Abogado de familia de Jaime Guzmán espera pronta extradición de Apablaza: "Esperamos que hoy ya esté firmado" 

Pablo Toloza señaló que el presidente argentino Javier Milei debe resolver próximamente si ejecuta la extradición del exfrentista. Además, cuestionó el proyecto de conmutación de penas por eventuales vacíos que podrían generar impunidad.

Pablo Toloza señaló que el presidente argentino Javier Milei debe resolver próximamente si ejecuta la extradición del exfrentista. Además, cuestionó el proyecto de conmutación de penas por eventuales vacíos que podrían generar impunidad.

A la espera de la decisión del gobierno argentino sobre la extradición de Galvarino Apablaza a Chile, el abogado de la familia del senador Jaime Guzmán, Pablo Toloza, afirmó que esperan que el proceso se concrete en los próximos días y alertó que el traslado podría activarse una vez que el presidente Javier Milei firme la resolución correspondiente. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile Toloza explicó que el sistema argentino contempla una doble etapa para concretar una extradición: “A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en Argentina primero interviene el Poder Judicial, que ya otorgó lugar a la solicitud del Estado de Chile para la extradición de Galvarino Apablaza, pero existe un segundo paso que es que el presidente de la República o el Ejecutivo tiene la facultad de señalar si va a ejecutar o no esa extradición”.

Según detalló Toloza, el procedimiento se reactivó luego de que la justicia argentina confirmara la revocación del estatus de refugiado que Apablaza había obtenido en ese país, lo que había mantenido suspendida la extradición durante años.

En ese contexto, indicó que actualmente existe una discrepancia administrativa respecto de cuándo comenzó a correr el plazo legal para que el mandatario argentino se pronuncie. “Esta notificación fue el día 20, sin perjuicio de que la Cancillería argentina señala que los antecedentes les llegaron el día 23, por lo tanto, la discusión es si el plazo vence el lunes o el jueves”, explicó.

Pese a ello, el abogado sostuvo que esperan que la decisión se adopte en el corto plazo para iniciar el procedimiento de traslado a Chile. “Nosotros esperamos que el día de hoy ya esté firmado eso y se pueda dar inicio al proceso de extradición”, afirmó.

Toloza expuso que el traslado no es inmediato, ya que requiere coordinaciones entre las policías de ambos países y organismos internacionales. “La extradición no es un proceso tan rápido como uno podría creer. El juez debe informar a Interpol Argentina, está a su vez a Interpol Chile, y luego se hacen las coordinaciones entre las policías y las autoridades aeronáuticas”, explicó.

Situación judicial de Apablaza en Chile

El abogado también aclaró que Apablaza nunca ha sido condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, debido a que abandonó el país antes de que se dictara sentencia. 

Por esa razón, si llega a Chile deberá enfrentar el proceso judicial pendiente, que actualmente se tramita bajo el antiguo sistema procesal penal.

La causa está en manos de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien instruye las investigaciones vinculadas al caso.

Críticas a proyecto de conmutación de penas

Toloza también se refirió al proyecto de ley que propone permitir que condenados dejen la cárcel mediante la suspensión de la pena o su sustitución por reclusión domiciliaria total en casos de enfermedad mental, patologías graves, discapacidad, estado físico incompatible con la prisión o edad avanzada. La iniciativa ha generado debate, ya que de aprobarse podría beneficiar a internos condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplan con estas condiciones.

Si bien manifestó compartir el principio general de la iniciativa, fue crítico respecto de su redacción: «Yo puedo entender el espíritu del proyecto y estar de acuerdo con el principio de que justicia no es venganza, pero tampoco puede ser impunidad”.

A su juicio, el texto presenta errores técnicos importantes, entre ellos, la falta de precisión respecto de los delitos que podrían acceder al beneficio y la definición de las condiciones médicas que permitirían optar a la medida. “El proyecto habla de enfermedades crónicas y no de enfermedades terminales. Creo que ahí hay un mundo de diferencia”, sostuvo.

Asimismo, planteó que la certificación médica debería estar a cargo de un organismo independiente.“No puede ser un médico de cabecera quien certifique esto. Tiene que haber una certificación por parte de una institución independiente, como el Servicio Médico Legal”, concluyó.





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