En el marco de la rápida expansión de las hostilidades por toda la región, desencadenadas por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la subsecuente respuesta militar iraní, Amnistía Internacional emitió un urgente llamado a proteger a los civiles. La organización instó a todas las partes a cumplir con el derecho internacional humanitario, lo que implicaría poner fin a los ataques ilícitos, ya sean deliberados, indiscriminados o desproporcionados contra la población y la infraestructura civil.

Según el informe de la organización, las operaciones militares ya han provocado una significativa pérdida de vidas civiles y la destrucción de infraestructuras en la región. En las últimas horas, Israel intensificó sus ataques contra Líbano en respuesta a acciones de Hezbolá. Paralelamente, fuentes oficiales estadounidenses han advertido que «lo peor está por venir», mientras que Irán anticipa una mayor intensificación del conflicto tras el homicidio de su líder supremo, Alí Jameneí.

Agnès Callard, secretaria general de Amnistía Internacional, declaró que «la población civil no debería pagar el precio de los actos ilegales y temerarios de las partes en el conflicto». Callard subrayó que los habitantes de la región ya han soportado sucesivos ciclos de violencia y violaciones de derechos humanos, y advirtió que la falta de cumplimiento del derecho internacional «elevará el coste humano, ya devastador, y empujará a la región aún más hacia otra catástrofe humanitaria y de derechos humanos».

Ataques en Irán y su impacto en civiles

La organización documentó el impacto de los bombardeos dentro de Irán. De acuerdo a informes de la Media Luna Roja iraní del 3 de marzo, se ha registrado la muerte de 787 personas en el país desde el inicio de los ataques. Las autoridades iraníes detallaron que, de esa cifra, 165 personas fallecieron en la ciudad meridional de Minab, de las cuales 150 eran escolares, tras el bombardeo de una escuela.

Amnistía Internacional indicó que verificó seis vídeos del momento posterior al ataque en Minab, donde se observa humo negro saliendo del edificio parcialmente derrumbado mientras equipos de rescate buscaban víctimas entre los escombros. La ONU calificó este bombardeo como una «violación grave del derecho humanitario», y la UNESCO advirtió que estos ataques socavan las protecciones garantizadas por el derecho internacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado una investigación exhaustiva sobre el incidente.

Además, la organización señaló que al menos 10 centros médicos han resultado dañados por los ataques, según el presidente del Consejo Médico de Irán. A esto se suma que las autoridades iraníes decretaron un nuevo cierre del acceso a internet el 28 de febrero, lo que, según Amnistía, impide a millones de personas acceder a información esencial sobre el conflicto y restringe el flujo de datos sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

La organización también expresó su preocupación por la seguridad de la población penitenciaria en Irán, que incluye a miles de manifestantes y disidentes detenidos tras el levantamiento de enero de 2026. Amnistía instó a las autoridades iraníes a liberar a los detenidos arbitrarios y a garantizar la seguridad de los reclusos, ante el riesgo que supone la proximidad de los conflictos armados a los centros penitenciarios.

Respuesta iraní y afectación en la región

En respuesta a los ataques, las autoridades iraníes lanzaron misiles y drones contra Israel y varios países del Golfo, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait, Omán y Arabia Saudí. Según informes de prensa y declaraciones gubernamentales recogidas por Amnistía, estos ataques causaron víctimas y daños materiales.

En Abu Dabi, la interceptación de un dron iraní que se dirigía al Aeropuerto Internacional Zayed (AUH) provocó la caída de restos que causaron una muerte y siete heridos. Qatar y Arabia Saudí afirmaron que sus instalaciones petroleras fueron blanco de ataques, lo que llevó al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo a condenar los «ataques indiscriminados y temerarios con misiles y drones».

En Israel, al menos 10 personas fallecieron y decenas resultaron heridas. Nueve de las víctimas mortales se registraron en Beit Shemesh por el impacto de un misil balístico, mientras que una mujer murió en el área de Tel Aviv por la caída de metralla. Los ataques también dañaron al menos 40 edificios en Tel Aviv.

Situación en Palestina y Líbano

El comunicado de Amnistía también abordó las repercusiones del conflicto en otros territorios. En el Territorio Palestino Ocupado, Israel endureció las restricciones a la libertad de circulación, bloqueando de facto los desplazamientos en Cisjordania y cerrando los pasos fronterizos de Kerem Shalom/Karem Abu Salem y Rafá, lo que impidió el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Aunque el paso de Kerem Shalom fue reabierto el 3 de marzo, la organización advirtió que estas medidas agravan el sufrimiento de la población palestina bajo ocupación y profundizan la crisis humanitaria en Gaza.

En cuanto a la escalada entre Hezbolá e Israel en Líbano, Amnistía reportó que las fuerzas israelíes intensificaron sus ataques tras los cohetes lanzados por Hezbolá en represalia por la muerte de Jameneí. Hasta el 3 de marzo, los ataques aéreos israelíes habían causado al menos 40 muertos y 246 heridos en Líbano. Una nueva orden de «evacuación» masiva emitida por Israel desplazó nuevamente a cientos de miles de civiles, generando pánico y bloqueos en las carreteras.

Llamado final a la comunidad internacional

Frente a este panorama, Amnistía Internacional hizo un llamado a la comunidad internacional para intensificar los esfuerzos diplomáticos y evitar una mayor escalada militar. La organización recordó que los Estados tienen la obligación de abstenerse de conductas que puedan originar nuevas violaciones al derecho internacional y deben cooperar para poner fin a los actos ilícitos.

«La escalada de la crisis en Oriente Medio plantea una grave amenaza para el multilateralismo y para la integridad del orden jurídico internacional», concluyó Agnès Callard.