Han asumido un nuevo gobierno y un nuevo congreso nacional. En este momento político e histórico, venimos de un pasado inmediato con un evidente deterioro en el nivel del debate, donde han solido prevalecer las descalificaciones y las verdades a medias, más que las posiciones fundamentadas. Esto, además de los factores de la política chilena que lo explican, es parte, lamentablemente, de un ciclo mundial donde las odiosidades son amplificadas en las cada vez más temibles redes sociales. Por poner un ejemplo, hace pocas horas, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una nueva herramienta destinada a monitorizar los discursos de odio, afirmando que “las redes sociales se han convertido en un arma de polarización masiva”.
En este contexto, nos preguntamos si las fuerzas políticas chilenas en general comprenden que la restitución de un clima mínimo de diálogo es una condición básica para la gobernabilidad democrática. No se trata de borrar las diferencias -que son constitutivas de la política- ni de diluir los antagonismos sociales, sino de poder canalizarlos a través de las instituciones y del debate democrático. Esto, por cierto, sin deslegitimar el derecho a la manifestación. Cuando en una democracia se debilita la capacidad de canalizar los conflictos, además de deteriorarse la convivencia política, también lo hace la imagen de eficacia del Estado para enfrentar los problemas del país.
La evidencia muestra que Chile vive un momento de fuerte percepción de polarización. Según una encuesta de la consultora Black & White publicada a fines de 2024, el 91 % de los chilenos cree que el país está muy o bastante polarizado, y cerca de siete de cada diez consideran que esa división ha aumentado desde el estallido social de 2019. Es decir, las dinámicas del estallido social no se esfumaron, sino que perviven en forma de polarización. Estas mismas mediciones señalan que la gran mayoría de la población rechaza este estado de la política, pero aquello no logra revertir las inercias imperantes.
Esa desconfianza ya se expresa con fuerza en los datos de opinión pública. Las encuestas del Centro de Estudios Públicos muestran niveles extremadamente bajos de confianza en las instituciones políticas: los partidos apenas alcanzan entre 3 % y 4 % de confianza ciudadana, y el Congreso se mueve en torno al 8 %. En ese contexto, la construcción de acuerdos visibles y sustantivos cumple la función crucial de que la política demuestre su capacidad de resolver los anhelos de la ciudadanía y que las instituciones siguen siendo el lugar donde los conflictos colectivos se pueden resolver.
Además, los desafíos que enfrenta hoy Chile -seguridad pública, crecimiento económico, crisis ambiental, migración o reformas sociales pendientes- son problemas estructurales que difícilmente pueden resolverse mediante mayorías estrechas o decisiones unilaterales. O por la mera acción de un breve gobierno de cuatro años sin reelección. Requieren acuerdos amplios, continuidad de políticas públicas de gobierno a gobierno, aún a pesar de sus diferencias, y cooperación entre poderes del Estado. Como han señalado distintos analistas de políticas públicas, la capacidad estatal depende no solo de las instituciones formales, sino también de la posibilidad de construir corrientes consensuadas y mayoritarias que permitan sostener decisiones en el tiempo.
Así, reconstruir un clima de diálogo no parece ser un intento a contracorriente del estado de ánimo en boga de la sociedad, sino más bien una forma de reconectar la dinámica política con una disposición mayoritaria que parece dispuesta a aceptar los conflictos, pero que éstos se puedan procesar con voluntad de acuerdos.
