El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió desestimar la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público en contra de los principales imputados del denominado caso ProCultura. El tribunal estimó que los antecedentes aportados por la Fiscalía no resultaban suficientes para justificar la aplicación de la medida cautelar más gravosa, decretando en su lugar únicamente la prohibición de salir del país.
Al término de la cuarta jornada de formalización, el juez de garantía Patricio Álvarez determinó que el psiquiatra Alberto Larraín, principal imputado en la causa, quedara sujeto a arraigo nacional, al igual que María Constanza Gómez, exrepresentante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, directora de Estudios de la fundación; y Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional Metropolitano. En tanto, a un quinto formalizado, Gabriel Prado, pareja de Abusleme, se le había impuesto previamente la medida cautelar de arresto domiciliario total.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado querellante Pablo Toloza recordó que la investigación se ha extendido por dos años y medio y ha pasado por cinco fiscales, debido a la apertura de diversas aristas, lo que —a su juicio— refleja una complejidad atípica de la causa. En ese contexto, lamentó que al momento de resolver las medidas cautelares se hayan minimizado antecedentes relevantes, fragmentado hechos y rebajado estándares. Lo anterior, particularmente en lo referido a la condición de funcionario público atribuida a Larraín.
“Hay errores garrafales en el fallo. Por ejemplo, el juez habría determinado que no estaría clara la calidad de funcionario público del señor Larraín, lo que se sustenta en que él habría sido nombrado por el mismo señor Orrego en el cargo de director de la Corporación Territorial y de Turismo de la Región Metropolitana. Desde un punto administrativo tiene razón, pero desde el punto de vista penal, no” diferenció.
Asimismo, Toloza cuestionó el desarrollo de las audiencias de formalización al no haber sido transmitidas públicamente y haberse restringido el acceso de la ciudadanía a antecedentes contenidos en la carpeta investigativa. También criticó que no se transparentaron las solicitudes orientadas a evitar que el principal imputado utilizara esposas u otros elementos de identificación.
” (El defensor) hace una mención de que andar con chaleco amarillo sería prejuzgar una culpabilidad que no tienen porque estamos en una etapa previa, entonces el juez determina que durante la audiencia se le saque la chaqueta amarilla y que la use adentro (…) Es primera vez que ocurre esto. Yo creo que si el juez de garantía en este momento está en audiencia y quien esté frente a él esté con chaqueta amarilla por un delito cometido, podría reclamar porque está siendo discriminado” advirtió.
El abogado calificó como grave que, en el marco de un eventual fraude al fisco, el tribunal haya considerado ciertos desvíos de recursos como simples errores administrativos. Si bien las defensas lograron evitar la aplicación de la prisión preventiva, persiste —según señaló— una interrogante clave en el núcleo de la investigación: el destino de mil millones de pesos. De los mil 600 millones originalmente asignados por el Gobierno Regional Metropolitano, solo 600 millones habrían sido ejecutados y rendidos de forma adecuada.
Finalmente, Toloza indicó que están a la espera de que el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ponga en tabla la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, al considerar que el caso ProCultura no puede entenderse sin su eventual participación ni sin una investigación exhaustiva de los antecedentes existentes.
En lo inmediato, la parte querellante se encuentra preparando un recurso de apelación, insistiendo en que no se trata solo de un debate jurídico, sino de que los eventuales responsables enfrenten sus responsabilidades penales con penas efectivas de cárcel, planteamiento que podría ser compartido tanto por el Consejo de Defensa del Estado como por la Fiscalía.
