Estamos viviendo un tiempo desolador y preocupante en muchos sentidos. Una de sus expresiones es la injerencia por doquier del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se manifiesta crudamente en coyunturas simultáneas en distintas partes del mundo: desde el anuncio de cerrar el espacio aéreo de Venezuela, pasando por su intervención explícita en la elección presidencial de Honduras -donde además se expresa un doble estándar puesto que se indulta a Juan Orlando Hernández, condenado por la misma razón que se invoca para perseguir a Nicolás Maduro- hasta las presiones dirigidas al presidente israelí Isaac Herzog para indultar a Benjamin Netanyahu en causas de corrupción, tal como el anuncio, hace algunas semanas, de sanciones contra Brasil por haber condenado al expresidente Jair Bolsonaro. Cuatro hechos distintos que revelan una misma inspiración: la pretensión de un actor de situarse cotidianamente por encima de la legalidad internacional ante el llamativo silencio de los organismos multilaterales frente a estas trasgresiones.

Lo primero que se erosiona en este escenario es la soberanía, el principio más básico del orden internacional contemporáneo. Ningún país, por poderoso que sea, tiene la facultad de apropiarse de las competencias esenciales de otro: ni su espacio aéreo, ni sus procesos electorales, ni su independencia judicial. Cuando una potencia actúa como si esa frontera no existiera, mientras la comunidad global brilla por su ausencia, se empieza a instalar de facto el retorno a un orden internacional basado en el mero peso de la fuerza del más poderoso.

También se expresa de manera grosera, sin que a Trump parezca importarle, la incoherencia. El derecho internacional solo funciona y es legítimo cuando se aplica de manera uniforme; en cambio, cuando se transforma en un instrumento a conveniencia, como lo aplica Trump, pierde toda legitimidad. Los casos de Honduras y Venezuela, ambos en nuestro continente, revelan este doble estándar con toda nitidez: en un mismo fin de semana, un expresidente condenado por narcotráfico -Hernández- es indultado para incidir en la elección de ese país a conveniencia de Estados Unidos, mientras se invocan los supuestos vínculos con el narcotráfico de otro jefe de Estado -Maduro- para invadir Venezuela. No va este comentario en la línea de pretender defender a alguien, puesto que el deterioro democrático del país caribeño está largamente documentado, sino de mostrar que el peor de los escenarios posibles es el de dinamitar el orden internacional trabajosamente forjado después de las dos guerras mundiales, con su balance de alrededor de 100 millones de seres humanos muertos por la falta de límites.

En todo este cuadro, el silencio de los organismos multilaterales es quizá el aspecto más alarmante. Su función original era precisamente contener los excesos del poder, no legitimarlos con la invisibilidad. La debilidad o el cálculo político que hoy los paraliza abre la puerta a un orden global en que, ya se ve, la fuerza vale más que las normas y en que el derecho se vuelve una pieza más en el tablero, en vez de principios que nos rijan a todos. Esto va mucho más allá de la conducta de Trump, aunque es uno de los síntomas más preocupantes, puesto que refiere a la vigencia misma del sistema internacional que pretendía evitar que estos abusos se repitieran. Por todo lo anteriormente señalado, y más allá de las coyunturas internas exacerbadas en periodo electoral, el gobierno chileno ha hecho lo correcto al señalar posiciones y acciones de principios frente a las declaraciones del nuevo embajador estadounidense, como lo han corroborado transversalmente expertas y expertos en derecho internacional, incluyendo algunos que se declaran como opositores a la administración del Presidente Boric.