En nuevo revés para el Ministerio Público, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de forma unánime la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta, que buscaba desaforar al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Esta negativa se suma a la de la semana pasada, cuando se negó la prisión preventiva para Alberto Larraín y el resto de los imputados por fraude al fisco en esta investigación. 

La Fiscalía está indagando el destino de los $1.600 millones transferidos desde el Gobierno Metropolitano a la fundación ProCultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”. Del total del dinero transferido, más de $1.015 millones no habrían sido rendidos según acciones civiles impulsadas por la propia gobernación.  

En la audiencia, el persecutor Cristián Aguilar, defendió la petición de desafuero, descartó que el rechazo de la prisión preventiva para Larraín pudiera influir en este caso e insistió en que la relación de Orrego y el cofundador de Procultura fue crucial para concretar el convenio en cuestión. 

La Corte de Apelaciones de Santiago revisa la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“Esta solicitud la hacemos solo para pedir medidas cautelares al tribunal previa formalización de la investigación”, indicó el fiscal, quien además señaló que no se está atribuyendo culpa ni se está acusando a Orrego.

“¿Hemos entregado antecedentes suficientes? Nos parece que sí, tanto de la existencia del delito como de su participación. Entendemos que sí hay concierto, que sí hay dolo. ¿Entendemos que hubo perjuicio al Estado? Sí”, señaló Aguilar. 

Finalmente no se otorgó el desafuero y la decisión fue contundente. Conocida la información, el fiscal Aguilar apeló a la necesidad de conocer el detalle para que el Ministerio Público defina pasos a seguir. “No conocemos el contenido de la de la sentencia, por lo tanto, no podemos referirnos a los argumentos que tuvo la la Ilustrísima Corte para adoptar esa decisión (…) no podemos definir pasos a seguir por ahora”, indicó.

Fiscal Cristian Aguilar en el marco de la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Durante la audiencia, el abogado defensor del gobernador Orrego, Ciro Colombara, fue especialmente crítico con el trabajo de la Fiscalía de Antofagasta, defendió el convenio en cuestión y argumentó que la gobernación se querelló en contra de ProCultura. “La solicitud de desafuero es temeraria, contiene gravísimos errores desde el punto de vista jurídico y graves errores de derecho”, señaló.

En primera instancia, Colombara, calificó la decisión del tribunal como “satisfactoria”, aseguró que la decisión unánime demuestra que “aquí no ha habido conducta penalmente reprochable de ningún tipo. Nosotros sostenemos además, que no ha habido ni siquiera una infracción administrativa o de ninguna naturaleza”. 

El abogado insistió en que “Quédate” es un proyecto real y participativo, donde “se ha cautelado estrictamente el erario público. Incluso la Gobernación Regional presentó una querella en su minuto en contra de ProCultura por estos hechos y tenemos certeza de que esta decisión unánime viene a poner término a un feroz asedio en contra del gobernador Claudio Orrego, quien ha cumplido con su trabajo de manera impecable”. 

Ciro Colombara, abogado defensor del gobernador Claudio Orrego. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Consultado sobre si presentarían acciones legales en contra del Ministerio Público, Colombara señaló que sería decisión del gobernador Orrego, sin embargo reiteró sus críticas al trabajo de la Fiscalía. “En este caso concreto hubo un error gravísimo en la Fiscalía de Antofagasta al imputar una conducta inexistente al gobernador Claudio Orrego, al desprestigiarlo durante meses, hubo filtraciones interesadas parciales, hubo un intento de demolición de su imagen, pero siempre todas las decisiones judiciales nos dieron la razón”, dijo.

Como pasos a seguir, el abogado aseguró que esperan el sobreseimiento definitivo del gobernador metropolitano y que la investigación del caso ProCultura continúe.

La audiencia

Durante la audiencia, el persecutor, Cristián Aguilar, como parte de los argumentos que presentó al tribunal, cuestionó que “no son tan solo los $1.600 millones o los $1.000 millones que no fueron restituídos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época post pandemia, el año dos mil veintidós, a aquellas personas jóvenes, adultas, que tenían tendencia suicida (…) y resulta que esos dineros no llegaron”. 

“¿Y por qué no llegaron? Porque la fundación Procultura no respondió, ¿podría haber respondido? Tampoco, no tenía la experticia particular. El problema es que acá se afectó a la comunidad toda de la región metropolitana, a un sector de los más vulnerables, atendidas  las tendencias que se han manifestado y también eso debe ser considerado. No es tan solo la probidad administrativa o el patrimonio fiscal, sino que también es la comunidad toda que se vio afectada”, agregó el fiscal. 

La Corte de Apelaciones de Santiago revisa la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Por su parte, el abogado Ciro Colombara, argumentó que “el fuero no es un privilegio de impunidad, no pretendemos eso, sino que es un beneficio institucional destinado a proteger la autonomía de los órganos democráticos y asegurar la estabilidad de su funcionamiento, se pretende proteger la soberanía popular (…) por los tiempos de demora en las investigaciones penales, el desafuero para pedir prisión preventiva, como ya se nos ha señalado, equivale en la práctica a una destitución de facto, porque automáticamente después de 45 días el Consejo Regional designa un suplente”. 

En la parte final de su exposición, indicó que “el Ministerio Público, la Fiscalía Antofagasta, desconoce el trabajo del Gobierno Regional, lo plantea como una improvisación para defraudar al fisco, desconoce las normas legales aplicables a la transferencia de fondo, desconoce que se favoreció a más de 15 mil personas y más de 150 instituciones, desconoce que se cauteló el 100% de los recursos públicos mediante las pólizas de garantía y, por ende, no habrá perjuicio fiscal”. 

“Desconoce los controles, terminaciones y denuncia inmediata del Gobierno Regional. Desconoce que no hubo acuerdo criminal de ningún tipo. Desconoce que no se aplica la ley de compras públicas y desconoce que se aplica la transferencia de capital como mecanismo administrativo. Esto explica la cantidad de errores que tiene esta solicitud de desafuero, razón por la cual solicito que se rechace la solicitud de desafuero”, aseveró el abogado defensor de orrego.