Una investigación realizada por la PDI, en coordinación con el Ministerio Público y Gendarmería de Chile, logró la desarticulación de una red criminal. Se informó que estaba dedicada principalmente a permitir ingresos de personas no autorizadas e internación de elementos prohibidos a varios recintos penitenciarios, especialmente en el Penal Santiago 1.
“Operación Apocalipsis”. Así se denominó este masivo operativo que se desarrolló durante la madrugada de este martes en cárceles de siete regiones del país: Metropolitana, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins.
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, informa que de los gendarmes detenidos 40 contaban con orden de detención vigente y otros cuatro fueron sorprendidos cometiendo delitos flagrantes en Santiago 1. Pastén también detalló que se congelaron 183 cuentas bancarias, se incautaron 16 vehículos y $50 millones en efectivo.
“Han violado el juramento a la bandera y nos han traicionado… No los hemos perdido, porque ellos nos traicionaron. Por lo tanto, no representan una pérdida, sino que estamos apartando malos elementos, que son un estorbo, que no suman, contaminan el control que debemos mantener” comentó el director de Gendarmería, Rubén Pérez.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que el operativo se concretó luego que en marzo de 2023 se creará un foco penitenciario para investigar los fenómenos carcelarios. “No sólo aquellos que eran consecuencia de la actividad delictual de los internos, sino que también aquellos de los cuales los propios internos son víctimas, cuando son cometidos por funcionarios públicos, por funcionarios de Gendarmería”, dijo.
De este modo, se realizó una investigación junto con la PDI donde se emitieron 77 órdenes de detención, que se desglosó en 42 gendarmes y 35 civiles. Se indagan delitos como cohecho, tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, dijo que los flujos de dineros que circularon por las cuentas de los imputados superan los 6.300 millones de pesos, de los cuales al menos 3.150 millones de pesos provendrían de los cohechos y sobornos. Según publica Emol, el persecutor describió que la red criminal operaba mediante la “colusión” entre los gendarmes y los civiles para ingresar diversos artículos a los recintos penitenciarios.
Uno de estos mecanismos consistía en los que los funcionarios dejaban que los “manilleros” -civiles que portan elementos prohibidos- pasaran con las especies a los recintos penitenciarios a cambio de un soborno. Estos elementos son carnes, alcohol y otras sustancias. Incluso, esta forma habría sido utilizada para que 23 reos realizaran una fiesta, que incluyó asado y whisky, en el interior del penal de Santiago 1.
