La Fiscalía Militar de Brasil solicitó formalmente este miércoles 4 de febrero al Tribunal Superior Militar (TSM) la expulsión de las Fuerzas Armadas del expresidente Jair Bolsonaro y otros cuatro altos mandos. La demanda se basa en la responsabilidad de los implicados en el intento de golpe de Estado de enero de 2022, alegando que su conducta los vuelve “indignos” para portar el uniforme y representar a las instituciones de defensa del país.
Al respecto, el Ministerio Público Militar sostuvo que las pruebas contra Bolsonaro y su círculo cercano son “incontestables”. Según el escrito presentado, los acusados habrían infringido al menos ocho preceptos éticos fundamentales de las Fuerzas Armadas. De prosperar la denuncia, Bolsonaro —quien ostenta el grado de capitán en la reserva— perdería definitivamente su estatus militar, convirtiéndose en el primer mandatario en ser expulsado de la institución por deshonrarla.
Además del expresidente, la solicitud alcanza a figuras clave de su administración, como los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro y el almirante Almir Garnier. La Fiscalía argumenta que el involucramiento de estos oficiales en planes para subvertir el orden democrático es incompatible con la permanencia en los cuadros de oficiales de la nación.
Una de las consecuencias más severas de esta eventual expulsión es el cambio en las condiciones de reclusión. Actualmente, al mantener su condición militar, los implicados podrían cumplir sus condenas —que en el caso de Bolsonaro alcanzan los 27 años— en prisiones especiales. Sin embargo, si pierden sus galones, serían trasladados a instalaciones penitenciarias comunes, perdiendo los privilegios y la protección que otorga el fuero militar.
El Tribunal Superior Militar comenzará a analizar estas alegaciones a lo largo de este año, en un proceso que será seguido de cerca por la opinión pública internacional. No obstante, la última palabra sobre el destino final de los acusados y la ratificación de las penas impuestas por la trama golpista quedará en manos del Tribunal Supremo Federal, el máximo órgano de justicia de Brasil.
