En medio de la crisis política, diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela, la región ha concentrado su atención casi exclusivamente en los movimientos navales, en las amenazas de intervención y en las disputas geopolíticas entre grandes potencias. El despliegue que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado como la mayor flota naval jamás vista en Sudamérica ha dominado titulares y análisis, dejando en un segundo plano el aspecto más persistente y destructivo de cualquier conflicto, el impacto humanitario.

Mientras se discuten estrategias, sanciones y escenarios militares, millones de personas quedan atrapadas en una lógica de confrontación que rara vez considera sus consecuencias humanas.

Este patrón no es nuevo. En los conflictos contemporáneos, la dimensión humanitaria suele aparecer solo cuando las cifras de muertos o desplazados alcanzan niveles imposibles de ignorar. En el caso venezolano, la escalada de tensiones vuelve a instalar este riesgo. Aunque las amenazas de una intervención terrestre directa, insinuadas semanas atrás por Donald Trump, no se han materializado, esto no ha traído alivio ni estabilidad.

Manifestación en Venezuela de ciudadanos que apoyan el régimen de Nicolás Maduro. Foto: IG @nicolasmaduro.

Para el régimen de Nicolás Maduro, la presión sigue en aumento, mientras que para los más de 28 millones de personas en Venezuela la incertidumbre sigue marcando la vida cotidiana.

La estrategia de Estados Unidos se ha sostenido públicamente en la justificación de la guerra contra el narcotráfico. Bajo ese argumento se han ejecutado ataques contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe, operaciones que ya dejan más de un centenar de víctimas fatales y que han sido duramente cuestionadas tanto por la falta de pruebas concluyentes como por la ausencia de procesos judiciales transparentes.

A lo anterior, se suma el bloqueo y la confiscación de buques petroleros que transportan crudo venezolano, una señal clara de que Washington busca asfixiar económicamente al régimen chavista.

Sin embargo, más allá de si el objetivo es forzar un quiebre interno, provocar una disputa por el control del Palacio de Miraflores o preparar el terreno para una intervención directa, la experiencia histórica es clara, quienes terminan pagando el costo más alto son, en su mayoría, civiles.

Así ocurre hoy en decenas de conflictos activos alrededor del mundo. Según el Global Peace Index 2025, existen al menos 59 conflictos armados en los que participa uno o más Estados. Si se incluyen guerras civiles, insurgencias y violencia criminal organizada, la cifra supera los 110 conflictos, e incluso alcanza los 170 de acuerdo a organismos como la Academia de Guerra de Ginebra Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en ingles).

Gazatíes desplazados. Foto: X @UNRWA.

El principal indicador del impacto humano de estas guerras es el desplazamiento forzado, una crisis que solo en este año ha alcanzado niveles récord. Solo hasta a mediados de este año, se estima que más de 117 millones de personas han debido abandonar sus hogares producto de la violencia, la persecución y el colapso institucional.

El desplazamiento forzado no es solo una estadística, transforma economías locales, altera equilibrios demográficos y debilita la estabilidad política de regiones completas durante generaciones.

Quienes logran cruzar una frontera internacional adquieren, según el derecho internacional, la condición de refugiados bajo la Convención de 1951. Actualmente, el 87% personas desplazadas y refugiadas vive en países de ingresos bajos o medios, lo que evidencia una profunda asimetría en la distribución de la carga humanitaria global. La migración venezolana, una de las más grandes del mundo, se inscribe plenamente en esta lógica.

En las guerras modernas, el refugio ha dejado de ser una situación temporal. A diferencia de los conflictos del siglo XX, donde los desplazamientos solían concluir con un retorno relativamente rápido, los conflictos actuales son prolongados, fragmentados y de baja intensidad persistente. Incluso cuando los combates disminuyen, el vacío de poder suele derivar en nuevas formas de violencia que impiden el regreso de la población durante décadas. De esa manera, el refugiado se convierte en un residente permanente en países que no siempre están preparados para integrarlo.

En un eventual conflicto armado en Venezuela, el impacto humanitario y migratorio sería inmediato y sin precedentes para América Latina. Colombia, Perú, Brasil y Ecuador albergan a más de 7 millones de venezolanos. Una guerra transformaría una migración gradual en un éxodo masivo en cuestión de días, saturando un sistema que ya opera al límite.

Militares en Colchane, comuna fronteriza del norte de Chile. Foto: Aton.

Además, el estatus protegido de refugiado, que está adaptado en las legislaciones nacionales (Ley 20.430 en Chile), crearía un verdadero caos en términos jurídicos y operativos para los estados latinoamericanos que funcionan a penas para procesar los flujos migratorios.

En este contexto, las promesas de mano dura, expulsiones masivas o “invitaciones a irse” del presidente electo José Antonio Kast enfrentan obstáculos estructurales, legales y diplomáticos difíciles de superar. En Chile, de los más de 300 mil migrantes irregulares que han sido el foco de estas políticas, cerca de un 75% de ellos corresponden a migrantes venezolanos.

Chile no puede expulsar a una persona si el país de origen no acepta recibirla, y a fines de este año las relaciones diplomáticas con Venezuela siguen siendo mínimas por no decir inexistentes. Sin coordinación, las expulsiones quedan atrapadas en un limbo legal.

Incluso en el escenario de una caída del régimen chavista, un conflicto armado convertiría automáticamente a quienes huyen en refugiados bajo el derecho internacional y la legislación chilena, lo que impediría cualquier expulsión forzada. A esto se suma el colapso administrativo que provocaría una avalancha de solicitudes de asilo y los altos costos económicos de cada expulsión, que superan con creces la capacidad presupuestaria del Estado.

Finalmente, endurecer las fronteras sin una coordinación regional efectiva no detiene los flujos migratorios, sino que los vuelve más peligrosos y deshumanizados. La experiencia en pasos como Colchane o Chacalluta demuestra que cerrar fronteras solo genera crisis humanitarias visibles que terminan forzando correcciones políticas.

Sumado a todo lo anterior y a la experiencia internacional, si el régimen de Maduro cae el vacío de poder quedará en el centro de la disputa y con ello la inestabilidad también.

Frente al escenario que voy vive Venezuela y ante el futuro cercano que se avecina, pensar que cientos de miles de venezolanos aceptarían abandonar Chile voluntariamente para intentar reingresar por vías regulares, aparece como una ilusión desconectada de la realidad humanitaria del continente.