El Presidente de la República, Gabriel Boric, destacó este martes el masivo operativo realizado durante la madrugada en distintos recintos penitenciarios del país, que permitió desarticular una red criminal vinculada a tráfico de drogas, cohecho, lavado de dinero, soborno y asociación ilícita, con participación de funcionarios de Gendarmería de Chile y civiles.

Antes de referirse a actividades de gobierno vinculadas a vivienda, el Mandatario subrayó la relevancia del procedimiento, señalando que se trató de una operación “de largo tiempo de preparación y coordinación” impulsada por su administración en conjunto con la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.

“Cuando la pega se hace bien, con gestión, sin atajos, con seriedad y cooperación conjunta, el combate al delito es efectivo”, afirmó Boric, quien valoró que el operativo se haya desarrollado “con inteligencia, sin violencia y con mano firme”.

El Presidente detalló que el procedimiento fue monitoreado durante la madrugada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, desde el cuartel general de la PDI, y que fue informado de su éxito a primera hora del día.

El Presidente Gabriel Boric encabeza la entrega de viviendas del proyecto, Comunidad Santa Olga, de Quilicura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“La existencia de esta red es de la mayor gravedad, pero la capacidad de reacción de nuestras instituciones es algo que como país nos debe enorgullecer”, sostuvo el Jefe de Estado, recalcando que fue la propia Gendarmería de Chile la que participó activamente en la investigación y detención de los funcionarios involucrados en hechos de corrupción.

“Donde hay un corrupto, hay muchos más honestos. Que quienes se tienten por estas redes sepan que los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y que las instituciones van a prevalecer”, enfatizó Boric, agradeciendo el trabajo conjunto de la PDI, el Ministerio Público, Carabineros, Gendarmería y las autoridades de gobierno.

El operativo, denominado “Operación Apocalipsis”, se desarrolló en cárceles de siete regiones del país y dejó un saldo de 77 órdenes de detención, correspondientes a 42 gendarmes y 35 civiles, además del congelamiento de 183 cuentas bancarias, la incautación de 16 vehículos y más de $50 millones en efectivo.

Según la investigación, la red criminal permitía el ingreso de personas no autorizadas y de elementos prohibidos a recintos penitenciarios, principalmente al penal Santiago 1, mediante sobornos. Las indagatorias apuntan a flujos de dinero que superarían los 6 mil 300 millones de pesos, en uno de los mayores casos de corrupción penitenciaria detectados en el país.