Desde Hacienda aseguraron que el entendimiento “pone en el centro la dignidad de la función pública”, mientras sindicatos que no firmaron advirtieron “retrocesos” en materia salarial y cuestionaron la viabilidad de los compromisos laborales en el Congreso.

Tras extensas negociaciones, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Mesa del Sector Público y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del Estado afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el marco de la discusión anual por el reajuste de remuneraciones del sector público.

El entendimiento, suscrito luego de reuniones con los ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, contempla un reajuste gradual de 3,4% de carácter general, además de un incremento de 5% para las remuneraciones mínimas y los bonos destinados a los trabajadores de menores ingresos. El acuerdo incorpora, además, un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la estabilidad laboral, el trabajo decente y la libertad sindical en la administración pública.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró positivamente el resultado de la negociación. “Hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste pone en el centro la dignidad de la función pública”, afirmó, destacando que con este entendimiento el Gobierno completa cuatro años consecutivos llegando a acuerdos con la Mesa del Sector Público, lo que —según señaló— contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y a dar gobernabilidad al país.

El ministro de Hacienda, Nicolas Grau, junto al ministro del Trabajo y Prevision Social, Giorgio Boccardo, representantes de la CUT y del sector publico, encabezan la firma del acuerdo de reajuste del sector publico.

En la misma línea, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, subrayó que el pacto alcanzado busca compatibilizar las demandas económicas con estándares laborales. “Es un acuerdo que intenta equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro, resguardar un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales”, indicó, valorando la disposición al diálogo mostrada por las organizaciones gremiales.

Valoraciones desde la CUT

Desde el mundo sindical, la CUT defendió el acuerdo, reconociendo que no satisface todas las expectativas, pero destacando sus avances estructurales. El secretario general de la central, Eric Campos, señaló en nuestro tradicional panel de conversación —que se emite de lunes a viernes en la primera edición de Radio Análisis— que “no es un acuerdo perfecto, como ninguno de los acuerdos que se logran, pero hay elementos que son relevantes de considerar”.

Campos destacó que, durante los cuatro años de negociación con el actual Gobierno, los salarios del sector público han registrado un alza acumulada significativa. “En estos cuatro años se ha ajustado el salario en un 23% nominal, lo que en términos reales alcanza cerca de un 10%”, precisó, agregando que este dato es clave para evaluar el proceso en su conjunto.

Asimismo, el dirigente sostuvo que el foco principal del acuerdo no está únicamente en el porcentaje del reajuste. “Lo más relevante de este acuerdo quizás no está puesto en el guarismo, que efectivamente es deficiente, sino en algunas cláusulas que van a ingresar en la ley miscelánea y que van a otorgar estabilidad a las y los trabajadores del sector público”, explicó.

En ese sentido, Campos destacó que el acuerdo busca enfrentar problemas arrastrados por dictámenes de la Contraloría, especialmente en materia de antigüedad, estabilidad en las contratas y libertad sindical. “Esta ley intenta resolver controversias, reponer el reconocimiento a la antigüedad y establecer que la no renovación de una contrata debe ser un acto fundado, no unilateral ni por razones políticas”, señaló.

Críticas y rechazo de otros gremios

Pese al acuerdo alcanzado con la CUT y parte de la Mesa del Sector Público, importantes organizaciones decidieron no suscribirlo. Entre ellas se encuentran la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la CONFUSAM y federaciones del área de la salud, que cuestionaron principalmente el impacto real del reajuste en el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, afirmó que “la propuesta que hizo el Gobierno no era aceptable” y calificó el entendimiento como “un acuerdo frágil”. “De los 16 gremios, seis no firmamos, y somos precisamente los que representamos a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras del sector público”, subrayó.

Presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar. Foto: Aton.

Aguilar criticó también la rebaja en los bonos respecto de años anteriores. “No solo no se ofreció más, sino que no se respetó el piso de lo que existía antes. Eso sienta un precedente muy negativo, porque implica retroceder en una negociación salarial y en derechos de los trabajadores”, sostuvo.

Respecto a la discusión que se dará la primera semana de enero en el Congreso Nacional, Aguilar expresó su preocupación por la viabilidad política de los compromisos laborales incluidos en el acuerdo.

“Las materias económicas que estaban presentándose ahí, algunas de ellas resultaban de interés, pero su viabilidad de aprobación en el Congreso era incierta. Por lo tanto, de ninguna manera compensaba, porque de alguna manera el Gobierno planteaba eso dentro de la mesa, que si bien no ofrecía algo económicamente adecuado, en materia laboral sí habían avances, pero son avances efectivamente que son inciertos en que puedan prosperar en el Congreso”, cuestionó el presidente del Colegio de Profesores.

Tramitación legislativa

Desde la oposición, parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI manifestaron preocupación por lo que califican como “amarres” en materia de dotación y cargos de confianza.

El subjefe de la bancada UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso, junto al diputado Jorge Alessandri, criticaron al Gobierno y al ministro Nicolás Grau por incorporar el principio de “confianza legítima” en el proyecto de reajuste del sector público.

El diputado de la UDI, Felipe Donoso.

Los parlamentarios apuntaron al punto 14 del protocolo suscrito entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público, que establece que la no renovación de contratas deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado y que funcionarios con al menos dos años de servicio podrán reclamar ante la Contraloría. A juicio de los diputados, esta norma “transgrede gravemente” lo resuelto por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema.

Desde la UDI recordaron que el ente fiscalizador determinó que estas controversias deben ser resueltas por tribunales de justicia, mientras que el máximo tribunal ha señalado que la “confianza legítima” no constituye un derecho adquirido. En ese contexto, acusaron al Gobierno de intentar “instalar por la vía legal un criterio ya resuelto” y de buscar “amarrar en el Estado” a funcionarios a contrata.

A su vez, desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum tildó como “inaceptable” la confianza legítima.

Punto de prensa del diputado Frank Sauerbaum (13/01/24). Sebastian Cisternas/Aton Chile.

“Nosotros no estamos en condiciones de aprobar una ley de reajuste que establezca una suerte de corralito respecto de los cargos, incluso de confianza, porque se hace alusión incluso a las personas que pertenecen al segundo piso y a los gabinetes de cada uno de los ministerios. Por lo tanto, esa va a ser una parte importante de la conversación con el gobierno actual pero también con el futuro gobierno”, sostuvo el diputado.

El acuerdo deberá traducirse en un proyecto de ley que será ingresado al Congreso Nacional, donde se anticipa una tramitación compleja.