A raíz del proyecto de ley, introducida por políticos/as de derecha, que busca soltar hasta 12.000 reos, por razones de edad avanzada, enfermedades terminales o crónicas y discapacidad, aprobado en el Senado por un voto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, dijo que era un “día negro para la democracia”. Posteriormente, también señaló en prensa que este proyecto, en su forma actual, permitiría que femicidas notorios – como Julio Pérez Silva, condenado por haber atacado, violado y asesinado a 14 mujeres jóvenes en Alto Hospicio, o Juan Domingo Salvo Zúñiga, condenado por haber matado a Antonia Cabrera Gómez y sus tres hijos – fueran elegibles para beneficios carcelarios como el arresto domiciliario. Psicópatas y chacales, libres, en las calles, tal vez en tus calles, sólo porque son “pobres tatas”.

A la vez, recordamos que la motivación detrás de este proyecto de ley no son esos tatas, sino un tipo de tata bien particular y espeluznante: el abuelito de Punta Peuco. Así infames agentes del terror, como Miguel Krassnoff (80 años, condenado a más de 1000 años) o Raúl Iturriaga Neumann (88 años, condenado a más de 500 años), buscarían, al final, salir libres después de múltiples intentos, tanto legales como no tanto (porque recordemos bien, hubo huidas de la justicia, declaraciones de estar en rebeldía, vocerías de familiares pinochetistas, etc.). Al igual que los femicidios, aquí también entra el factor género; estos dos “tatas” han sido condenados por brutales torturas contra mujeres. Entre sus miles de crímenes, Krassnoff fue condenado por asesinar a Mónica Pacheco, que estaba embarazada de tres meses y quemada con agua y aceite hirviendo. A la vez, en noviembre 2020 el juez Mario Carroza aplicó una perspectiva de género al condenar a Iturriaga Neumann y otros agentes a ser autores de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual en contra de múltiples mujeres presas políticas en Venda Sexy. Esta es la calaña de personas que este proyecto de ley busca liberar.

Chile es un país permeado por la impunidad. Este proyecto de ley es sólo la última manifestación de este flagelo. Está siempre presente, rondando nuestros espacios, moldeando nuestra cotidianeidad: ex presas que se topan con sus torturadores en la calle (o en un ascensor, como el caso de la ahora fallecida madre de la ex Presidenta Bachelet); denuncias de violencia sexual cuestionadas, no investigadas o sobreseídas; castigos varios para las valientes que ponen la cara y ponen el cuerpo, mientras los perpetradores siguen sus vidas sin consecuencia alguna. Por algo no hace tanto bailábamos y gritábamos en las calles del Estallido ese himno feminista de LasTesis: “El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación.”

Pero a casi 7 años de esas fechas, en vez de haber avanzado, más bien nos hemos ido retrocediendo, y no sólo en Chile. Ha habido una erosión grave y progresiva en cuanto los derechos y la lucha contra la violencia basada en género durante la última década a nivel global. Lo que antes se concebía como un lento y dificultoso avance en cuanto los derechos de mujeres, niños/as y diversidades sexogenéricas, se fue derrumbando. Hoy en día enfrentamos un bombardeo casi incesante de información sobre cómo la misoginia, la violencia sexual, y la impunidad se están potenciando: los expedientes de Epstein y las miles de niñas y adolescentes violadas por hombres poderosos; los cientos de hombres descubiertos en chats masivos en Alemania, Suecia, y Francia (incluyendo el caso de Gisele Pelicot) que drogaban sus mujeres e invitaban hombres a violarlas en sus casas; las mujeres y niñas violadas en contextos de guerra, crímenes de lesa humanidad e inmensa crueldad, en Palestina, en Sudan, en el Congo (¡en este último país UNICEF estima que sólo en el año 2025 hubo más de 35.000 casos de violencia sexual contra infancias!)

A pocos días del arribo de José Antonio Kast a la Moneda, que ha hablado pública y reiteradamente en contra del feminismo y a favor de la dictadura (sobre el mismo Krassnoff, dijo públicamente, “no creo todas las cosas que se dicen de él”), para muchas de nosotras, este 8 de marzo tiene un sabor amargo. Como historiadora feminista es imposible que no; esto me afecta, me enrabia, me entristece. El peso de la impunidad y las violencias generizadas y sexualidades a veces parece demasiado enorme; una injusticia tan insoportable que nos asfixia, nos golpea, nos deja paralizadas. Pero no tenemos el lujo de no hacer nada; como feministas ahora no es el momento para quedarnos de brazos cruzados, ni tomar palco. Nos vemos en la calle.