Ante la gravedad de los acontecimientos que han sacudido a Venezuela, culminando con la captura del líder Nicolás Maduro, los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España han unido sus voces en un enérgico comunicado conjunto. Reafirmando su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, estas naciones han manifestado su profunda preocupación y rechazo a la acción militar ejecutada por Estados Unidos.

El bloque iberoamericano ha sido categórico al señalar que las acciones militares unilaterales en territorio venezolano constituyen una “clara violación del derecho internacional”. En este sentido, los gobiernos firmantes subrayaron que se ha transgredido la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, advirtiendo que este tipo de proceder sienta un precedente “sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, poniendo en riesgo a la población civil.

El llamado a la paz y la no intervención

De manera unánime, los seis países reiteraron que la crisis en Venezuela debe ser resuelta exclusivamente por vías pacíficas. Instaron a que la solución provenga del diálogo y la negociación, respetando la voluntad soberana del pueblo venezolano y, enfáticamente, sin injerencias externas. Reafirmaron la convicción de que solo un proceso político “inclusivo”, liderado por los propios venezolanos, puede asegurar una salida democrática, sostenible y respetuosa de los derechos humanos.

En un mensaje dirigido a la región, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, basada en la no intervención y la solución pacífica de controversias. Hicieron un llamado a la unidad regional para enfrentar cualquier acción que amenace la estabilidad. Además, exhortaron al Secretario General de las Naciones Unidas a interponer sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones.

Finalmente, el comunicado expresó una marcada preocupación ante cualquier posible intento de control gubernamental o apropiación externa de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela. El bloque advirtió que cualquier acción de esta naturaleza sería “incompatible con el derecho internacional” y socavaría la estabilidad política, económica y social del continente.