte de Apelaciones, que designó a su hijastro como notario”, sintetizó el abogado sobre dos de las causas que hoy complican al magistrado.

Por todo eso es que Couso define lo sucedido como “una situación bastante grave, en el sentido de que el deber de imparcialidad, de la independencia respecto de las partes y sus abogados, es consustancial a la labor del juez desde tiempos inmemoriales”.

El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Foto: ATON.

“Atendida la conmoción pública que, insisto, genera el hecho de que llevemos más de un año con una crisis al interior del más alto tribunal de la República, me parece francamente impresionante que el juez no haya, primero, desmentido el hecho de que planificó y ejecutó estos dos cruceros con el abogado de una de las partes de un caso donde el juez tuvo un rol decisivo. Lo que hizo es un atentado, a la propia misión de quien ejerce jurisdicción. Tratemos de tomarle el peso a esto”, recalcó el académico de la UDP.

“A mi juicio, y de demostrarse la veracidad de ambos capítulos acusatorios de esta AC, se haría apropiada, lamentablemente, la destitución por parte del Congreso Nacional de un integrante activo de la Corte Suprema, porque es, a mi juicio, imposible que continúe en su labor jurisdiccional una persona que ha incurrido en estas faltas a la propia naturaleza de lo que implica ser juez“, sentenció en torno al posible resultado de esta acción.

Una crisis de fondo

Sin embargo, más allá de las aristas reveladas tras el destape del caso Hermosilla, el académico apuntó a la importancia de poner el foco en la necesidad de una reforma al sistema judicial.

“Es importante en este contexto poner en perspectiva la realidad de la judicatura chilena. Hay aproximadamente mil 500 jueces en todo el país y 21 integrantes de la Corte Suprema. Obviamente, del 99% de esos mil 500 jueces, no hay ningún motivo para dudar de su integridad y su probidad. Pero basta un 1% de mil 500 para que tengamos una situación que, obviamente, tiende un manto de duda sobre el accionar de todo el resto”, explicó Couso.

El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Foto: ATON.

Lo anterior, sumando que “el hecho de que últimamente esté radicado particularmente en los tribunales superiores causa un daño inmenso. No hay razones para dudar que la Corte está haciendo todo lo que puede para enfrentarse a una situación que no tiene precedentes, insisto, ya no en los últimos 35 años del retorno a la democracia, sino desde la propia existencia de la judicatura chilena hace más de 200 años. Por actos de integrantes al interior de la judicatura y de los altos tribunales, se genera esta crisis”.

“En este contexto, la Corte Suprema ha sido reiterativa en los últimos dos o tres años en que se necesita una reforma profunda a la forma en que son designados sus jueces”, indicó Couso. Y destacó: “El actual sistema ya no resiste más. Es uno que se ha prestado para la opacidad, el cabildeo, el tráfico de influencias”.

“Por otro lado, que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones se ocupen del nombramiento de notarios y conservadores sólo ha propiciado que se distraigan de sus funciones centrales: en el caso de la Suprema, como tribunal de casación; en el caso de las Cortes de Apelaciones, en lo que indica su nombre; y también en su rol crucial en el llamado recurso de protección y amparo”.

Asimismo, el experto cuestionó que le “ha sorprendido cómo no se ha hecho el nexo entre combate a la delincuencia y la necesidad de modernizar y de reformar al Poder Judicial”.

Sobre esto último, enfatizó que: “La forma que tenemos de identificar a los verdaderos delincuentes y criminales es mediante jueces. Si no abordamos la crisis del Poder Judicial con sentido de urgencia, probablemente uno de los elementos claves en el combate a la delincuencia no va a estar ahí, sin perjuicio de que, además, pueden producirse excesos o vulneraciones a derechos fundamentales en el combate a la criminalidad. Y la judicatura es la llamada a defendernos a todos y todas de los potenciales abusos que se tienen en este tipo de legítima búsqueda de seguridad interior”.