La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, removió a Vladimir Padrino López, histórico ministro de Defensa y uno de los pilares fundamentales del régimen durante más de una década. Con esta decisión, ya suman nueve los cambios en el gabinete ejecutivo, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre, las presiones externas y una evidente reconfiguración del poder político en el país petrolero.

El mismo miércoles 18 de marzo, Rodríguez anunció una batería de modificaciones en distintas carteras estratégicas del Estado. Entre ellas, la remoción del ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, y la designación del magistrado Carlos Alexis Castillo en su reemplazo. Sumado a cambios en el Ministerio del Transporte, donde Jacqueline Faría reemplaza a Aníbal Coronado, y en Educación Universitaria, que ahora queda en manos de la profesora Ana María Sanjuán.

Además, destaca la incorporación del exfiscal general Tarek William Saab como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela. Se trata, en conjunto, de un rediseño amplio del aparato estatal, que da cuenta de una estrategia deliberada para reorganizar el gobierno bajo nuevas condiciones políticas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Aton/Europa Press

El cambio en la estructura de defensa venezolana

Si bien son varias las modificaciones, es el cambio en el Ministerio de la Defensa el que concentra la mayor atención, la salida de Padrino López representa mucho más que un ajuste administrativo, simboliza el fin de una era dentro del chavismo.

En su lugar, fue designado Gustavo González López, un militar con una trayectoria profundamente ligada a los servicios de inteligencia y seguridad del Estado. Su perfil dista significativamente del de su antecesor y anticipa un giro en la forma en que se ejercerá el control sobre las Fuerzas Armadas.

González López no es una figura cualquiera dentro del entramado chavista. Su carrera ha estado marcada por su paso al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en dos períodos distintos, además de su rol como ministro del Interior y su reciente posición como jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Su ascenso responde a una lógica distinta, no es un articulador político ni un garante de cohesión institucional, sino un operador de inteligencia, acostumbrado a trabajar en escenarios de control, vigilancia y represión.

Su historial está rodeado de controversias, en 2020, una misión independiente de Naciones Unidas concluyó que existían motivos razonables para creer que González López tuvo conocimiento y participación en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y violencia contra opositores. Estas acusaciones derivaron en sanciones internacionales, lo que convierte su nombramiento en una señal clara sobre las prioridades del nuevo gobierno, asegurar el control interno en un momento de extrema fragilidad política.

Foto oficial de la designación de Gustavo González López como nuevo ministro de defensa de Venezuela. Vía X@delcyrodriguezv.

Apenas tres días después del operativo que terminó con el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, González López ya estaba siendo ubicado en posiciones estratégicas dentro del aparato de seguridad, consolidando rápidamente su influencia en el nuevo esquema de poder que encabeza Delcy Rodríguez.

Diez días después de la captura del mandatario venezolano, sostuvo una reunión en Caracas con el director de la CIA, un hecho que habría sido impensable en la etapa anterior del chavismo, la imagen de ese encuentro se ha transformado en un símbolo del giro político que atraviesa el país.

Aunque no hay confirmación oficial, el Wall Street Journal asegura que la CIA reclutó a personas del círculo cercano de Maduro, de allí la hipótesis de que González López habría colaborado con la inteligencia estadounidense para facilitar la captura del presidente, alimentado las teorías sobre una fractura interna y traición dentro de la élite chavista.

Una nueva era del chavismo

En este escenario, la salida de Padrino López adquiere una dimensión aún más profunda. Durante casi 12 años fue mucho más que un ministro de Defensa, desde su nombramiento en 2014, se convirtió en el principal garante de la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, en consecuencia, en uno de los pilares de la estabilidad del régimen. Su rol fue clave para sostener la lealtad del alto mando militar en momentos de alta tensión política y social.

Vladimir Padrino López. Foto: Prensa Miraflores.

Fue, además, uno de los arquitectos de la doctrina de la unión cívico-militar, una estrategia que permitió al chavismo consolidar el control del Estado mediante la integración de las Fuerzas Armadas en la vida política y económica del país. Esta doctrina fue fundamental para enfrentar episodios críticos, como los intentos de quiebre institucional en el de 2019 o las protestas a raíz del fraude electoral.

Padrino López jugó un rol central como articulador entre las distintas facciones del poder militar y como garante de un orden interno basado en la disciplina y la lealtad. Su remoción, por tanto, no solo implica la salida de una figura histórica, sino la ruptura de un modelo de conducción militar.

El ahora exministro era, en muchos sentidos, un “gran mediador”, capaz de equilibrar intereses dentro de una estructura compleja, compuesta por miles de oficiales y más de dos mil generales. Su autoridad combinaba elementos institucionales, carismáticos y tradicionales.

González López, en cambio, representa otra lógica, su llegada al ministerio de defensa no apunta a liderar a las Fuerzas Armadas en el sentido clásico, sino a supervisarlas, vigilarlas y eventualmente reordenarlas. Es el paso de un modelo de cohesión a uno de control, donde la contrainteligencia se convierte en el eje central del mando militar, lo que abre la puerta a una reestructuración profunda del alto mando y a posibles purgas dentro de la institución.

Diosdado Cabello, ministro del Interior, Paz y Justicia de Venezuela en su uniforme militar. Vía X@dcabellor

En paralelo, lo que se observa no es el fin del chavismo, sino su transformación. Lejos de desaparecer, el movimiento parece estar adaptándose a un nuevo contexto político, marcado por la intervención estadounidense y la necesidad de sobrevivir en condiciones adversas, esta adaptación implica decisiones que, hasta hace pocos años, habrían sido impensables.

Entre ellas, el abandono del discurso antiimperialista, la apertura de sectores estratégicos al capital privado y extranjero, y la construcción de nuevas alianzas internacionales. Es un giro que sacrifica los pilares ideológicos, por la supervivencia de la cúpula política. La llegada de un civil al Ministerio de Energía Eléctrica y las reformas para abrir el sector de hidrocarburos son señales claras de este giro.

En este nuevo escenario, la figura de Diosdado Cabello adquiere una relevancia particular, que se mantiene como uno de los actores más influyentes dentro del sistema. Desde su posición como ministro de Relaciones Interiores y vicepresidente del PSUV, continúa ejerciendo un poder significativo, tanto en las estructuras formales como en las redes informales del chavismo.

Lejos de confrontar el giro hacia Estados Unidos, ha optado por una estrategia pragmática, manteniendo su influencia y asegurando espacios de poder para su entorno. La designación de figuras cercanas en posiciones clave, incluyendo al propio González López, refuerza su rol como articulador del nuevo equilibrio interno.

Así, mientras Delcy Rodríguez lidera la reorganización del Estado y negocia en el plano internacional, Cabello actúa como garante de la cohesión del núcleo duro del chavismo. Es, en muchos sentidos, la pieza que asegura que el cambio no derive en una ruptura total, sino en una transformación controlada.

Venezuela entra así en una fase donde las decisiones que se tomen en el corto plazo tendrán consecuencias de largo alcance. Con un mandato limitado y bajo la presión de actores internos y externos, Delcy Rodríguez enfrenta el desafío de sostener el control político, reordenar las instituciones y definir el rumbo de un país profundamente marcado por la crisis.