Ley que prohíbe celulares en salas de clases es aprobada por el Congreso: está lista para su promulgación

El Parlamento dio luz verde a la norma que restringe el uso de celulares en educación básica y media. El Mineduc valoró el avance y llamó a las familias a comprometerse. Los colegios deberán adecuar sus reglamentos antes de junio de 2026.

El Parlamento dio luz verde a la norma que restringe el uso de celulares en educación básica y media. El Mineduc valoró el avance y llamó a las familias a comprometerse. Los colegios deberán adecuar sus reglamentos antes de junio de 2026.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró este martes la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que regula y prohíbe el uso de celulares en las salas de clases. La iniciativa, que superó su tercer trámite legislativo con una amplia mayoría y sin votos en contra, ahora será remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley.

Cataldo calificó esta votación como “un paso muy significativo”, subrayando que el uso extendido de celulares en el aula “se ha convertido en un flagelo sin control, una de las principales pandemias que afectan hoy a niños, niñas y jóvenes” en Chile y en el mundo.

El ministro advirtió que las condiciones del país hacían urgente una regulación: Chile tiene altos niveles de conectividad, una gran cantidad de celulares por habitante y un sistema educativo con una de las coberturas más amplias de América Latina y el Caribe. En ese contexto, afirmó: “Era necesario comenzar un debate que impulse un cambio cultural a nivel nacional” sobre el uso de estas herramientas tecnológicas sin regulaciones adecuadas.

Niños y niñas con mochilas y maletas escolares entrando a un colegio junto a apoderados.

Estudiantes ingresan a su colegio acompañados por sus familias durante la jornada de entrada a clases. Foto: Aton.

El secretario de Estado insistió en que la efectividad de esta ley dependerá en gran medida del compromiso de las familias. Reconoció que, si este involucramiento no ocurre, el impacto será limitado y difícil de sostener en el tiempo. “Necesitamos que todos nos comprometamos a erradicar (…) el uso extensivo de los celulares cuando no existen regulaciones que garanticen un uso adecuado”, aseguró.

Desde el Congreso, distintas figuras valoraron la aprobación del proyecto. El diputado Diego Schalper (RN), autor de una de las mociones que dieron origen a la iniciativa, señaló que el uso indiscriminado de celulares “le hace mucho daño a nuestros niños”, tanto por los efectos de adicción como por el impacto directo en la concentración y el proceso pedagógico. Si bien reconoció que el proyecto se matizó en su aplicación para educación parvularia, básica y media, se declaró satisfecho con el avance porque “va en la dirección correcta, que es eliminar los celulares en las salas de clase”.

Por su parte, el diputado Héctor Barría (DC) también destacó positivamente la medida y afirmó que prohibir el uso de celulares en el aula es “una idea acertada”. A su juicio, la dependencia actual de estas tecnologías no ha sido enfrentada de la mejor forma y, si bien pueden transformarse en una herramienta educativa, su uso habitual entre estudiantes suele orientarse más al entretenimiento, la edición de videos o prácticas como el ciberacoso y el ciberbullying. Para el parlamentario, la educación debe volver a poner el foco en la pedagogía, el acceso a los libros y la promoción del deporte y la cultura durante los recreos.

Foto: Agencia Aton

Foto: Agencia Aton.

En la discusión en el Senado se introdujeron cambios relevantes, entre ellos la redefinición del concepto de “medios tecnológicos de telefonía móvil”, que fue reemplazado por “dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal”. Esta nueva categoría agrupa a los equipos que permiten realizar telecomunicaciones, acceder a internet para interactuar digitalmente y consultar contenidos o plataformas. Además, se decidió excluir a la educación parvularia de la prohibición, de manera que la normativa aplicará únicamente a los niveles de educación básica y media.

La ley comenzará a aplicarse desde el inicio del año escolar 2026. Los establecimientos tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos y ajustarlos a la nueva normativa. La fiscalización quedará en manos de la Superintendencia de Educación, que definirá los mecanismos y condiciones para garantizar el cumplimiento. Finalmente, el Ministerio de Educación deberá entregar una evaluación del impacto de la medida en 2030.





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