Frente a la advertencia de una acusación constitucional de la UDI, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la legalidad del decreto que autoriza la expropiación parcial del terreno ocupado por la megatoma de San Antonio. En declaraciones que buscan calmar el intenso debate político, Elizalde aseguró que el Gobierno actúa en el marco del Estado de derecho y que la expropiación es un mecanismo reconocido por la Constitución y las leyes.

La controversia se desató después de que el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, advirtiera que su partido no descarta presentar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Leal calificó la medida –que afecta más de 110 hectáreas en el Cerro Centinela– como “una ofensa al Estado de derecho” y un “incentivo perverso” que legalizaría la usurpación, argumentando que el Estado se estaría convirtiendo en “cómplice de un delito”.

Diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal. Foto: Aton.

Sin embargo, el ministro Elizalde rechazó de plano estas acusaciones. En sus declaraciones, fue enfático al señalar que no existe infracción legal alguna. “Nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta que va de la mano con la indemnización correspondiente”, afirmó la autoridad, subrayando el carácter indemnizatorio del proceso.

“Cuando hay alternativas que nos otorgan nuestro ordenamiento jurídico y el gobierno decide utilizar una de esas alternativas, una persona legítimamente puede tener una diferencia política, puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional. Nosotros estamos actuando en el marco del estado de derecho“, declaró el ministro Elizalde.

Uno de los argumentos centrales esgrimidos por Elizalde fue la comparación con el gobierno anterior. El ministro recordó que la administración del presidente Sebastián Piñera utilizó en más ocasiones la herramienta de la expropiación que el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Tanto es así que el gobierno anterior utilizó más la herramienta de la expropiación que el gobierno del presidente Boric”, señaló, insinuando que si el procedimiento actual fuese ilegal, entonces también lo habrían sido las acciones de la administración anterior.

Megatoma de San Antonio. Foto: Aton

Elizalde detalló que la expropiación es un proceso completamente regulado, con normas que establecen cómo se lleva adelante, cómo se determina el precio a pagar en caso de no haber acuerdo y cómo se realiza la indemnización a los propietarios. Frente a lo que calificó como “críticas fáciles”, el ministro puso el acento en la búsqueda de soluciones a lo que definió como un “desafío humanitario”. Explicó que el Gobierno intentó durante meses lograr un acuerdo mediante una mesa técnica para adquirir los terrenos y desarrollar un plan habitacional, pero al no conseguirlo, optó por la vía legal de la expropiación.

“Es fácil criticar pero distinto es buscar soluciones y hacer que esas soluciones sean efectivas. Y lo cierto es que tenemos un desafío humanitario”, afirmó el ministro, añadiendo que “como el acuerdo no fue posible, entonces el gobierno ha tomado la decisión de utilizar una herramienta que confiere nuestra Constitución”.

En tanto, el secretario de Estado hizo un llamado al debate democrático, reconociendo que en un país con libertad de expresión las decisiones de la autoridad pueden ser compartidas o no por la ciudadanía. Sin embargo, pidió no confundir el disenso político con una supuesta ilegalidad, que es el fundamento requerido para una acusación constitucional.