En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric recibió este miércoles el primer Informe Bienal del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Una iniciativa estatal creada en 2023 con el propósito de esclarecer el destino de víctimas de desaparición forzada, asegurar el acceso a información para sus familias e implementar acciones de reparación y garantías de no repetición.

El documento, el primero desde la puesta en marcha de la iniciativa, sistematiza los avances alcanzados en estos dos años y plantea los principales desafíos para fortalecer esta política pública inédita en Chile.

A la cita asistieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic; además de representantes del Comité de Seguimiento del Plan.

El Presidente Boric valoró el trabajo realizado y afirmó que gracias al informe pudo “constatar todas las acciones realizadas y la consolidación de esta política inédita para el Estado de Chile”.

Mesa de conversación sobre el informe Bienal del Plan Nacional de Búsqueda. Foto: Prensa Presidencia.

Añadió que entre los avances destacan “una nómina única de víctimas de desaparición forzada y un mapa georreferenciado de trayectorias; hemos realizado 157 diligencias en terreno, gran parte de ellas junto con las familias”. A eso se suma la creación del Archivo Nacional de la Memoria y la promulgación de la legislación que establece la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada.

Desde agosto de 2023, el Plan logró levantar una nómina oficial de mil 469 personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de cuerpo, consolidada por primera vez en un sitio estatal (plannacionaldebusqueda.cl).

Asimismo, se construyó un mapa georreferenciado público, alimentado por expedientes judiciales y archivos administrativos, que permite conocer las trayectorias de las víctimas, los lugares donde estuvieron detenidas y los puntos donde se pierde su rastro.

En ese contexto, el ministro Jaime Gajardo recalcó que la creación de esta política responde a una obligación histórica del Estado y que su creación marca un cambio en la forma en que el país asume su compromiso con las familias.

“El Plan Nacional de Búsqueda es un imperativo ético para nuestro país. Fueron agentes del Estado quienes hicieron desaparecer a miles de compatriotas, y es el Estado el que tiene la obligación de buscarlos y determinar sus paraderos”, afirmó.

Informe Bienal del Plan Nacional de Búsqueda. Foto: Prensa Presidencia.

Sobre la misma, el secretario de Estado subrayó el carácter colaborativo del proceso, con la participación de Sernageomin, el Ministerio de Obras Públicas, Vialidad, el Servicio Médico Legal y otras entidades. “Por primera vez existe un trabajo coordinado entre diversas instituciones públicas que ha permitido realizar 157 diligencias en lugares como Pisagua, ex Colonia Dignidad, Lonquén y Playa Ancha”, señaló.

Desde las agrupaciones de familiares, la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y del Comité de Seguimiento, Gaby Rivera, enfatizó que este proceso era una deuda histórica del Estado. “Agradecemos este avance, pero tenemos claro que fue el Estado de Chile el que hizo desaparecer a nuestros familiares; por lo tanto, es el Estado el que debe hacerse responsable de la búsqueda”, sostuvo.

“Vamos a seguir buscando hasta encontrarlos, porque la sociedad completa debe hacerse cargo de lo que significa la desaparición forzada en este país”, añadió.

El informe entregado al Presidente estará disponible para la ciudadanía y busca consolidar al Plan Nacional de Búsqueda como una política de Estado, con proyección permanente y con la participación activa de las organizaciones de derechos humanos.