He escrito durante años que en Chile la infancia pobre no es protegida: es administrada. Lo sostuve cuando investigué la institucionalización y sus mecanismos de disciplinamiento, lo reiteré al analizar el neoliberalismo aplicado a la niñez y lo confirmo hoy cuando un lactante muere en la Casa Nacional del Niño bajo la responsabilidad estatal (Desprotección de la infancia: Dominación, Biopolítica y Gobierno 2021; Perspectivas críticas de la salud mental infantil 2022; Tecnócratas de la infancia: Desprotección y neoliberalismo en Chile 2026).

Lo mismo ocurre cuando un adolescente queda parapléjico mientras debía ser cuidado. No son tragedias aisladas. Son hechos políticos que expresan las condiciones de dominación de la vida de los niños pobres e institucionalizados en Chile. En ambas situaciones, se exhibe la brutalidad con la que fueron sometidos sus cuerpos. Desarraigo familiar, trauma, muerte y una larga acumulación de intervenciones terapéuticas y presuntamente especializadas que, aun cuando no lo deseen, generan clínicamente daño.

La muerte de un lactante en una residencia de protección no es un accidente. Es la consecuencia directa de un sistema que aprendió a convivir con la farmacoterapia para bancarse el sufrimiento infantil. Cuando un niño muere bajo cuidado del Estado, lo que fracasa no es un programa o una institución: fracasa la promesa jurídica mínima de resguardar la vida. En esto consiste la pretensión de todo Estado: la seguridad de su población. Y cuando otro niño queda parapléjico, no estamos frente a una desgracia inevitable, sino a un entramado de violencia institucional, llena de negligencias, precariedad y falta de profesionalización. Prueba de ello son los múltiples y públicos informes elaborados por la Defensoría de la Niñez, los antecedentes sistemáticamente publicados por universidades, o las propias palabras del que escribe.

Mientras el sistema de protección infantil se ha profundizado en Chile, he insistido en una idea incómoda pero certera: el Estado no necesita matar físicamente a la niñez por medio del uso de las armas o el punitivismo, como de hecho lo hace con los adolescentes condenados en cárceles juveniles. No, el Estado y, en particular, el Servicio de Protección Especializada, los tribunales de familia, las organizaciones precarias y precarizadas con esta forma de gestión pública, matan por medio de sus procedimientos.

Ninguno de los niños fallecidos fue asesinado intencionalmente, pero ambos fueron expuestos a una cadena de omisiones, negligencias, informes jurídicos y psicosociales desatendidos, turnos mal pagados y responsabilidades diluidas. La violencia no fue espectacular; fue burocrática y angustiante. En una palabra, -si seguimos a Kafka-, los niños, niñas y adolescentes institucionalizados son objeto de una gestión kafkiana, laberíntica, burocrática. Por esto cuesta tanto nombrarla.

Protestas contra el Sename. Foto: ATON.

Previamente he señalado hasta el hartazgo que el sistema de protección no está diseñado para garantizar vidas dignas, sino para gestionar la pobreza infantil sin alterar el orden social. Estos casos lo confirman. El sistema funciona mientras los niños sobreviven; cuando no lo hacen, se activa el ritual denunciado por Kafka en la “Colonia Penitenciaria“: en lugar de una tortura física más, se activan sumarios, protocolos, investigaciones policiales, comunicados de prensa y un silencio gubernamental que se destaca por su impudicia. Mientras en redes sociales, el Servicio de Protección Especializada celebra con hipocresía su gestión en Instagram, el daño se archiva y se convierte en expediente de expertos y comisiones de alto nivel.

El lactante muerto en el principal dispositivo de protección especializada en Chile encarna la forma más brutal del abandono y negligencia organizada: un cuerpo que el Estado no fue capaz de cuidar. El lactante que no logró ser protegido por su precaria familia no encontró cuidado, protección ni profesionalismo en el dispositivo de mayor exigencia curricular del país. Aún cuando existe toda una microfísica de profesionales y técnicos encargados del cuerpo, el lactante ahogado en la piscina no gozó de la calidad de los cuidados que el Estado exige cumplir. Aún cuando el niño no alcanzó a cumplir los cuatro años de edad, aquí no hay retórica posible para banalizar el mal.

Por su parte, el niño que quedó parapléjico revela algo aún más perturbador: el sistema de desprotección no solo “deja morir”, también produce discapacidad y traumatización. La institucionalización no es tan solo, una fábrica industrial de adultos dañados, también es una intervención pobre o aporófoba. Costosa desde la perspectiva de gobierno, pero clasista e ineficaz desde su resultado. En suma, precaria y de mala calidad para niños sensibles al trauma (Rauld, 2021).

Permítanme recordarle a los tecnócratas de gobierno lo obvio: diferentes organizaciones de la sociedad civil, advirtieron que en la Residencia Casa Esperanza 1 de la Fundación Chilena Para la Discapacidad, en la que el adolescente fue apuñalado hasta devenir discapacitado, no tenía las mínimas condiciones de cuidado. Frente a esto último, los medios de prensa hegemónicos de la parrilla televisiva guardan desinterés y tienden a comprender a la niñez, bajo el riesgo de la seguridad pública. No se trata de defender a la niñez de la sociedad. En nuestro tiempo, se trata de defendernos de la niñez pobre, huacha y peligrosa. La infancia convertida en delincuente.

Ilustración de una niña triste. Foto: archivo Canva.

Permanentemente la publicidad impúdica del Servicio de Protección, sumado en coro a las organizaciones de la sociedad civil, repiten acríticamente que habrá mejoras, que se revisarán protocolos. Pero cuando un sistema necesita revisar protocolos cada vez que muere un niño, el problema no es técnico, es político. Cambiar nombres, crear nuevos servicios o ajustar manuales, no altera la estructura que permite que esto ocurra una y otra vez. Al lector, le sugiero desconfiar de mi opinión, y en cambio, revisar las macizas cifras de fallecimiento de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado estatal.

La protección especializada opera bajo una lógica neoliberal: los niños importan solo cuando son objeto de interés público y de subvención económica para las fundaciones que dependen del dinero del Estado. Así las cosas, algunos niños merecen cuidado, y otros, contención farmacológica hasta que el cuerpo o el cerebro colapsen. La infancia pobre es la única población cuya muerte puede explicarse sin que nadie renuncie. Curioso.

Hoy, el suplicio infantil no necesita golpes visibles. Basta con la exposición prolongada al abandono, la normalización del hacinamiento, la medicalización del sufrimiento y la tercerización del cuidado. El suplicio contemporáneo que sufren los niños está más allá del trauma del que cualquier técnico puede encargarse. Es silencioso, kafkiano y sin verdugos claros (Rauld, 2026).

Cada niño muerto o dañado bajo tutela estatal debería producir un quiebre político mayor. Pero no ocurre. Hemos aprendido a tolerar la muerte de ciertos niños como un daño colateral. En definitiva, niños y niñas que no son nuestros, simplemente son de otros. Y en tal sentido, una sociedad con una crisis gerontológica como la nuestra, no deberá llamarle la atención, el abandono de sus adultos mayores en hospitales o en sus propios hogares.  Recientemente conocimos el caso de la socióloga Doris Cooper. Nada de esto debería resultarnos ajeno. Una sociedad desarrollada también se mide por cómo cuida a sus niños.

Cada niño muerto, traumatizado o marcado por la custodia estatal, no es solo una víctima, también puede ser una víctima agresora y aumentar con ello, las estadísticas de gobierno, o la imprevisible acción jurídica del juez que tomó la decisión, por sí y ante sí, -quizás como diría Kafka ante La Ley-, de enviar a un niño a una residencia que tenía prohibición de ingresar nuevos infantes que no podían ser cuidados ni protegidos en sus derechos.

Juan Carlos Rauld. Trabajador social. Magíster en pensamiento contemporáneo en filosofía y pensamiento político del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales.