A horas del cambio de mando presidencial, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, abordó el futuro del Plan Nacional de Búsqueda y advirtió que su continuidad debe estar garantizada por el Estado, independientemente de la administración que asuma. Además, expresó preocupación por iniciativas legislativas que podrían favorecer la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile sostuvo que la continuidad de políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda no puede depender de la voluntad política de una administración en particular, ya que responde a compromisos internacionales asumidos por el país.

“Cualquier gobierno que asuma en nuestro país tiene que tener en cuenta el marco de derechos humanos que lo rige y los tratados internacionales en los que Chile está suscrito. Las obligaciones de derechos humanos no son del gobierno de turno, son del Estado de Chile”, afirmó.

El representante de Amnistía Internacional explicó que el plan surge como una respuesta institucional para avanzar en el esclarecimiento del destino de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

“El Plan Nacional de Búsqueda es una iniciativa del Estado de Chile que se estableció a los 50 años del golpe de Estado, después de que habían existido algunas medidas y políticas en décadas anteriores, pero que eran insuficientes frente a una obligación tan importante como esclarecer la verdad de lo ocurrido con las personas hechas desaparecer por agentes del Estado”, señaló.

La iniciativa contempla mayores recursos, participación de familiares de las víctimas y coordinación con el Poder Judicial y los ministros en visita que investigan causas de violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto, Bustos destacó que actualmente existe una discusión legislativa para institucionalizar el plan mediante una ley, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo. «Cabe preguntarse quién se podría oponer a que en Chile haya una política institucional, transversal e independiente del gobierno de turno para seguir buscando a quienes fueron hechos desaparecer por un régimen dictatorial”, cuestionó.

El ministro en visita por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, encabeza diligencias de ubicación de restos de detenidos desaparecidos en la localidad de Pisagua, Región de Tarapacá, enmarcadas en el Plan Nacional de Búsqueda.
Foto: Poder Judicial.

Asimismo, manifestó preocupación por el rechazo y las abstenciones que generó el proyecto en su reciente votación en la Cámara de Diputadas y Diputados. “Llama la atención que, incluso después de tantos años y con políticos de generaciones nuevas, haya quienes se opongan a una iniciativa tan básica, tan de mínimo civilizatorio, como es el Plan Nacional de Búsqueda”, agregó.

Conmutación de penas para personas mayores privadas de libertad

Bustos también abordó el debate en torno al proyecto de ley que busca conmutar penas para personas mayores privadas de libertad, iniciativa que podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplen su condena en el ex penal Punta Peuco.

“Hemos seguido la tramitación de este proyecto con mucha preocupación, incluso con asombro, por la forma en que se ha intentado impulsar esta iniciativa”, afirmó.

Punta Peuco 2020. Foto: Aton.

Cuestionó particularmente el origen del proyecto y advirtió que su eventual aprobación podría contravenir obligaciones internacionales del Estado chileno. En esa línea, también criticó que la iniciativa se justifique en razones humanitarias mientras —según indicó— existen otros problemas estructurales en el sistema penitenciario que no reciben la misma atención.

“La humanidad no puede ser selectiva. En Chile hay condiciones carcelarias paupérrimas y proyectos que llevan años sin avanzar para mejorar la situación de mujeres embarazadas privadas de libertad o de personas con discapacidad en prisión”, planteó.

En tanto, el director de Amnistía Internacional se refirió a las expectativas de la organización frente a la próxima administración, señalando que mantendrán una actitud vigilante respecto de las políticas públicas que se implementen.