La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco fue detenida por personal del OS7 de Carabineros, anoche, luego de que la Fiscalía Regional de Los Lagos tramitara una orden de aprehensión en su contra ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La detención se hizo efectiva tras un fallo del máximo tribunal, que el pasado viernes declaró admisible la querella de capítulos presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, habilitando a la Fiscalía para avanzar en diligencias, incluida la formalización y la eventual solicitud de prisión preventiva.

La aprehensión se concretó en el domicilio de la exjueza en Las Condes y fue encabezada por el fiscal Marcos Muñoz Becker.

Vivanco será formalizada durante la jornada de hoy por su responsabilidad en la denominada trama bielorrusa, por los delitos de cohecho y lavado de activos. Producto de la imputación, arriesga quedar en prisión preventiva, medida cautelar que solicitaría el Ministerio Público y querellantes.

Como han detallado los persecutores en las formalizaciones previas de esta causa, a Vivanco se le imputa por haber actuado coordinada con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos para favorecer al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec en litigios que tuvo con Codelco. Todo, en el marco de su rol como ministra de la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Según los investigadores, producto de dicho actuar los citados penalistas habrían pagado al menos $90 millones a la entonces magistrada, a través de su pareja Gonzalo Migueles.

En caso de quedar en prisión preventiva, Vivanco deberá ingresar a la Cárcel de San Miguel.

El escenario está lejos de ser el deseado por la abogada y su defensa, ya que apostaban a que la Fiscalía pidiera audiencia de formalización sin necesidad de ejecutar su detención. Por lo mismo, la tarde del viernes había formalizado su intención de declarar y, además, presentó un escrito para que el tribunal conociera que estaba disponible para presentarse ante el mismo.

La Corte Suprema, en tanto, enfatizó que esta etapa procesal no supone adelantar un juicio de fondo, y que la revisión de los hechos, la eventual participación de la imputada y la ponderación de las pruebas deberán resolverse durante la investigación penal y, eventualmente, en el juicio oral, resguardando las garantías del debido proceso.