La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados respaldó un acuerdo para manifestar un reproche por la sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a tres funcionarios del Estado de Chile, en el contexto del proyecto de cable submarino Chile-China Express.
La decisión se adoptó luego de recibir al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz (uno de los afectados con la sanción de EE.UU.), y al canciller Alberto van Klaveren. Ambos participaron en la sesión para referirse al estado de avance del proyecto y a la revocación de las visas.
El documento, que se encuentra en elaboración, busca expresar una queja contra la sanción, la cual se estimó arbitraria.
La petición para respaldar el reproche la realizó el diputado Raúl Soto (PS), quien manifestó, al igual que la mayoría de los legisladores, su solidaridad con el secretario de Estado. “Es una sanción injusta y unilateral de EE.UU., de carácter personal, por una decisión de Estado de Chile”, expresó, en referencia al proyecto de cable submarino que se encuentra en evaluación.
En la sesión, el ministro Muñoz explicó la importancia estratégica de los cables submarinos, señalando que son trascendentales para la transferencia de datos de manera robusta y eficiente. Asimismo, indicó que la estrategia de distintos gobiernos ha sido convertir a Chile en un Hub digital.
Sobre la posibilidad de tener un cable submarino con China, que conecte Hong Kong y Concón, comentó que, por el momento, no existe conexión directa entre América del Sur y Asia.
También informó que el proyecto es una solicitud de un consorcio de empresas chinas, presentada el 26 de noviembre. Esta debía contar con 13 permisos sectoriales, de los cuales el primero correspondía a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Se realizaron observaciones técnicas el 19 de diciembre y el 8 de enero llegó la respuesta de la empresa.
Muñoz agregó que, a fines de enero, se firmó el decreto de la Subtel, pero faltaba la toma de razón de la Contraloría. Sin embargo, fue advertido por un funcionario de la embajada de EE.UU. sobre un riesgo para la seguridad de ese país y de Chile, aludiendo a evidencia de ciberataques de China, principalmente a empresas de telecomunicaciones.
Además, señaló que se informó al Presidente Gabriel Boric, tras lo cual se decidió dejar sin efecto el decreto e instruir a organismos del Estado recopilar antecedentes sobre una posible afectación a la seguridad nacional.
Posteriormente, el 2 de febrero, recibió la visita del embajador de EE.UU. y la llamada de un subsecretario de ese país, quienes reiteraron el riesgo para la seguridad en caso de continuar con el proyecto. Muñoz respondió que el proyecto estaba en evaluación y que Chile es un país soberano con institucionalidad funcionando.
Tras esas conversaciones, recibió dos correos de la embajada de EE.UU. informando la revocación de su visa diplomática.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, recordó que el proyecto surgió en 2016 con un memorándum de entendimiento firmado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Explicó que el proyecto original contemplaba una conexión entre Shanghái y Chile, pero luego se concretó con Australia, debido a objeciones planteadas por Estados Unidos durante el primer gobierno de Donald Trump.
Agregó que los cables submarinos forman parte de una disputa global por infraestructura crítica y que la política de Chile ha sido mantenerse al margen del conflicto entre sus dos principales socios. No obstante, reconoció que el contexto actual dificulta eludir esa disputa.
Alertó que Chile no cuenta con una institucionalidad adecuada para evaluar inversiones estratégicas ni con mecanismos modernos para calificar riesgos en seguridad nacional. “No hay una normativa moderna en inteligencia”, expresó.
Van Klaveren sostuvo que las reservas de otros países respecto de infraestructura crítica pueden ser válidas cuando se vinculan a seguridad o competencia comercial, y consideró positivo que el proyecto continúe en evaluación, dada su complejidad.
